Organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales solicitaron, en un comunicado, el acompañamiento de instancias internacionales, nacionales, locales y comunitarias para garantizar la vida e integridad de la población de la Cota 905, El Cementerio y El Valle, recientemente afectadas por un conflicto armado.
Caracas. Más de 500 organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales advirtieron, mediante un comunicado, que urge el control de armas entre la población y “una investigación rigurosa y sistemática dentro del propio Estado, para verificar los puntos de fugas de armas de guerra” desde el Estado hacia las bandas delictivas.
En el documento, publicado la mañana de este martes 27 de julio, indicaron que es fundamental retomar las recomendaciones de la reforma policial y de la comisión para el desarme, en especial el marcaje de las municiones asignadas a los cuerpos de seguridad, y hacer efectivos los controles, fiscalizaciones y la supervisión del parque de armas.
El miércoles 7 de julio se originó un enfrentamiento en la Cota 905 que se extendió hasta el jueves. Presuntos miembros de la megabanda que opera en esa comunidad de Caracas, que tiene de cabecilla a Carlos Luis Revete, apodado el Coqui, atacaron sedes policiales, supuestamente, luego de que funcionarios hirieran a Leonardo Polanco, líder de la banda aliada el Loco Leo, en un enfrentamiento.
Los lugartenientes del Coqui son Carlos Alfredo Calderón, conocido como el Vampi, y Garbis Ochoa. Estos hombres, presuntamente, tienen en sus filas a más de 200 aliados, según investigaciones del criminólogo Luis Izquiel, que portan armamento de guerra y han tomado zonas en Miranda y Aragua.
Tras más de 48 horas de balacera, que paralizaron las parroquias La Vega, El Valle, El Paraíso, Santa Rosalía, San Juan y San Pedro, el viernes 9 de julio se desplegó un operativo en la Cota 905, El Cementerio y El Valle, que son las comunidades más afectadas por el dominio del grupo delictivo.
En el primer balance que ofreció la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, en compañía de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, aseguró que el arsenal de guerra, que fue incautado a la megabanda, era de origen estadounidense y perteneciente a las Fuerzas Armadas de Colombia.
Entre el armamento que fue decomisado, las autoridades hallaron un rifle Barrett M99 (que tiene un costo de 6500 dólares), una bazuca, 12 tobos de balas, lanzacohetes, granadas, cargadores tipo FAL, entre otros.
Verónica Zubillaga, socióloga e investigadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), aseguró que es fundamental retomar el proceso de reforma policial, porque es importante en cualquier proceso de diseño de políticas públicas para la seguridad ciudadana.
“El Estado es un actor fundamental y subrayamos la necesidad de incorporar a las comunidades”.
El comunicado agrega que las autoridades tienen la obligación de generar la capacidad institucional para el despliegue de políticas públicas en seguridad ciudadana, disponiendo de los recursos humanos, técnicos y económicos adecuados.
“Esto significa mejorar el proceso de selección y formación de las personas que integran las instituciones involucradas (fuerzas policiales, sistema de justicia y el sistema penitenciario), así como asignar los recursos materiales suficientes para garantizar condiciones laborales y salariales dignas para los funcionarios policiales, que permitan brindar un servicio de calidad a la población”.
El Ministerio Público informó que hasta el 22 de julio fueron detenidas 42 personas, presuntamente vinculadas con la megabanda de la Cota 905. A los aprehendidos les imputaron los delitos de terrorismo, homicidio, asociación, tráfico de armas y municiones, tráfico de explosivos, uso de adolescentes para delinquir, legitimación de capitales y aprovechamiento de vehículo proveniente de hurto o robo.
Y, de acuerdo con las cifras ofrecidas por la ministra Meléndez y la vicepresidenta Rodríguez, hasta el 10 de julio se registraron 22 muertes, supuestamente de integrantes del grupo delictivo. Sin embargo, el Monitor de Víctimas documentó hasta el viernes 16 de julio al menos 37 fallecidos durante los tiroteos en la Cota 905 y zonas aledañas. Entre las muertes registradas cuatro de las víctimas eran funcionarios policiales y seis presuntamente pertenecían a la megabanda del Coqui.
Asimismo las ONG y organizaciones sociales exigieron “poner como prioridad la vida de la gente y evitar una masacre en las comunidades afectadas por la violencia”; además, solicitaron el acompañamiento de las instancias internacionales, nacionales, locales y comunitarias para garantizar la vida e integridad de la población.
Desplazados por la violencia
En la parroquia La Vega se estaban registrando desplazamientos temporales, desde que la megabanda de la Cota 905 se alió, en diciembre de 2020, a la banda del Mayeyas, que opera en el sector El Carmen de La Vega, y comenzaron a registrase balaceras.
Los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y supuestos delincuentes fueron cada vez más frecuentes desde enero de 2021, luego del operativo policial que dejó 23 muertos, según datos de Provea. Las balaceras se incrementaron en mayo, y se registraron ocho muertes, hasta que el sábado 12 de junio el Estado desplegó otro operativo, en el cual detuvieron a 38 personas.
También el viernes 9 de julio familias se desplazaron desde la Cota 905, El Cementerio y El Valle por temor al operativo policial. Los padres sacaron a los jóvenes por miedo a que se convirtieran en víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales o de que fueran detenidos.
“En diferentes zonas de Caracas hay abandono de viviendas, ventas desesperadas a precios muy por debajo de su costo, lo cual pudiera incidir en el incremento de los indicadores de pobreza en el país. Exigimos la protección de los jóvenes varones de estos sectores y no su criminalización”, dice el comunicado.
Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, explicó que los operativos policiales que se han ejecutado en las zonas populares solo atacan las consecuencias y no las causas.
“Si los operativos no se acompañan de otras medidas los grupos delictivos van a ser sustituidos por otros; además, los recintos penitenciarios no son espacios para la reinserción sino que se han convertido en la escuela de otros delitos. Hay que fomentar la educación en las comunidades y emplear medidas a corto, mediano y largo plazo”.
El comunicado completo puede leerlo aquí.
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