Menores de 14 años no pueden ser encarcelados y quien lo haga comete un delito, aseguran expertos

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Juristas y activistas de Derechos Humanos afirman que la ola de detenciones a menores registrada en los últimos días, viola disposiciones de la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente, y afirman que sus ejecutores se enfrentan a penas de hasta dos años de prisión.

Caracas.  “Por sí mismas, las cosas tienden a ir de mal en peor”. Esta es una de leyes que el ingeniero estadounidense Edward Murphy formuló en 1949, la cual al parecer no solo puede aplicarse a la ciencia, sino también a la política y prueba de ello es que con la ola de detenciones de niños y adolescentes, registrada en el marco de las protestas de los últimos días en Venezuela, las autoridades han engrosado su ya voluminoso expediente de abusos y violaciones a los Derechos Humanos.

Organizaciones como el Foro Penal Venezolano y Amnistía Internacional aseguran haber contabilizado, hasta ahora, 77 casos de menores de edad que han sido detenidos por policías y militares y a los que fiscales y jueces han enviado a calabozos preventivamente, bajo el señalamiento de haber incurrido en delitos que van desde asociación para delinquir hasta terrorismo.

Sin embargo, entre los aprehendidos hay jóvenes que tienen menos de 14 años de edad, lo cual para expertos como el exmagistrado de la Corte de Apelaciones de Caracas, Jesús Ollarves; y el constitucionalista Alí Daniels, suponen una irregularidad.

“Las detenciones de niños de menos de 14 años no son legales”, afirmó el exjuez, posición que fue secundada por Daniels, quien agregó: De acuerdo con la ley, los niños menores de 14 años son inimputables, es decir, que si cometen delitos no tienen responsabilidad penal. Solo a partir de los 14 años de edad tienen responsabilidad penal, pero las penas solo llegan hasta 3 años y protestar no es un delito.

La Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente (Lopna) da la razón al jurista, pues en su artículo 531 establece que solo aquellos jóvenes que tengan más de 14 años pueden ser imputados y procesados por la presunta comisión de delitos, mientras que los que tengan menos solo pueden ser objeto de medidas de protección (detención en el hogar, presentación en tribunales, etc).

En 2015 esta disposición legal fue reformada por la Asamblea Nacional, entonces controlada por el chavismo, para elevar desde los 12 hasta los 14 la edad para procesar penalmente a un menor.

Pero además, el artículo 268 del mismo instrumento señala que el funcionario que cometa una detención ilegal sobre un niño o adolescente o el que la avale, se arriesga a una sanción de prisión que va desde los tres meses hasta los dos años.

Solo en Yaracuy unos 34 jóvenes fueron detenidos durante una manifestación realizada el 25 de enero y de ellos 11 fueron privados preventivamente de libertad por la jueza 1 de Control de Protección de Niños y Adolescentes de la entidad centrooccidental, Ediluz Guedez, quien los imputó por terrorismo, obstrucción de justicia, agavillamiento y asociación para delinquir.

La decisión de la funcionaria iba a contracorriente de lo dispuesto en la Lopna, el Código Penal y la Constitución, textos que dejan en claro que detención preventiva es una medida excepcional y que se debe imponer cuando no se pueda aplicar otra.

No obstante, días después la jueza difundió un video en el cual denunció que ella fue coaccionada por la presidenta del Circuito Judicial, Darsy Lorena Sánchez Nieto, para tomar la medida contra los niños y adolescentes.

“Fuimos conminados a ser trasladados a la sede policial de Juan José de Maya, donde me encontré acorralada, rodeada de funcionarios policiales y de otros órganos y del entorno de la Presidenta. Al día siguiente me dirigí al Circuito y le manifesté a la Presidenta que no estaba dispuesta a seguir directrices gubernamentales y torcer el derecho al tratar de incorporarme al Circuito y revisar la medida y darle la libertad de oficio a los adolescentes me fue negado el acceso, recibiendo amenazas de muerte”, relató.

Nuevo mecanismo de control

Para Daniels, quien es además directivo de la organización Acceso a la Justicia, la ola de detenciones de niños que ha conmocionado al país no es más que otra forma de represión aplicada por el Gobierno.

“El elevado número de detenciones que se han producido y que hayan ocurrido en varios estados del país nos habla ya de que estamos frente a un patrón y aparentemente es el nuevo mecanismo al que recurre el Gobierno para impedir las manifestaciones, porque en las zonas populares habían comenzado las protestas debido a que los Clap ya no están llegando tan frecuentemente. Sin embargo, organizaciones reportan que en muchos lugares las protestas cesaron por el temor de las familias a que las FAES (de la Policía Nacional) se lleven a los muchachos”, explicó.

Otras violaciones

Pero como si las aprehensiones en sí no fueran suficientes, las autoridades han incurrido en otras violaciones a los derechos de los niños y adolescentes. Así por ejemplo han comenzado a producirse denuncias de malos tratos.

“A mí era al que le daban más golpes, porque yo no lloraba. Me daban golpes y golpes los guardias, más que todos las mujeres”, relató a una periodista un niño, que estuvo detenido unos días en el estado Bolívar por participar en una protesta el 23 de enero, y quien agregó: “Yo pregunté por qué nos dan golpes si ya estamos presos y un policía me dio una cachetada”.

Unas 86 organizaciones no gubernamentales exigen la liberación de los 77 menores detenidos.

La Constitución prohíbe expresamente la tortura y cualquier otro tipo de tratos crueles y degragantes, pero además la Ley especial dictada en 2013 penaliza con hasta 25 años de prisión e igual de inhabilitación al funcionario policial que lo ejecute. No obstante, hasta el momento ni la Defensoría del Pueblo, ni el Ministerio Público han anunciado acciones contra ningún funcionario, pese a las denuncias aparecidas.

Además Daniels señaló que el hecho de que las autoridades mantengan a los jóvenes junto a adultos en algunas comisarías es otra violación a la Lopna, la cual ordena que sean separados.

“Los estamos condenado a ser delincuentes de por vida, porque pueden aprender a delinquir con criminales con experiencia”, alertó.


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