En 2019 hubo un cambio del patrón de persecución política por parte del Estado que tenía como objetivo a los dirigentes de proyección nacional, ahora los dirigentes comunitarios y líderes de base son los nuevos blancos en el accionar represivo.
Caracas. La llegada de 2019 trajo consigo un cambio en el panorama político nacional y la reactivación de la protesta política de calle, además de un cambio en la forma de persecución política por parte del Gobierno a la dirigencia de oposición. Ya no se trata de un Estado que solo persigue a dirigentes opositores de gran proyección, ahora la mira también está en otros: los dirigentes de base y líderes comunitarios.
El 21 de enero quizás sea recordado como el día en que al menos 40 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se sublevaron para luego atrincherarse en Cotiza, barrio de Caracas que fue escenario de manifestaciones desde la mañana hasta la tarde en apoyo a los uniformados. Sin embargo, también fue el primero de cuatro días en los que se registraron protestas nocturnas en la capital.
Zonas de Caracas que no habían visto manifestaciones contra el Gobierno se movilizaron en las noches del 21 al 24 de enero para exigir la salida de Nicolás Maduro del poder, hecho que tuvo como consecuencia el despliegue de las FAES, grupo de acciones especiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), para tratar de apagar los focos de manifestaciones.
El 24 de enero la represión tocó la puerta de José Rangel, líder comunitario de El Junquito y secretario general del partido Acción Democrática para esa zona. Mientras cenaba junto con su esposa, su hija y su yerno, aproximadamente 40 miembros de la GNB tocaron la puerta de su casa y preguntaban por él.
Al ingresar a su residencia, los uniformados –que portaban armas de guerra– apuntaron a sus familiares y robaron pertenencias, como computadoras y celulares, antes de llevarse a golpes a Rangel.
Uno de sus abogados, Jesús González, señala que lo ocurrido es un claro acto de persecución no solo por la forma en la que se realizó, sino por la irregularidades que rodean el caso que, hasta el momento en el que se redactó esta nota, mantiene al militante del partido blanco detenido en la Comandancia General de la GNB en El Junquito.
“La noche del 24 de enero, cerca de las 6:30 p. m., se registró una protesta en el kilómetro 16 de El Junquito, una manifestación en la que yo pude ver marcas de cauchos quemados en el piso, una obstaculización de la vía”, comenta el abogado quien explica que de ahí en adelante comienzan las irregularidades en el caso.
Una denuncia anónima, reflejada en el acta de la GNB, señaló que no solo se llevaba a cabo una protesta, sino que además se produjeron saqueos a los negocios y que se estaba incendiando una casa comunal. El mismo denunciante señaló específicamente a Rangel como responsable de esos hechos, y afirmó que el dirigente adeco estaba repartiendo gasolina en el kilómetro 16 y que se encontraba “con algo parecido a una escopeta”. No parece casual la mención de Rangel, pues el abogado añade que el acta policial lo señala a él y a los demás manifestantes “como una banda criminal” y que el denunciante anónimo dijo que “eran azotes de la zona”.
A ellos les hacen una revisión corporal completa al detenerlos. Dicen que estaban quemando y saqueando, pero no les encontraron gasolina ni ningún tipo de material que los vinculara con ese hecho. Lo que encontraron fueron dos escopetas y un chaleco antibalas que le sembraron al vecino de Rangel, al señor Edinson Lamón, a quien también sacaron de su casa de la misma forma, a golpe limpio después de las 10:00 de la noche, no como refleja el acta que dice que ocurrió a las 7:00 p. m.”, cuenta González.
El jurista señala que han podido ver solo una vez a Rangel desde su detención: el 26 de enero en la audiencia de presentación, cuando se pudo percatar de que tenía un hematoma en el costado del cuerpo. “Rangel tiene 59 años y fue golpeado brutalmente. Cuando lo llevaron al médico forense para asegurarse de que él estuviera bien al momento de la captura, no determinaron nada porque no se hicieron los exámenes”, dijo el abogado.
En Catia las “visitas” también las hacen los colectivos
La incursión en la residencia del dirigente adeco no fue la única. Cinco días después se registró un hecho bastante similar en el hogar del dirigente del partido Nueva Visión País (Nuvipa), Julio César Reyes.
Estando en su casa, ubicada en la carretera vieja Caracas-La Guaira, Reyes se encontraba en compañía de su esposa y sus tres hijos cuando 10 motos con parrilleros llegaron al lugar y comenzaron a patear su puerta.
Los uniformados de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) entraron a la casa y sin importarles la presencia de menores de edad, y sin orden de allanamiento, revisaron las habitaciones y apuntaron a Reyes al rostro con un arma larga para luego retirarse del lugar.
“Lógicamente hay miedo entre los dirigentes en Catia, pero tomamos las medidas preventivas y andamos con cautela. El tema es que hacer política en Catia es literalmente poner en riesgo tu vida, es que te maten, te secuestren o amenacen a tus familiares”, dijo el dirigente de Nuvipa sobre el suceso.
