En menos de 48 horas dos periodistas fueron detenidos: Eduardo Galindo, en Apure, y Arnaldo Sumoza, en Guárico. A estas detenciones se suma la de Darío Medina, un productor agropecuario en Churuguara, estado Falcón, que protestaba por la falta de gasolina.
Caracas. El doctor Luis Araya fue detenido luego de una publicación en su WhatsApp. Funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo arrestaron arbitrariamente este miércoles 15 de abril, en Carora, estado Lara.
Según la ONG Provea, el médico ginecobstetra presuntamente criticó el gobierno de Nicolás Maduro en sus publicaciones de WhatsApp. Los funcionarios se lo llevaron de su consultorio en el hospital Pastor Oropeza Riera de Carora. Espacio Público informó que lo trasladaron a los tribunales de Carora.
En horas de la tarde de este jueves la ONG Movimiento Vinotinto informó que el médico fue excarcelado y que le fue impuesta medida cautelar de presentación cada 30 días.
Araya no es el primer médico detenido por el gobierno de Maduro desde que se decretó el Estado de Alarma en el país, por los casos de COVID-19, el pasado 13 de marzo.
De acuerdo con Nicolás Maduro, la cuarentena nacional, anunciada el 16 de marzo, fue para evitar la propagación del nuevo coronavirus, declarada pandemia el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La medida se prorrogó por 30 días más, hasta el 12 de mayo.
La COVID-19 ha dejado nueve fallecidos en el país, según las cifras oficiales hasta el 15 de abril, y 197 contagiados.
El pasado 4 de abril, funcionarios de la Policía del estado Trujillo detuvieron a la bioanalista Andrea Sayago, porque difundió información de un positivo del nuevo coronavirus en su estado del WhatsApp.
La imputaron por el uso indebido de información privilegiada de funcionario público. La primera dama del estado Trujillo, Jacqueline Peñaloza, condenó la publicación y aseguró que Sayago violó el secreto médico de sus pacientes. La doctora del hospital Pedro Emilio Carrillo renunció a su cargo.
Según el director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, le dictaron arresto domiciliario de conformidad con el artículo 242, numeral 1, del Código Orgánico Procesal Penal.
Recién iniciaba la cuarentena cuando la Dgcim detuvo al enfermero del Hospital Central de San Cristóbal, Rubén Duarte. Exigió la dotación de material de bioseguridad para atender los posibles casos de COVID-19 y a través de un video desmintió la supuesta dotación de equipos.
Y, en Monagas, arrestaron a Julio Molino, representante sindical del sector salud, por denunciar las deficiencias del hospital Manuel Núñez Tovar para enfrentar la emergencia sanitaria por el virus.
A Molino, de 72 años, le dictaron arresto domiciliario. Fue imputado por los delitos de incitación al pánico y la zozobra a la comunidad y agavillamiento e incitación al odio.
El pasado 24 de marzo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que las autoridades no deberían sancionar a los trabajadores de la salud por denunciar la crisis en el sector.
Detenidos dos periodistas en menos de 48 horas
Este miércoles 15 de abril también fue detenido el periodista Eduardo Galindo Peña, del portal web Senderos de Apure. Funcionarios de la Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se lo llevaron de su casa, en San Fernando de Apure.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) publicó un video en el cual el periodista denunciaba que los funcionarios estaban en su casa y le exigían que rindiera declaraciones por una publicación en el medio de comunicación.
También el periodista de VPI TV Sergio Novelli denunció que la Dgcim allanó su vivienda en Caracas, y se llevaron cuatro computadoras y cinco teléfonos.
Novelli, quien vive en Estados Unidos, dijo en su Twitter que alquiló su apartamento a una familia pastoral. Presume que los funcionarios irían a casa de sus padres, con la intención de amedrentarlo para que deje de informar los acontecimientos en Venezuela.
La DGCIM estuvo en mi casa en Vzla. Ahí vive hoy una familia pastoral a la que le renté mi vivienda. Llegaron con una orden de una supuesta investigación. Allanaron y se llevaron 4 computadoras y 5 tlfnos. En teoría irían ahora a casa de mis padres, dos personas mayores pic.twitter.com/6SkXc7IUgm
— Sergio Novelli (@SergioNovelli) April 16, 2020
La ONG Espacio Público documentó 22 detenciones por buscar y difundir información relacionada con la COVID-19, desde el 16 de marzo al 13 de abril. La mayoría son periodistas (8).
El 14 de abril arrestaron a Arnaldo Sumoza, periodista del circuito AM Center y FM Center y director de la TV regional Canal 15 de El Sombrero, estado Guárico. Grabó una protesta por falta de agua en la comunidad.
La persecución contra los periodistas se incrementó antes de que se confirmara que la COVID-19 había llegado a Venezuela.
Carlos Correa, director de Espacio Público, explicó que el incremento de las detenciones arbitrarias dentro del contexto de la COVID-19 ocurre porque es un tema sensible y hay mayor preocupación para el gobierno de Maduro por la información que se difunde.
“La pandemia del coronavirus acentuó la ausencia de información pública y se castiga a toda persona que podría estar compartiendo información a través de las redes sociales, un espacio donde pareciera que todavía hay unos grados de libertad y eso les preocupa”, indicó.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela registró que solo en la segunda semana de cuarentena nacional detuvieron a tres periodistas, entre ellos a Darvinson Rojas, reportero independiente que comparó cifras no oficiales del COVID-19.
Detenido productor en Churuguara luego de protesta por gasolina
En tanto, Darío Medina, un pequeño productor agropecuario de Churuguara, capital del municipio Federación en el estado Falcón, fue detenido la noche de este miércoles luego de una protesta llevada a cabo por productores y ganaderos de la zona, por la escasez de gasolina que ha paralizado al sector agropecuario del municipio.
La protesta fue reprimida con bombas lacrimógenas lanzadas por la Guardia Nacional y, horas más tarde, una comisión del Cicpc y equipos antimotines llegaron a Churuguara para reforzar los mecanismos de seguridad en la única estación de servicio habilitada en el municipio para surtir de gasolina, en medio de las restricciones de combustibles que se han generado durante la cuarentena social por el COVID-19.
A las 11:00 de la noche, aproximadamente, la comisión del Cicpc llegó a la residencia de Darío Medina, ubicada en el sector el Cerrito, y le exigió se trasladara hasta el comando de la Guardia Nacional para rendir declaraciones. Sin embargo, su hermana Daislenny Medina explicó que su hermano fue trasladado a Coro en donde permanece detenido.
“No sabemos qué cargos le imputan. Solo alegan que él golpeó al alcalde Castor Díaz, pero él se encontraba a distancia de donde estaba el alcalde”, indicó.
De acuerdo con varias versiones, Medina solo aguardaba en la cola para surtir de gasolina, al igual que el resto de los productores.
Durante la protesta, el mandatario municipal habría sido agredido físicamente, mientras el comandante de la Guardia Nacional en la zona, el teniente coronel Rudy Gafaro, habría sido trasladado hasta el hospital de Churuguara por una aparente crisis hipertensiva.
El gobernador de Falcón, Víctor Clark, dijo a través de su cuenta en Instagram: “Sectores fascistas pertenecientes a Voluntad Popular generaron focos de violencia en Churuguara, atacaron al alcalde poniendo en riesgo su vida y peor aún, intentaron prender fuego a una estación de servicio en la capital del municipio”.
El mandatario falconiano también advirtió que todo el peso de la ley caerá sobre los autores materiales e intelectuales de los hechos que denuncia.
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