La política de precios y la canasta de monedas no corrigen las distorsiones. Los economistas aseguran que el problema del acceso a los bienes y servicios continúa sin resolverse.
Caracas. El presidente Nicolás Maduro tiene cuatro años achacando los males de la economía a la denominada “guerra económica”, y bajo el argumento de “combatirla” ha contado con leyes habilitantes y decretos de emergencia económica que, en lugar de corregir las distorsiones, las profundizaron por lo cual hay una caída de la producción, desabastecimiento e inflación de tres dígitos. El pasado 7 de septiembre entregó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) nuevos instrumentos legales y anunció acciones que tienden a profundizar los desequilibrios.
El Jefe de Estado elevó por cuarta vez en el año el salario mínimo y las pensiones en 40 %, adicionalmente presentó textos para regular los precios de 50 rubros básicos, incrementar las fiscalizaciones a las empresas y pechar a los grandes capitales, a lo que sumó la conformación de una canasta de monedas para las operaciones del dólar complementario (Dicom) y la rebaja de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los pagos electrónicos.
Para los analistas, las medidas no solventan la crisis que se arrastra desde 2013, de manera que los ciudadanos seguirán enfrentando la ausencia de algunos artículos esenciales y elevados precios que evaporan los ingresos. El economista y director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, asevera que las medidas no resuelven “el problema de acceso a los bienes” y el también economista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Ronald Balza, añade que “se agravan los desequilibrios”.
Las medidas:
Precios. Desde 2003, el Gobierno impone un control de precios a alimentos y medicinas que en 2011 se extendió a los artículos de higiene personal. Con los rezagos en las revisiones, las industrias tienen que vender productos por debajo de sus costos de producción, y por ello, esos rubros están ausentes en los anaqueles. Al control se han sumado leyes —siendo la última la Ley de Precios Justos— que han afectado más la actividad empresarial debido a que contemplan amenazas de ocupación y severas penas por acaparamiento, boicot, entre otros delitos.
Entre 2013 y 2017 el Gobierno ha efectuado mesas de trabajo con los empresarios para detallar los obstáculos a la producción y buscar soluciones, que no terminan de definirse. El pasado año, la Vicepresidencia de Economía, encabezada por Miguel Pérez Abad, sugirió el denominado Plan 50 que implicaba la revisión de precios de 50 rubros para aumentar su producción y garantizar la estabilidad, dicho programa no se concretó.
La semana pasada, el primer mandatario volvió a presentar el mismo plan, y a través de una ley habrá un sistema acordado de precios. “Será un sistema acordado de precios que marque bajo consenso el precio máximo de 50 bienes y servicios que en estos momentos están perforados”, apuntó para luego reiterar que “nunca habrá política de liberalización de precios, y que el mercado imponga precios demoníacos, pero reconozco que se han agotado los mecanismos de regulación y control de precios”. El 8 de septiembre, el vicepresidente Tareck El Aissami inició reuniones con las procesadoras de arroz y maíz, cuyos precios no se ajustan desde hace un año.
Ronald Balza apunta que esta regulación genera más dudas. “¿Cada cuánto se efectuará la revisión? ¿Cómo será la negociación con los privados? Nada de eso está claro”. Agrega que “sigue siendo más de lo mismo. La Ley de Precios Justos ya establece revisiones a la estructura de costos”. Al igual que Balza, el analista y director de Econométrica, Henkel García, añade que “habrá que ver cómo serán esas reuniones”.
Este domingo, el ministro de Finanzas, Ramón Lobo, dijo que “vamos a hacer ajustes para que los precios no queden rezagados. Con los rezagos se perdió la gobernanza. Vamos a tener precios justos”.
Aunque las autoridades plantean precios acordados, las fiscalizaciones se intensificarán. Los Clap —que tienen facultad para supervisar producción y distribución— ahora tendrán una ley para incrementar las inspecciones.
Canasta de monedas. “En la lucha contra el bloqueo económico, vamos a crear una canasta de monedas para liberarnos del dólar”, dijo Maduro, quien añadió que el Dicom va a funcionar con esa canasta, “tenemos yuanes, rupias”. El Aissami aseveró que en el mecanismo complementario no se subastarán dólares y sugirió a la banca privada buscar otros bancos corresponsales. Ya la semana pasada no hubo subastas en el Dicom. Analistas indican que en esta decisión inciden las sanciones del gobierno de Estados Unidos que prohíben negociar con deuda nueva y limita los financiamientos.
Para Alejandro Grisanti, esta medida evidencia una recomposición con nuevos actores y no duda en señalar que las importaciones privadas serán engorrosas. José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, añade “a qué tasa de cambio se transarán esas monedas. La rupia y yuan se cotizan en términos de dólar o euro. El yuan no es totalmente convertible”. Balza apunta que además esta decisión muestra que “se esperan préstamos en monedas distintas al dólar”.
Las asignaciones de billetes verdes han sido insuficientes para atender la demanda de las empresas, por lo cual la producción está mermada y persisten las fallas de abastecimiento. Ecoanalítica calcula que entre enero y julio de 2017 las liquidaciones vía Dipro y Dicom al sector privado fueron 7,8 millones de dólares diarios, en el mismo lapso de 2016 estaban en 16,8 millones de dólares.
Aunado a la canasta de monedas, se autorizará una Ley de Casas de Cambio con lo cual el mismo Ejecutivo que las cerró ahora ordena abrirlas. Ya hace meses funcionan en la frontera con el fin de combatir el dólar paralelo, lo cual no se ha logrado. Las casas de cambio operaban cuando estaba el Simadi y ese esquema tampoco controló al paralelo.
En ese contexto, Maduro dijo que era necesario buscar nuevas fuentes y otra vez presentó una Ley de Inversión Extranjera. Henkel García estima que ese instrumento es “más para los rusos y los chinos. Habrá que ver cómo trata la repatriación de capitales”.
Impuestos. El primer mandatario anunció la aplicación de un impuesto al patrimonio. En enero planteó una reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta para pechar con un tributo de 1 % a los grandes capitales. Ahora ese gravamen tendrá un marco legal.
“Vamos a pechar de manera justa, crear los impuestos a los grandes patrimonios surgidos con la guerra económica”, dijo. Pero para los economistas ese nuevo tributo no garantizará mayores ingresos. José Guerra puntualiza que los impuestos que generan mayores contribuciones son el IVA y el ISLR, “los otros son costosos y de bajo rendimiento”.
La inflación ha impactado en los ingresos tributarios que cayeron 49 % en términos reales, según las estimaciones de Ecoanalítica. Y frente al menor aporte petrolero y tributario, el BCV fabrica bolívares para atender las necesidades del Gobierno.
Lo que no se mencionó. Grisanti destaca que hubo aspectos clave que no figuraron en el discurso. En la alocución del Jefe de Estado no se hizo mención al Dipro, que está en 10 bolívares, y que es la tasa a la cual se realizan las importaciones del sector público. De las compras externas totales, más de 70 % son hechas por entes oficiales.
Tampoco abordó la crisis de efectivo que tiende a agudizarse por el salto de los precios. Solamente rebajó el IVA para los pagos electrónicos e instó a los bancos a impulsar el uso de más medios electrónicos, lo que se plantea cuando las instituciones y las telefónicas no disponen de divisas para mejorar los servicios.
Foto: Archivo
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