Paludismo y tristeza: la lucha que enfrentan 10 jóvenes de la UPEL recluidos en El Dorado

Se cumplen dos meses desde que fueron imputados por un tribunal militar y recluidos en la Máxima de El Dorado. Allí, a más de 1000 kilómetros de distancia de sus familias, atraviesan una situación delicada: se han contagiado con paludismo, tienen gastritis y algunos hasta han deseado morir.

Maracay.  Se han cumplido dos meses desde que el juez militar quinto de control de Aragua, mayor (Ej) Edgar Volcanes, decidió recluir a 22 jóvenes detenidos dentro de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), núcleo Maracay, en dos cárceles para presos comunes y de alta peligrosidad. Una de ellas, la más inhóspita y lejana es el centro penitenciario de Oriente, conocido como cárcel El Dorado, ubicada en el municipio Sifontes del estado Bolívar, a más 1400 kilómetros de la ciudad y en donde residen los familiares de estos jóvenes presos políticos.

El pasado 4 de julio, el tribunal militar quinto de control dictó medida de privativa de libertad y ese mismo día, sin que sus familiares pudieran despedirse, 10 de ellos fueron enviados hasta El Dorado en un avión de la Fuerza Aérea. Allá llegaron muy golpeados, sin la previa revisión médico forense para determinar el grado de lesiones que sufrieron producto de los severos golpes recibidos durante la violenta e ilegal detención dentro del Pedagógico de Maracay en horas de la madrugada del 2 de julio.

A partir de este momento comenzó un viacrucis para sus familiares, quienes 30 días después de la arbitraria detención y  posterior reclusión, fue que lograron verlos por primera vez. De hecho, días después de la reclusión, uno de los jóvenes —de manera clandestina— logró comunicarse telefónicamente con su mamá, para decirle que algunos de sus compañeros estaban severamemte golpeados y que requerían atención médica urgente. Nunca se supo si dentro del penal recibieron la atención necesaria.

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Los jóvenes recluidos en El Dorado, como el resto de los detenidos, provienen de familias muy humildes, muchos de ellos inclusive tienen esposas e hijos y otros tienen a sus padres muy viejos y enfermos que están impedidos de viajar por mas de 20 horas vía terrestre, para visitarlos en la cárcel. A dos de ellos nadie los ha visitado aún. La familia de Boris Quiñones vive en Los Andes y no cuenta con los recursos para trasladarse, mientras que Alex González solo tiene a su madre anciana y postrada en una cama. González es el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UPEL Maracay y cinco días después de su detención recibiría su título universitario.

A partir de ese momento, sus familiares debieron emprender un duro camino. La generosidad de muchos habitantes de Maracay y especialmente del pueblo de Tumeremo, fue trascendental.

Conocida la noticia de la reclusión de los upelistas, se realizaron operativos de recolección de comida, agua potable y algunos enseres que necesitarían los jóvenes durante su permanencia en la cárcel de El Dorado, hasta que se produjera la primera visita.

El alcalde de Sifontes, Carlos Chancellor y el diputado por el estado Bolívar ante la Asamblea Nacional, Américo De Grazia, prestaron todo el apoyo a las familias, quienes antes de emprender el primer viaje, debieron recorrer varios centros asistenciales en Maracay, a objeto de vacunarse contra la fiebre amarilla: requisito indispensable para viajar a la minera y palúdica zona del estado Bolívar.

El costo de estar preso en El Dorado

En las visitas a El Dorado solo se permite el ingreso de mujeres, quienes deben hacer una larga cola y pasar por la humillante y vejatoria requisa. Luego de un viaje en lancha desde Tumeremo a El Dorado, deben recorrer un kilómetro a pie hasta llegar al área en donde están recluidos los jóvenes. En centro penitenciario existen tres edificios y es en el último, conocido como la Máxima, donde permanecen los upelistas. Allí conviven delincuentes de alta peligrosidad, aunque los jóvenes se encuentran separados en una especie de galpón en donde también están detenidos varios sujetos acusados de saqueos y algunos funcionarios públicos que cumplen condena.

Después de 30 días de aislamiento, finalmente las madres, esposas, tías o abuelas de los  jóvenes de la UPEL, pudieron verlos y abrazarlos.

Además del sufrimiento que representa para sus familiares verlos injustamente detenidos, las visitas significan un duro golpe a la ya maltrecha economía familiar. No es fácil obtener los recursos económicos que les permitan, además de viajar hasta El Dorado, cubrir sus gastos de alimentación, hospedaje, amén de la comida e hidratación que deben llevarle a los muchachos.

De acuerdo con las estimaciones calculadas por los propios familiares, se requieren mas de 750.000 bolívares por persona para viajar hasta El Dorado. El régimen penitenciario permite las visitas todos los fines de semana, pero para las familias de estos jóvenes es imposible cubrir los gastos que suponen trasladarse hasta El Dorado cada semana. De allí que no han tenido otra opción que viajar cada 15 días y así tener un poco más de tiempo, para conseguir alrededor de un millón de bolívares y cubir medianamente todos los gastos.

