La designación, por medio de una resolución, del subdirector de Polisotillo, José Rebolledo, como nuevo administrador del expendio de alimentos portocruzano generó la protesta de comerciantes y trabajadores, quienes indicaron que la alcaldesa, Herminia García, busca realizar negocios con los puestos comerciales.

Puerto La Cruz. La designación del subdirector de la Policía Municipal de Sotillo, José Rebolledo, como máxima autoridad por parte de la alcaldesa de Sotillo, Herminia García Ron, desató el rechazo tanto de adjudicatarios como trabajadores del Mercado Municipal de Puerto La Cruz.

Este jueves, ambas partes cerraron los portones del principal centro de abastecimiento de la ciudad turística de Venezuela, en virtud de que la resolución 078, que designa a Rebolledo como autoridad plenipotenciaria del recinto, elimina de un plumazo las competencias de la Asociación de Trabajadores del Mercado Municipal (Asotram).

Vendedores y trabajadores marcharon hasta la sede del Consejo Municipal, donde solicitaron un derecho de palabra para expresar su preocupación ante la medida dictada por la alcaldesa.

Luis Villarroel, presidente de Asotram, sostuvo que el principal objetivo de la alcaldesa García, es tener el control de los puestos comerciales.

Esta alcaldesa utiliza las mismas ordenanzas del año 1992, cuando la alcaldesa de ese entonces privatizó el mercado colocando a un militar que atropelló a los trabajadores. De ahí nace Asotram por una autorización que dictó un tribunal. Ella sabe el valor comercial que tienen los puestos y por eso nos quiere sacar a los que tenemos años aquí”.

Una de las vendedoras, que no se quiso identificar por temor a represalias, indicó que desde que fue intervenido el recinto el pasado mes de junio, la alcaldesa desalojó a vendedores que tenían hasta 20 años para luego ingresar a familiares.

“A mí me retiraron del final del paseo Miranda, según para sanear la calle, y ahora es que hay más vendedores. Todos los que llegaron fueron metidos por la alcaldesa y los que teníamos tiempo allí fuimos sacados y eso que durante la administración de Magglio Ordóñez las autoridades establecieron el pago de un impuesto que cancelábamos al día”, sostuvo.

Durante el derecho de palabra, los ediles de Sotillo aprobaron por unanimidad crear una comisión con el fin de evaluar la resolución 078 y enfatizaron que reconocen a los directivos de Asotram como autoridades del centro de expendio basados en la jurisprudencia emanada por la entonces Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 1992.

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Amarilis Soto, concejal del Psuv y presidente de la comisión de Servicios Públicos, manifestó su rechazo a la decisión de la alcaldía porteña contra Asotram.

El mercado es un pueblo, son hombres y mujeres que hace más de 20 años enfrentaron a la autoridad municipal de Idalba de Almeida por intentar privatizarlo y hoy se repite la historia. Aquí estamos listos para defender los derechos obtenidos en democracia”, dijo.

Siguen los conflictos

Pese a la intervención, ciudadanos indicaron al equipo de Crónica.Uno que la situación en el mercado municipal sigue siendo exactamente igual. Bachaqueros por doquier, precios elevados, inseguridad desbordada e instalaciones en el suelo.

Yacxely Blanco habita en la localidad de Chuparín Central y para ella la intervención del mercado es solo en papel, porque en la realidad todo sigue igual.

“Mira, ellos dicen que desalojaron la calle Venezuela. Tienen razón en parte porque lo que quitaron fueron los puestos del resto, los bachaqueros siguen ahí, te ofrecen de todo y están a la vista de toda la policía municipal, que tiene una casilla ahí de vigilancia. A este mercado no le han metido la mano, ellos armaron una fiesta con una fulana intervención y lo que hicieron fue peor, ahora hay más bachaqueros que antes”, sostuvo.

Tras la no aceptación por parte de trabajadores y adjudicatarios de su medida, la alcaldesa Herminia García no se pronunció sobre el tema. Pese al pedido de los protestantes de su presencia, empleados de la municipalidad sostuvieron que la misma no se encontraba en el recinto por lo que el conflicto entre Asotram y la Alcaldía de Sotillo amenaza con continuar.

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Fotos: José Camacho


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