La ONG Amigos Trasplantados de Venezuela junto con la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) hace un llamado de alerta a la comunidad nacional e internacional, sobre las repercusiones que ha traído la declaratoria de medidas para la contención del COVID-19 a esta población vulnerable.

Caracas. La cuarentena colectiva, el control sobre el libre tránsito de personas de un lugar a otro y la restricción en el suministro de gasolina como medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19 en Venezuela están repercutiendo peligrosamente en la vida de más de 10000 pacientes renales y otros 2600 pacientes trasplantados.

Así lo advierten las ONG Amigos trasplantados de Venezuela (ATV) y la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) a través de un comunicado público en el que denuncian cómo las personas que requieren tratamiento sustitutivo renal,  no pueden asistir a sus respectivas unidades de diálisis al no contar con ningún tipo de transporte debido a la grave restricción en el suministro de gasolina y cuya situación también afecta a las personas trasplantadas que no pueden acudir a las farmacias para obtener los medicamentos.

«El no cumplimiento del tratamiento sustitutivo renal (diálisis), ocasiona daños irreparables a la salud de las personas que así lo requieren, con complicaciones graves para su vida, incluyendo la muerte. Los trasplantados de órganos corren el riesgo, además, de presentar rechazos en sus organismos, al dificultárseles el retiro de los medicamentos inmunosupresores».

ATV y Codevida exhortan y exigen al Estado venezolano el suministro de combustible al personal de salud y personas encargadas e identificadas para el traslado de quien deba realizarse una diálisis, así como la activación de un plan real de transporte de gobernaciones, alcaldías o entes públicos que garantice la salud de esta población mientras culminan las medidas tomadas para enfrentar al COVID-19.

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Igualmente, que se permita el desplazamiento entre municipios y estados a personas que presenten informes o récipes válidos para que puedan recibir sus tratamientos y a las farmacias de alto costo para retirar los medicamentos inmunosupresores.

Las ONG advierten también que reclaman el suministro permanente de agua en los centros de diálisis tanto hospitalarios como extra hospitalarios y una atención focalizada para esta población vulnerable, al considerar que sus casos representan carácter de emergencia nacional.

«Ante la grave situación sanitaria de Venezuela que ha ocasionado una Emergencia Humanitaria Compleja y que venimos alertando desde hace años y ahora con la presencia del COVID-19, nos alarma la situación en la que se encuentra una gran población de personas que presenta alguna condición de salud crónica», refiere el comunicado.


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