En los dos meses que han transcurrido luego del 28 de julio, hechos como la clandestinidad de la líder opositora María Corina Machado, la desaparición y detención de políticos, el exilio forzado del excandidato Edmundo González, la anulación de pasaportes y la desaparición de firmas dentro de medios de comunicación son efecto del creciente amedrentamiento
Caracas. La escalada “sin precedentes” en la represión y persecución política en Venezuela, que alertó recientemente la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), parece no bajar de nivel a dos meses de las elecciones presidenciales que derivaron en la más reciente crisis del país.
Aunque Venezuela vive desde la llegada del chavismo, hace 25 años, una crispada situación política con picos de conflictividad social, expertos dentro y fuera de Venezuela coinciden en que la actual es la persecución política más dura y frontal contra la disidencia.
De acuerdo con ONU, el Estado venezolano “reactivó e intensificó la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión” tras los cuestionados resultados electorales del 28 de julio, que dan como ganador a Nicolás Maduro, pese a la denuncia de fraude de la oposición, que ha mostrado pruebas de la victoria de Edmundo González Urrutia.
Especialistas e instancias internacionales como la misión de ONU sostienen que la actuación del Estado al reprimir, perseguir, desaparecer, detener y amedrentar a los políticos opositores y activistas sociales es parte de “un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición”.
Las particularidades
El coordinador legal de Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, explicó a Crónica.Uno que las particularidades de esta crisis postelectoral que la hacen distinta a momentos como los vividos en 2014, 2017 o 2019 son, entre otras, las detenciones masivas, el sometimiento a desapariciones forzadas y la acusación generalizada de terrorismo.
“En esta oportunidad se aplicó el delito de terrorismo a todos los detenidos, absolutamente a todos, incluidos adolescentes en la represión del 2019 y en la del 2017 excepcionalmente se aplicaron delitos de terrorismo. En estos periodos se usó más el Código Penal con el delito de obstrucción de vía pública, daño a propiedad pública, asociación para delinquir, obstrucción en el trabajo y otros delitos”, aseguró.
Además, Provea documentó que a partir del 29 de julio “hubo una situación de desaparición forzada masiva en los cuales los familiares y los abogados no tuvieron conocimiento de los detenidos por varios días”.
No hubo ninguna autoridad que informara en qué lugar se encontraban las personas detenidas, porque no se permitió a los detenidos hacer alguna llamada telefónica para comunicarse con sus familiares e indicarles en qué lugar se encontraban detenidos, y porque no se permitió a los detenidos poder entrevistarse con algún abogado privado”, explicó.
Alvarado indicó que justo el impedimento en el ejercicio del derecho a la defensa caracteriza esta escalada de persecución y represión. Además, las audiencias celebradas en estos casos no individualizaron las presuntas responsabilidades de cada detenido por los delitos que les imputaron.
Agregó que las audiencias practicadas de forma telemática llevó a que ocurrieran “perversiones”. Citó como ejemplo que muchos de los más de 100 adolescentes detenidos “fueron presentados en audiencias de adultos porque no hubo ningún esfuerzo de individualizar ni siquiera la edad de los detenidos, mucho menos menos el grado de participación en en los delitos que se le imputan”.
Riesgos en aumento
El Centro para Defensores y Justicia (CDJ) contó 134 ataques e incidentes de seguridad durante agosto y alertó sobre el aumento en los riesgos para líderes sociales y defensores de derechos humanos.
El informe de esta ONG explica que los ataques computados “evidencian un incremento de las agresiones en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos”. De acuerdo con este conteo, se trata del segundo mes con mayor cantidad de ataques registrados.
En cuanto a la caracterización de los ataques, la organización explicó que durante agosto ocurrieron 56 hechos de intimidación y hostigamiento, 47 de estigmatización, 19 amenazas, cinco detenciones arbitrarias, cuatro judicializaciones y otros tres que aún no han especificados.
“Preocupa al CDJ el aumento de actos de intimidación y hostigamiento en el mes de agosto. El Estado emplea distintas medidas tendientes a controlar, criminalizar y neutralizar la defensa de los derechos humanos bajo un clima de miedo tendiente al retraimiento de las acciones por parte de las organizaciones por temor a represalias”, acotó la organización.
Dos meses después
Aunque la campaña electoral transcurrió con tensa calma y hubo detenciones puntuales, la escalada de represión se hizo visible en el país a partir del 29 de julio, un día después de los comicios electorales, fecha desde la que el Foro Penal ha contabilizado 1692 privados de libertad en este contexto, incluidos más de 100 menores de edad, 60 de ellos aún tras las rejas.
En los dos meses transcurridos tras los comicios, tanto las organizaciones políticas como civiles han mantenido activa la denuncia de amedrentamiento y persecución contra sus activistas. Mientras, dirigentes del chavismo como Diosdado Cabello, ahora ministro de Interior y Justicia, amenazan abiertamente.
En mensajes televisados, este funcionario considerado el número dos del chavismo, advierte constantemente de la activación de operativos policiales para buscar a quienes forman parte de presuntos planes contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Hechos como la clandestinidad que debió asumir la líder opositora María Corina Machado, así como otros dirigentes, la desaparición y detención de políticos como Freddy Superlano, Perkins Rocha y Biagio Pillieri, el exilio forzado de periodistas y del propio excandidato opositor Edmundo González Urrutia, la anulación de pasaportes y la desaparición de firmas dentro de los principales medios de comunicación digitales son efectos palpables de la persecución.
Estos acontecimientos derivaron en una avalancha de opiniones y llamados desde instancias internacionales. Estas abogan puntualmente por el cese de la persecución. Igualmente por la presentación por parte del Poder Electoral de las actas que demostrarían el triunfo de Maduro y que, pese a las múltiples exigencias, dentro y fuera de Venezuela, aún no han sido publicadas.
A dos meses de las elecciones, desde la oposición, María Corina Machado insiste en que Edmundo González ganó y es quien será juramentado el próximo 10 de enero, mientras que en el chavismo intentan implantar la normalidad en el país con acciones como el adelanto de la Navidad a partir de octubre.
Entretanto, estas son algunas de las acciones que se han promovido desde el exterior:
- El Centro Carter y el Panel de Expertos de ONU se pronunciaron en torno a las elecciones dijeron que el proceso no cumplió estándares internacionales. Cuestionaron la transparencia de estas por hechos ocurridos antes, durante y después de los comicios.
- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) indicó que la investigación sobre Venezuela en esta instancia se mantiene “activa y en curso” y que analizan denuncias tras las elecciones.
- La Misión de Determinación de Hechos de la ONU acusó al gobierno de Maduro de escalar la represión y cometer el crimen de lesa humanidad de “persecución por motivaciones políticas”.
- El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a otros 16 funcionarios chavistas tras las elecciones.
- La Justicia de Argentina emitió una orden de captura contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, a quienes acusa de cometer delitos de lesa humanidad.
- Gustavo Petro, presidente de Colombia, aseguró que ni el país cafetalero ni Brasil reconocerían el triunfo de Maduro hasta que se presenten las actas.
- 31 países exigieron transparencia electoral y respeto a los DD. HH. en Venezuela en medio de la Asamblea de la ONU, a través de una declaración conjunta.
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