Para Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, los lugares de alojamiento habilitados por el gobierno de Maduro no tienen condiciones para recibir a los retornados.

Caracas. No hay una cifra exacta de los venezolanos migrantes que han retornado a su país en el contexto de la COVID-19. Hasta el 17 de mayo eran 41.099 los que habían vuelto por los pasos fronterizos y vuelos humanitarios, según Nicolás Maduro. Para Migración Colombia son 62.102 los retornados desde el 14 de marzo al 19 de mayo.

Pese a que estas cifras de retornados no son significativas ante el desplazamiento de más de 5,1 millones de venezolanos desde 2015, estas personas están siendo revictimizadas.

El retorno de migrantes venezolanos no es masivo, pero supone un drama humano para quienes lo padecen, aseguró Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello durante el foro “Desplazados venezolanos en el marco del COVID-19”, que realizó Transparencia Venezuela.

Bolívar explicó que los lugares de alojamiento habilitados por el gobierno de Maduro para que retornados cumplan la cuarentena no tienen condiciones para recibir a estas personas. “Estamos en una situación de acogida de vuelta que tampoco es la ideal, no hay condiciones de higiene. Ante las quejas que han presentado las personas, la respuesta ha sido la represión, les han quitado los teléfonos, destruido el material, algunos se han ido, los han botado, otros han regresado a Colombia”, destacó.

Agregó que estas personas salieron de una situación catastrófica y ahora regresan a una peor. La crisis de servicios públicos se ha profundizado con frecuentes cortes de luz, pasan semanas sin agua en los hogares y horas de colas para surtir de gasolina. “Se presenta una situación de revictimización”, subrayó Bolívar, “además, enfrentan discursos de odio y exclusión”.

Organizaciones de derechos humanos han alertado de que el retorno de venezolanos no cumple con los estándares mínimos, están de vuelta coaccionados por los efectos de la COVID-19 (falta de alimentos, alojamiento, trabajo, atención médica). Un retorno seguro y digno supone la restitución plena de los derechos, garantía de seguridad personal, no discriminación y poder liberarse del temor de persecución, así como también seguridad física y material y acceso a los medios de subsistencia.

Para el seguimiento de los retornos y los espacios de alojamiento, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados habilitó un mapa que actualizaba en cifras la capacidad de los alojamientos y cuántas personas estaban en los refugios. Sin embargo, el 20 de abril bloquearon el acceso.

Bolívar indicó que al 18 de abril la capacidad era para 9615 personas, pero ya 6539 estaban cumpliendo la cuarentena en esos espacios. “Dejamos de saber cómo estaban esos lugares porque quitaron el acceso directo a la página. Es una información que debería ser de acceso público. Nadie de Acnur ha dado respuesta sobre esta situación, es una cosa muy grave”, denunció. Se desconoce si el hecho responda a presiones del régimen de Venezuela.

Con el aumento de casos de COVID-19 provenientes de Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Maduro, anunció en días recientes que los retornados deberán cumplir 14 días de cuarentena en los centros de alojamiento. Esta fue la medida dispuesta cuando comenzaron a recibir a los migrantes, sin embargo, con el tiempo, se relajó a cinco días.

El efecto económico de la COVID-19 tras el confinamiento ha presionado a estos migrantes y refugiados venezolanos a regresar al país. Bolívar enumeró algunas razones: más de la mitad los venezolanos afuera están en una condición irregular, la mayoría trabaja en el sector informal, la pérdida de ingresos afectó la capacidad de adquirir alimentos y pagos de arriendos, limitaciones para el acceso al sistema de salud. En el trayecto también están expuestos a la desaparición forzada, maltrato, violencia directa, amenazas.

Se desconocen los programas de asistencia

Bolívar compartió datos preliminares de una encuesta que hizo el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello sobre la respuesta a las necesidades de migrantes y refugiados venezolanos en el contexto de la pandemia.

El formulario fue enviado a organizaciones de la región y se obtuvo respuesta de 16 países. Los temas abordados fueron alimentación, transferencias monetarias, salud, vivienda, albergues de tránsito y personas en situación de calle, protección del estatus migratorio.

“La respuesta en atención es muy limitada e insuficiente. En muchos países no hay planes especiales para atender esta población y no hay información. La gente no sabe qué recursos existen ni adónde acudir”, alertó Bolívar.


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