Ya están listas las observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Venezuela, entre ellas que hay limitación al acceso a la información de interés público
Redacción Crónica Uno
Caracas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dio las observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Venezuela, donde manifestó estar preocupado por el “limitado acceso a la información de interés público y la inexistencia de una ley que lo regule”.
El documento resulta de la evaluación hecha por la ONU al Estado sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) el pasado 2 y 3 de junio de 2015.
En las observaciones se recomienda al Estado venezolano, en materia de acceso a la información pública, que debe “adoptar medidas necesarias que permitan el libre acceso a la información, sobre la organización, funcionamiento y los procesos de decisiones de la administración pública”. También se sugiere que se establezcan “mecanismos eficaces de difusión de la información que sea de interés” para la sociedad necesite utilizar estos datos.
En materia de libertad de expresión, el Comité manifestó preocupación porque no hay información sobre las medidas tomadas para impedir limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión e información, por lo que insta al
Estado a que adopte medidas eficaces a fin de eliminar las restricciones a este derecho.
Corrupción y otras hierbas
El Comité señaló que aunque se han adoptado medidas para luchar con la corrupción, está preocupado por la falta de información concreta sobre los resultados de casos que han sido investigados y enjuiciados por este delito. Por esta razón, se insta al Estado a que tome las medidas necesarias para prevenir y combatir la corrupción de acuerdo a los términos establecidos en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y que mejore la transparencia, especialmente en el desempeño de las actividades de la administración pública.
Con respecto a la Defensoría del Pueblo, manifestó que no ha desempeñado su mandato de conformidad con los Principios de París, por lo que urge al Estado a que adopte las medidas necesarias para que el organismo cumpla con estos planteamientos.
En materia de salud sexual y reproductiva, el Comité expresó que es preocupante la elevada tasa de mortalidad materna que, entre otros factores, se debe a la falta de servicios adecuados, así como “al elevado número de abortos inseguros”; también fueron motivo de preocupación “las altas tasas de embarazo en la adolescencia”.
Por ello, instó al Estado venezolano a que tome las medidas legislativas y administrativas necesarias para solucionar el problema de la mortalidad materna. De la misma manera se sugirió revisar la legislación respecto a la prohibición del aborto, para hacerla compatible con otros derechos como el de la salud y la vida y dignidad de la mujer.
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