Desde el Sindicato de Trabajadores no Dependientes del Sector Comercio, Servicio y Afines y la central de trabajadores Alianza Sindical Independiente, ASI Venezuela, los trabajadores informales solicitan que el Estado les otorgue una prestación mínima vital, suficiente para cubrir alimentos y medicinas, mientras dure la cuarentena social por el COVID-19.
Maracay. El aislamiento social y la cuarentena colectiva para evitar la propagación del COVID-19 en Venezuela ha obligado a las autoridades nacionales a regular el funcionamiento de establecimientos comerciales. Solo los expendedores de alimentos, entre otros servicios prioritarios, pueden permanecer abiertos hasta determinado horario.
Sin embargo, hay un sector comercial y de alimentos que se ha visto seriamente afectado con las restricciones sanitarias: los mercados populares en donde convergen miles de trabajadores de la economía informal, que reclaman al Estado un apoyo monetario para cubrir sus necesidades de alimentos y medicinas, mientras dure la cuarentena social por el COVID-19.
De acuerdo con el Sindicato de Trabajadores no Dependientes del Sector Comercio, Servicio y Afines, Sintrandecos, y la central de trabajadores Alianza Sindical Independiente, ASI Venezuela, en el país hay más de 5 millones de trabajadores informales, de los cuales 65 % son mujeres jefas de hogar, 39 % sufre de enfermedades ocupacionales debido al trabajo precario, y 60 %, aproximadamente, vive en condiciones de pobreza.
La presidente de Sintrandecos y directora ejecutiva de Economía Informal y Migración de ASI Venezuela, Aída Martínez, denunció que en los mercados populares donde se concentra el mayor porcentaje de trabajadores informales se está aplicando una política de persecución.
Los alcaldes persiguen y hostigan a nuestros afiliados. Les pasan listas, les toman fotos, les abren procedimientos administrativos y les quitan los locales a los trabajadores que han migrado debido a la crisis, así el local lo tenga un familiar directo”, dijo Martínez.
La dirigente sindical señaló, además, que luego de un operativo de despistaje realizado por la organización, se determinó que 87 % de los vendedores en las calles sufren contaminación por monóxido de carbono, y otro porcentaje significativo sufre de hernias discales y degeneración ósea por las condiciones en que laboran, muchas veces, más de 13 horas de domingo a domingo.
Pero aunado a la crisis económica –explicó– la situación de los trabajadores informales ha empeorado en las últimas semanas, al no poder obtener ingresos para el sustento de sus hogares. “Recuerden, además, que muchos trabajadores de la administración pública han migrado a la informalidad como fuente de nuevos ingresos, y ahora las amas de casa instalan tarantines frente a sus hogares para vender”, añadió.
Martínez señaló, por ejemplo, que en Maracay, estado Aragua, en donde funcionan ocho mercados populares, solo uno, el mercado libre, ha podido abrir, pero por medio tiempo, mientras que los trabajadores de los mercados de verduras, apenas 15 % de la masa trabajadora informal, han experimentado mermas casi totales en sus ingresos.
Actualmente, unos 500 locales comerciales permanecen cerrados, solo en el edificio de la economía social en Maracay.
En Aragua, el tercer estado con el mayor número de casos de COVID-19, 25 hasta el 14 de abril, existen más de 22.000 trabajadores en el sector informal, y cada municipio, 18 en la región, tiene alrededor de tres pequeños mercados populares, a excepción de Girardot, municipio capital, que tiene siete mercados populares y dos mercados municipales.
Eso representa alrededor de 4000 trabajadores solo en Girardot, sin contabilizar los que traían mercancía de otros países, como Colombia. Es decir, Maracay tiene el mayor índice de informalidad laboral de todo el estado”, refirió Martínez.
Entre el mercado libre, uno de los más importantes y concurridos de la capital aragüeña, y el principal labora un promedio de 2000 trabajadores que venden solo mercancía seca. Durante la cuarentena, solo pueden hacerlo por medio tiempo.
“Estos trabajadores, así como miles en todo el país, prácticamente han perdido su trabajo y no están llevando sustento a sus hogares”, sentenció la dirigente sindical, para quien la situación se torna más crítica en Caracas, en donde el trabajo informal en las barriadas populares es el que le genera sustento diario a cientos de familias.
Esta cuarentena no es voluntaria –dijo Martínez– y los trabajadores no tienen condiciones socioeconómicas para aguantar más de una semana sin producir, pues para la mayoría de los hogares pobres, donde conviven más de cinco y hasta diez miembros, la bolsa de los Clap no es suficiente, amén de la grave escasez de agua potable y los altos precios de los insumos de limpieza y desinfección.
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