Servicio Jesuita a Refugiados: El retorno de los migrantes venezolanos no es digno ni voluntario

El retorno no cumple con los estándares mínimos, los venezolanos están de vuelta coaccionados por los efectos del COVID-19 (falta de alimentos, alojamiento, trabajo, atención médica). Un retorno seguro y digno supone la restitución plena de los derechos, garantía de seguridad personal, no discriminación y poder liberarse del temor de persecución, así como también seguridad física y material y acceso a los medios de subsistencia.

Caracas. La escena se repite aun en medio de la pandemia y el confinamiento: migrantes que caminan por las orillas de las carreteras de Colombia, Ecuador, Perú. Pero ahora con sentido a Venezuela. Según el gobierno de Nicolás Maduro, al 15 de abril los retornados son un poco más de 6000, es decir, 0,12 % de los 5,1 millones de migrantes y refugiados que han huido del país desde 2015.

Han decido volver. Pero el retorno no es voluntario, sostenible ni digno. Es decir, no cumple con los mínimos estándares, están de vuelta coaccionados por los efectos del COVID-19 (falta de alimentos, alojamiento, trabajo, atención médica).

“Si no tienes seguridad, te están echando del lugar de residencia, comienzas a tener una situación de calle. Eso es lo que estamos viendo en Colombia y Ecuador, esta gente se está viendo abocada a retornar”, asegura Oscar Calderón, director general para América Latina del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS). La mayoría de los migrantes venezolanos no cuentan con un contrato formal de trabajo y viven de la remuneración diaria.

En palabras de Calderón, se trata de un “panorama de doble afectación”. Desde 2015 Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja y una violación sistemática de los derechos humanos: “Eran personas que venían huyendo de su país por la situación, y que los países de acogida no han podido garantizarles sus derechos plenamente. Ahora, se ven exacerbadas esas vulneraciones por la pandemia”.

En Venezuela no están dadas las condiciones que garanticen a las personas sus derechos al regresar. Pese a que Nicolás Maduro ha dicho que 80 % de los retornados tiene acceso a los bonos a través del Carnet de la Patria, esas ayudas son insuficientes. Solo el costo de un cartón de huevos supera el salario mínimo. Sin contar las constantes fallas eléctricas y de servicios públicos.

Calderón también denuncia las condiciones en que están siendo recibidos y acogidos los retornados en los puntos de la frontera del lado de Venezuela. Señala que son condiciones bastante precarias, que ponen en riesgo mayor la salud y el bienestar de los migrantes.

“No es un retorno voluntario ni seguro. Entonces para nosotros esto que está sucediendo no es un retorno de refugiados ni migrantes forzados, sino que obedece a una coyuntura. Por eso no estamos apoyando retornos”, dice Calderón.

El JRS en su respuesta humanitaria se ha enfocado en la tarea de ayudar a que los migrantes venezolanos se queden y superen la situación de emergencia sanitaria. Están apoyando con alimentos, pagos de arrendamientos, insumos de higiene y materiales para los centros de salud.

Riesgos asociados al retorno

Los países han cerrado sus fronteras como medida de prevención para evitar la propagación del virus. En medio de esta situación, el tránsito para quienes vienen de retorno al país representa un mayor riesgo: desaparición forzada, maltrato, violencia directa, amenazas.

“Ya estamos registrando casos alrededor de esta situación, especialmente vinculados a la desaparición forzada, cosa que preocupa”, advierte Calderón. Asegura que están haciendo el monitoreo: “Hasta donde podemos”. Señala que los riesgos preexistentes ahora se vuelven más altos y difíciles de manejar.

En el informe de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas publicado en marzo indican que por Zulia se registran ingresos diarios de 40 personas; en Apure, más de 50. Son venezolanos retornados de Colombia, Ecuador y Perú.

“Hacer un llamado concreto a los Estados a no olvidar, en medio de la coyuntura, sus compromisos y deberes en el marco de protección en los derechos de los migrantes y refugiados”, sostiene Calderón.

El Manual de Repatriación Voluntaria de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados expone que la cuestión de retorno voluntario “frecuentemente se ve empañada por el hecho de que, para muchos refugiados, la decisión de retornar está dictada por una mezcla de presiones por factores políticos, problemas de seguridad o necesidades materiales”.

En el caso del retorno digno y seguro, en el documento se lee, entre otras cosas, que el retorno debe ir acompañado de la restitución plena de sus derechos. Además, de que las personas tengan garantía de seguridad personal, no discriminación y poder liberarse del temor de persecución, así como también, seguridad física y material y acceso a los medios de subsistencia.