“Luego de más de dos años de insistencia y mi casa derrumbada, sigo a la espera de una vivienda”

Justo este 5 de octubre es el Día Mundial del Hábitat, decretado por la Organización de las Naciones Unidas para promover la discusión sobre el estado de pueblos y ciudades y el derecho básico de todos los ciudadanos a una vivienda adecuada. La ONU calcula que 60 % de toda la población mundial habrá abandonado para 2030 las zonas rurales para asentarse en las periferias de las ciudades.

Caracas. Irene y Jonathan iban cada quince días al Ministerio de Vivienda y Hábitat (Minhvi) para tratar de conseguir una propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Nunca recibían una respuesta distinta de: “Estamos trabajando en eso”. Sabían que en cualquier momento se iba a caer su casa en Santo Niño de Petare, como otras siete del sector, que ya habían colapsado por un desplazamiento del terreno. 

Buscaron por todas las vías posibles para que les entregaran una casa. Escribieron cartas en las que expresaron que su hija menor, de cinco años de edad, sufre de convulsiones y la humedad de las paredes que crujían como galleta afectaba mucho su salud. Incluso, un delegado de la Gobernación de Miranda, encabezada por Héctor Rodríguez, les prometió a los vecinos de Santo Niño para principios de noviembre de 2019 que en quince días los iban a buscar para entregarles unos apartamentos en Guarenas. Nunca fueron. 

Ya casi se cumple un mes desde que la casa de Irene y Jonathan finalmente colapsó. Entre el 6 y 7 de septiembre llovió muy fuerte en  la calle principal de El Encantado, en el sector Santo Niño de El Campito. Las paredes comenzaron a sonar más fuerte de lo normal y las familias de dos casas prefirieron salir por si ocurría un derrumbe. En la madrugada, cedió la vivienda más grande que aplastó con sus escombros la de Irene.

La única pista que tienen en Santo Niño sobre por qué ocurrió el desplazamiento de la tierra es un bote de aguas negras que empieza desde el barrio Brisas del Zulia, comprende la escalera 5, la calle El Mango y la principal de Las Flores, hasta Santo Niño, en la parte alta de Petare. Situaciones similares ocurren en otros barrios de Petare, como en Campo Rico.

A Irene, Jonathan y sus hijos no les quedó más remedio que irse momentáneamente a la casa de unos vecinos mientras tratan de encontrar dónde vivir. Son alrededor de 17 personas que quedaron en la calle por el último derrumbe. Para ese momento la Alcaldía de Sucre tenía un reporte que indicaba que ya se había solucionado el problema y que las familias de Santo Niño fueron reubicadas, pero no era así. 

Irene contó que en una ocasión fue a un refugio en Turumo, pero las condiciones eran muy malas. No tenían agua, algunas personas tenían sarna.

Luego de más de dos años de insistencia, le aseguraron que en noviembre podrían entregarle a Irene un apartamento que será habilitado en Charallave. Se mantienen a la espera y ruegan que por fin puedan tener una casa. Sin embargo, el resto de vecinos de Santo Niño, que son al menos 60 familias en riesgo, esperan respuestas, porque también se les cayó la casa o podría ocurrir en cualquier momento, pero no han conseguido que los reubiquen. 

Luego de más de dos años de insistencia y mi casa derrumbada, sigo a la espera de una vivienda”, dijo Irene, y agregó que le aseguraron que todavía faltan algunos trabajos en los apartamentos, como de electricidad.

Justo este 5 de octubre es el Día Mundial del Hábitat, decretado por Naciones Unidas para promover la discusión sobre el estado de pueblos y ciudades y el derecho básico de todos los ciudadanos a una vivienda adecuada. La ONG Provea, junto con más de 20 organizaciones, suscribieron un comunicado en el que piden una política pública de vivienda que “retome una visión sustentable de la producción del hábitat como un proceso participativo e integral”.

Provea ha insistido en que las políticas públicas en materia de vivienda –y en particular la Gran Misión Vivienda Venezuela– deben superar el enfoque cuantitativista y viviendista, sustituyéndolo por una visión sustentable de producción del hábitat como un proceso participativo e integral”, escribió la ONG.

En el caso de Venezuela, la Encuesta Sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi 2019-2020) reveló que en estándar de vida la pobreza pasó de 43 % de los hogares a 54 %, y el acceso a la vivienda fue uno de los puntos que más disminuyó, al pasar de 15 % a 8 % con respecto a los informes publicados para 2018. 

Según la administración de Nicolás Maduro, la Gran Misión Vivienda Venezuela llegó a 3.200.000 construcciones el 1° de octubre de este año. “Es el único país que construye viviendas y las entrega al pueblo en medio de la más pavorosa pandemia del mundo, es el único gobierno del mundo”, aseguró Nicolás Maduro en una cadena nacional, y recordó que la meta para este año es de 400.000 viviendas construidas.

No obstante, en el informe anual que publicó Provea en febrero de 2020, indicó que, durante 2019, las cifras estuvieron muy distantes del medio millón de viviendas que aseguró haber construido el gobierno de Maduro. La ONG reseñó que luego de hacerle un seguimiento a ocho portales de información oficiales, entre ellos VTV y AVN, la cifra de casas entregadas fue apenas de 4820. 

Según las notas del sitio web de Minvih, durante el estado de alarma se habrían entregado un total de 566 viviendas. Solo 17 de las notas (29 %) corresponden a informaciones de fuera de Caracas”, resaltó Provea.

Las invasiones 

Otro factor denunciado es la falta de protección a la propiedad privada. En seis meses y cinco días de cuarentena luego de la llegada de la COVID-19 al país, el Frente en Defensa del Norte de Caracas contabilizó 32 invasiones solo en el municipio Libertador, de las cuales algunas han logrado concretarse y otras no.

Uno de los primeros intentos de invasión que denunció el Frente fue en el edificio General Páez y un local comercial en la esquina de Cují a Punceres de la parroquia Catedral; se le sumaron los edificios Orión y Domus, en San Pedro; la mansión Forever, en la Alta Florida, y los edificios Cori y Sociedad, ubicados en las avenidas Fuerzas Armadas y Universidad. 

El coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, detalló que la mayoría de estas invasiones están lideradas por grupos de choque, o conocidos como “colectivos”, que tienen armas y presuntamente cuentan con el apoyo de la alcaldesa Erika Farías. 

Estos hechos contra la propiedad privada ya se veían antes de la cuarentena, especialmente en el municipio Libertador. La incertidumbre aumentó cuando apareció el “Plan Ubica tu Casa”, y, posteriormente, se adelantó a finales de 2019 el XV Censo Nacional de Población y Vivienda, que avanzó con mucha desinformación.

Igualmente, Provea recordó que en el año 2015 fue señalada la ausencia de una política habitacional en el país por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, debido a la persistencia de asentamientos informales, deficiencias de las viviendas construidas y el deterioro del medio urbano. A eso se le suma la dificultad de los venezolanos de tener acceso a los servicios públicos desde sus hogares.