La familia del joven, de 24 años de edad, solicitó ante la Defensoría del Pueblo que se investigue la cadena de mando de la PNB; que se respete el memorándum de entendimiento entre Venezuela y la Corte Penal Internacional, y exigen la libertad para John y el resarcimiento de los daños para él y su familia.
Caracas. En la casa de la familia Álvarez Peña, cuando alguien está de cumpleaños, no se va a clases o ni se trabaja. Esa es la tradición, casi como la de Navidad o Año Nuevo. Diego –uno de los hijos– estaba de cumpleaños, por lo que su hermano John salió a comprar en la mañana algunas cosas para festejar. El mandado no le tomaría más de 10 minutos.
Pasaron las horas y John no aparecía ni atendía su celular. En casa lo esperaban, pero nunca llegó. A las 10:00 p. m. cantaron rápidamente la canción de cumpleaños y salieron en su búsqueda.
Esa misma noche recorrieron las comisarías de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicadas desde la avenida San Martín hasta Caricuao. Fueron a varios hospitales y visitaron el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) hasta las 5:30 a. m. del día siguiente.
Un conocido de la familia hizo un rastreo al celular de John e indicó que estaba en El Guapo, estado Miranda. Su madre, Wendelin Peña, se preocupó porque pensó que quizás lo había secuestrado alguna banda criminal.
Detenido en la PNB de Los Chaguaramos
Fue hasta el día jueves cuando recibieron una llamada y le informaron que estaba detenido en la comisaría de la PNB en Los Chaguaramos.
Allí, John Kelvin Álvarez Peña, estudiante universitario de 24 años, fue torturado con objetos de madera y recibió descargas eléctricas en los testículos por negarse a incriminar a dos personas por supuesta conspiración en contra del Gobierno, reveló Joel García, parte de la defensa del joven.
Actualmente, se encuentra privado de libertad en la sede de la PNB en La Yaguara, y le imputaron los delitos de “conspiración y asociación”, basado en informes anónimos de contrainteligencia. También, se le vincula al caso de los seis sindicalistas que fueron condenados a 16 años de prisión.
Este miércoles, 6 de septiembre, su madre y su padre, John Álvarez, exigieron la actuación de la Defensoría del Pueblo, ante las denuncias de torturas que recibió su hijo. Wendelin resaltó que en años anteriores John Kelvin perdió un testículo y fue operado, por lo que piden apoyo de las autoridades.
“Nos quedan todavía tres cisternas de lágrimas. No nos vamos a cansar ni de llorar ni de movernos por la libertad de John. Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero John es inocente”.
La madre del detenido relató a la prensa que antes de que denunciara públicamente el caso de su hijo, un inspector de la policía le ofreció un “pacto de amistad”. Le dijo que a cambio de su silencio pondrían en libertad a su hijo ese mismo fin de semana, cosa que no ocurrió.
John Kelvin es estudiante en la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), también está por terminar sus estudios en la carrera de Derecho en la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar), y es miembro inactivo del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela como percusionista. Su madre aseguró que en el pasado formó parte del partido Bandera Roja, pero se desligó.
No corresponde con los hechos
Eduardo Torres, defensa técnica del John Kelvin, manifestó que la acusación del acta policial en contra del estudiante no corresponde con los hechos. Informó que este documento detalla que detuvieron al joven mientras pegaba pancartas y cartelones, “cosa que tampoco es un delito”, según el abogado.
Subrayó que cuatro sujetos armados lo interceptaron cuando estaba en su moto, lo subieron a un vehículo a las 9:30 a. m., le pusieron una capucha y lo “ruletearon” por la ciudad hasta las 5:00 p. m. Asimismo, añadió que las pertenencias de John Kelvin desaparecieron.
Ante la Defensoría del Pueblo piden que se investigue la cadena de mando de la PNB; que se respete el memorándum de entendimiento entre el Estado venezolano y el fiscal de la Corte Penal Internacional, y exigen la libertad para John y el resarcimiento de los daños para él y su familia.
El artículo 46 de la Carta Magna prohíbe la tortura, además, Venezuela cuenta con la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, desde 2013.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también establece que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Violaciones a los derechos humanos desde 2014
El primer informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas indicó que entre 2014 y 2020 en el país se cometieron violaciones graves a los DD. HH; detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
En la presentación de un informe, Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, alertó que las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela son parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población, que pueden implicar crímenes de lesa humanidad.
Las ONG Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón han registrado entre 282 y 319 personas privadas de libertad por razones políticas.
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