De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, en cuatro meses de 2023 hubo 20 casos de discursos de odio, casi la misma cifra que se registró en todo el 2022 (22 casos).
Caracas. “Marzo ha sido un mes que ha destacado por discursos de odio emitidos por funcionarios o figuras públicas. Esto genera una gran preocupación porque en cuatro meses del 2023 ya casi hemos alcanzado la misma cifra que en todo el año 2022”, dijo Glorielys Pérez, coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ de Venezuela.
Lo señalado por la investigadora no es una exageración, ya que según las cifras del Observatorio, en el 2022 se registraron 22 casos de discursos de odio contra la población de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer (LGBTIQ+), mientras que en el 2023, para el cierre de abril, la cifra se ubicó en 20.
Explicó que los discursos de odio atentan contra la dignidad de las personas de la comunidad y tiene un agravante: en muchas ocasiones estos discursos son realizados por funcionarios públicos o figuras ligadas al Estado venezolano, las mismas que deberían velar por los derechos humanos de los ciudadanos.
Jeffrey Rodríguez, coordinador y asesor legal del observatorio, dijo que resulta preocupante que estas personas usen sus plataformas y medios para emitir mensajes en contra la comunidad LGBTIQ+, ya que cuentan con un gran poder de alcance e incidencia.
Es bastante preocupante porque se promueve el odio por parte de funcionarios del Estado en espacios en los que estas personas tienen influencia, no solo con su poder de convocatoria, sino también con la capacidad de incidir en el pensamiento y el comportamiento de la gente. Esto deriva en una multiplicación de la violencia contra las personas LGBTIQ+ en Venezuela”, comentó.
En esa línea, Rodríguez calificó al espacio comunicacional como “extremadamente violento” para las personas LGBTIQ+ y cuestionó que existan medios de comunicación y periodistas que se sienten “con la propiedad para hablar de nosotros sin conocernos”.
“Esto lleva entonces a que personas cisgénero heterosexuales se crean con la potestad para hablar libremente sobre la genitalidad de las personas trans. Es algo normalizado y que representa violencia”, explicó.
Sin leyes ni consecuencias
Una de las principales críticas que tiene Yendri Velásquez, activista por los derechos humanos y coordinador del observatorio, en relación con los discursos de odio es la ausencia total de medidas para prevenirlos o castigarlos, una situación que, comentó, es generalizada para cualquier tipo de casos de violencia contra las personas LGBTIQ+.
“Venezuela es uno de los últimos países de la región en garantizar estos derechos a esta parte de la población, no hay matrimonio igualitario, no hay ley de identidad de género, no hay ley que tipifique los crimines de odio como agravantes en los homicidios”.
Velásquez citó la negativa del Estado a respetar el derecho a la identidad de las personas trans, con el cambio de nombre que garantiza el artículo 146 de la Ley de Registro Civil. Así como la no discusión del matrimonio igualitario en la Asamblea Nacional (AN), mismo parlamento es plataforma de muchos de los discursos de odio contra la comunidad, a su juicio.
Ante los casos de violencia que existen el Estado no ha hecho nada, no ha garantizado justicia, pero tampoco ha hecho nada para generar políticas públicas para evitar que esto siga ocurriendo. Los discursos de odio los vemos cada vez más repetitivos en los espacios de poder. La AN ha sido uno de los principales espacios para difundir estos discursos”.
El activista también manifestó su preocupación por lo que parece ser el acercamiento del Estado venezolano a tendencias religiosas que se han caracterizado por también emitir discursos en contra de la comunidad LGBTIQ+.
“Estas alianzas del Estado con las iglesias neopentecostales nos preocupan porque pueden verse como una carta abierta para continuar con este tipo de discursos. Nos preocupa además algo que Espacio Público mencionó en su reciente informe: las concesiones de radio a iglesias evangélicas, estos por espacios potenciales para masificar discursos contra la comunidad LGBTIQ+ y también contra las mujeres”, comentó Velásquez.
En la actualidad, no existe ningún tipo de legislación que proteja específicamente a la comunidad LGBTIQ+ ni que tipifique los ataques y asesinatos contra los integrantes de esta como crímenes de odio. Tampoco existen políticas de educación y sensibilización para funcionarios públicos.
Para Velásquez, esta situación crea condiciones para que estos discursos, y cualquier otro tipo de ataques que se han registrado, se repitan con todo el aval por omisión del Estado venezolano.
“La no garantía de derechos y la política de homofobia y transfobia del Estado, porque hay que decir que el discriminar a las personas LGBRIQ+ es una política de Estado, no solo está en la acción directa sino también en la omisión de las demandas que hemos hecho”, sentenció.
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