Reyes agregó que, a su juicio, lo que generó la “visita” de las FAES no fueron las protestas que se registraron en la Caracas-La Guaira del 21 al 24 enero en la noche, sino la realización de un cabildo abierto el 21 de enero en horas de la tarde en Catia.
“Todo lo que me pasó fue a raíz del cabildo abierto, todo lo que pasó en mi casa y en la de Tamara Vivas”, dijo.
El mismo día en el que se hizo el cabildo, decenas de personas identificadas como colectivos de Catia se apersonaron en el conjunto residencial de la dirigente de Voluntad Popular Tamara Vivas. Llegaron buscándola por “alborotar Catia”.
“Eso pasó el 21 de enero luego del cabildo, se molestaron por la iniciativa de una actividad masiva en Catia. Vinieron a mi casa gritando mi nombre y diciendo que iban a tomar acciones contra los que hicieron el cabildo”, explicó.
Vivas añadió que los colectivos derribaron las rejas del conjunto residencial en el que ella vive junto con su madre y que al acceder tuvo que contar con el apoyo de los vecinos para resguardarse.
Al entrar al conjunto urbanístico ya es como si entraran a tu apartamento. Los vecinos nos sacaron, sacaron a mi mamá. Inclusive algunos vecinos chavistas nos resguardaron de los colectivos”, narró.
Fue solo cuando un grupo de vecinos respondió ante la incursión que algunos efectivos de la PNB llegaron al lugar y “mediaron” para que los colectivos se retiraran, aunque no reaccionaron mientras estos lanzaban piedras y botellas contra los edificios.
“Los vecinos levantamos las rejas y colocaron cadenas y electricidad para que no se metieran, aún así se pusieron a lanzar piedras”, dijo la activista que denunció lo ocurrido ante la Fiscalía y que aún esperan respuesta.
El Sebin también hace “entrevistas”
El incidente más reciente de persecución contra la dirigencia de base ocurrió el 11 de febrero en la noche, cuando José “Goyo” Cáribas regresaba a su casa en compañía de otros dos dirigentes de Un Nuevo Tiempo. Justo antes de arribar a La Pastora, un grupo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) los detuvo y los trasladó hasta la sede del organismo en El Helicoide con el pretexto de hacerles “una entrevista”.
Luego de un interrogatorio en el que les preguntaron sobre la ayuda humanitaria y cómo ingresaría al país, y de qué se trataba la amnistía exactamente, les informaron que la detención fue por una denuncia de que transportaban explosivos.
“Ellos dijeron que había una denuncia que en el vehículo que andábamos había C4. Nos dijeron que si no teníamos nada, no iba a haber ningún tipo de problemas. Ellos hicieron la inspección, yo no la pude ver, pero cuando llegué a mi vehículo se notaba que lo habían revisado exhaustivamente. Eso quedó en el acta de las preguntas que nos hicieron firmar”, dijo.
Cáribas dijo temer por la posibilidad de que le sembraran evidencia, pero reconoció que el procedimiento fue “transparente” en el sentido de que no encontraron nada, los dejaron irse y el vehículo fue devuelto.
Creo que lo que pasó es parte del amedrentamiento. No te voy a decir que eso no surte su efecto, hay dirigentes que bajan la guardia y a cada quien le entra miedo, pero yo, por ejemplo, tengo 20 años en esta lucha. Claro que uno piensa en su familia, en sus hijos y su vaina”, reconoció el también exconcejal de Caracas.
“Goyo” es el director del Frente Amplio capítulo Caracas y dijo que este tipo de actos son cada vez más frecuentes con los dirigentes de base, por lo que se debate sobre qué hacer al respecto. Reconoce que lamentablemente no es mucho lo que pueda hacer dado que los procedimientos varían en cuanto a los motivos, el momento en el que ocurren y la severidad de las acciones.
“Lo que está ocurriendo con los dirigentes de base es algo que hemos debatido y de lo que estamos pendientes. Tratamos de estar atentos, pero uno no sabe dónde lo detienen. Hay gente que la buscan en su casa, hay otras que no la han detenido”, dijo.
El militante de la tolda azul asegura que lo que ocurre tiene un motivo y es el efecto del dirigente opositor dentro de las comunidades, la posibilidad de que este se vuelva un catalizador de la molestia que se siente en los barrios.
“Creo que esto está pasando porque perdieron el arraigo popular. El dirigente de base es el que entra a la comunidad y habla, y escucha al chavista decir lo arrepentido que está del régimen por cualquier motivo. Es lo que pasa con la caja del CLAP que a veces no llega y, aunque llegue, esa caja no te trae legumbres, no te trae charcutería, no te trae huevos ni pollo, pretenden que el pueblo se alimente de lentejas y arroz. Con eso no come una persona”, manifestó.
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