Wuilian Mendoza, un guardaparques de 36 años de edad, siente pánico al oír la palabra “bombona”. Mirar las cicatrices en su cara, brazos y piernas lo hacen revivir el accidente que sufrió cuando un cilindro de gas doméstico explotó en su casa ubicada en el sector El Cabojate de Los Teques, estado Miranda.
El día de la tragedia, que ocurrió en noviembre de 2021, prendió la cocina para prepararse algo de comer. En segundos, una chispa provocó la explosión que le dejó quemaduras de segundo y tercer grado en casi el 50 % de su cuerpo. Un técnico de Pdvsa Gas le diría semanas después, durante una visita a su hogar, que la bombona tenía una fuga. A Wuilian lo llevaron de inmediato al hospital más cercano: el Victorino Santaella, aunque ahí no había un servicio especializado para tratarlo. Permaneció internado 15 días en una sala de urgencias sin ventilación.
Las quemaduras de segundo grado en más de 25 % de la superficie corporal en una persona adulta ameritan ser atendidas en una unidad de quemados o unidad de caumatología, según advierte la clasificación de la Asociación Estadounidense de Quemaduras (ABA por sus siglas en inglés). En Venezuela, sin embargo, existe una falla estructural de estos servicios.
Estas carencias persisten aun cuando en el país las quemaduras son consideradas un problema de salud pública. Fuentes consultadas por Crónica.Uno explican que esto se debe, en parte, al gran porcentaje de viviendas improvisadas construidas sin medidas de seguridad en el manejo de instalaciones eléctricas y del gas; y a que por tratarse de un país petrolero, predomina la manipulación de químicos procesados a altas temperaturas.
En un monitoreo realizado entre el 7 y el 22 de febrero pasado, Crónica.Uno identificó 11 hospitales en el país que señalan tener unidades de caumatología, cuatro ubicados en Caracas y otros siete en el interior del país. Trabajadores de estos centros reportan que su operatividad se ha visto afectada por falta de camas, de personal e insumos. Los especialistas consultados advierten que, de las 11, solo una unidad ubicada en el Zulia funciona realmente como un servicio especializado.
Ante la ausencia de información actualizada sobre cuántas camas hay en Venezuela para la atención del paciente quemado, el último dato oficial disponible revela un déficit de entre el 86,5 % y el 92,2 % a las recomendaciones que han hecho los expertos. Familiares de los heridos advierten que obtener un cupo en las unidades de caumatología es un desafío, sin contar el traslado en caso de que el paciente no viva en una región del país que cuente con una unidad de quemados. A esto se suma que deben costear los materiales y medicinas esenciales para el tratamiento, que escasean en los hospitales.
Aunque el Estado ha prometido remodelaciones y ampliaciones de estos servicios para los quemados, muchos proyectos no se han concretado. Otra realidad desalentadora es la carencia de equipos que permita aplicar técnicas innovadoras para la cirugía plástica reconstructiva, que mejoren la calidad de vida de quienes han sufrido estas heridas.
La debilidad del sistema público de salud en esta área resurge como una preocupación frente a un incremento de las explosiones por cilindros de gas dentro de las viviendas en el país. Así lo reveló la investigación Quemados de Crónica.Uno, que analizó los anuarios de Mortalidad entre 1996 y 2016: en los primeros siete años de la serie, las muertes por esa causa representaron 45,9 % del total, pero el porcentaje saltó a 76,7 % en la etapa comprendida entre 2010 y 2016.
La investigación también contabilizó que desde 2019 hasta el 15 de mayo de 2022 hubo al menos 148 heridos y 40 fallecidos producto de accidentes con cilindros, en un contexto de denuncias sobre falta de mantenimiento y reemplazo de bombonas, y en el que la distribución de cilindros se asignó a organizaciones comunitarias y partidistas, que han manifestado su temor por no haber recibido la capacitación adecuada.
Crónica.Uno intentó obtener datos oficiales sobre las condiciones de las unidades de caumatología en el país, por lo que el 5 de febrero pasado realizó peticiones de información pública al despacho del entonces ministro de Salud, Carlos Alvarado y a la oficina del viceministro Armando Marin. Tras el nombramiento de Magaly Gutiérrez Viña como ministra de esa cartera, se le hizo llegar una nueva carta. A la fecha de esta publicación no se ha obtenido respuesta.