Un viaje de ida y vuelta de Maracay a Tumeremo en unidades de transporte público, cuesta un aproximado de 45.000 bolívares por persona, mientras que en pasajes internos de Tumeremo a El Dorado, por vía terrestre, deben pagar 15.000 bolívares, y 5000 bolívares adicionales por el traslado en Lancha hasta centro de reclusión. Este periplo lo realizan los viernes, sábados y domingos, así que las salidas desde Maracay casi siempre son los miércoles después de mediodía y el retorno, los días martes de la semana siguiente en horas de la tarde.

Eso las obliga a cubrir los gastos de hospejade en Tumeremo, población más cercana a la cárcel. Allí cada familiar debe cancelar un estimado de 70.000 bolívares por una noche en un hotel modesto, además de su alimentación diaria que incluye un desayuno por el orden de los 13.000 bolívares, el almuerzo 25.000 bolívares y la cena otros 15.000 bolívares.

En Tumeremo todo es más costoso. Muy pocos establecimientos usan puntos de venta, así que cualquier viajero debe cargar dinero en efectivo para cubrir sus gastos. Por eso, la mayoría de los artículos y comida que las familias y los jóvenes detenidos requieren durante las visitas, son adquiridos en Maracay y trasladados por autobús en un viaje que tarda más de 20 horas. Hasta que se acerca la próxima visita, sus familias realizan potazos, vendimias, ventas de garaje y solicitan ayuda financiera para cubrir los gastos. En algunos casos, deben sufragar parte de los costos de algún familiar que no tenga lo necesario para el viaje y en los actuales momentos, ante la escasez de dinero en efectivo, viajan con apenas lo indispensable. De hecho, han dispuesto una cuenta bancaria para recibir colaboraciones espontáneas de quienes deseen colaborar.

La cuenta para quienes deseen colaborar es: Banco Occidental de Descuento, cuenta corriente número 0116-0495-1900-2396-1414 a nombre de Lenny Gómez, C.I 12.857.317, correo: angerlyn92@hotmail.com

Los mata el paludismo o la tristeza

La Sociedad Venezolana de Salud Pública registró durante el año 2016, más de 180.000 casos autóctonos de malaria durante el primer semestre y fue el estado Bolívar el que encabezó la lista de las 14 entidades con mayor índice de transmisión de la enfermedad.

La cárcel de El Dorado no escapa a esta epidemia, y a la fecha, tres de los 10 jóvenes ya se contagiaron con malaria. A mediados del mes de agosto, José Saldivia y Alex González fueron los primeros en enfermarse, presentando escalofríos, fiebres muy altas, vómitos y convulsiones. Luego del reclamo de los familiares, les fueron practicadas las pruebas que dieron positivo, pero aun así transcurrieron varias semanas para que Corposalud de Bolívar, a través de Malariología, suministrara el tratamiento. Cabe destacar que el presidente de Centros Universitarios de la Upel Maracay, Alex González, también sufre de una severa gastritis que se le ha agudizado con el régimen de “alimentación” que recibe en el penal.

Es preciso administrar rápidamente, dentro de las primeras 24 horas y después del inicio de la fiebre —explicó la doctora Irma Aguero, miembro del comité de víctimas de la represión en Aragua— un medicamento antipalúdico eficaz y seguro para prevenir complicaciones potencialmente mortales. Es primordial que a estos jóvenes los trasladen a un centro asistencial para recibir el tratamiento antimálarico y determinar las complicaciones que pudieran devenirles por lo tardío en aplicar el tratamiento.

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De acuerdo con el relato de un familiar directo, luego de varios días de presión ante las autoridades, finalmente los inspectores sanitarios se trasladaron hasta la cárcel para realizar las pruebas, en las que incluyeron al resto de la población penitenciaria. Sin embargo, los reactivos resultaron insuficientes, así como el tratamiento requerido.

El tercer upelista contagiado con paludismo es Kevin Rojas, quien desde finales de agosto presentó convulsiones y hasta pérdida del conocimiento. Su madre y esposa, con al apoyo del resto de los familiares, lograron obtener el tratamiento que consiste en el suministro de Cloroquina y Primaquina durante 14 días. Los medicamentos y otros insumos médicos, como soluciones, inyectadoras, antidiarréicos, antiácidos y acetaminofen, entre otros, son el resultado de colaboraciones y donaciones.

Vengo de visitar a mi hijo y lo encontré descompensado, con fiebre muy alta, muy amarillo y con los los ojos rojos. No me reconocía y me dieron la noticia de que mi hijo tiene paludismo mixto, uno de los más peligrosos, dice su madre llorando, a través de un video que circula por redes sociales y en el que responsabiliza al juez militar quinto de control, Edgar Volcanes, del riesgo que corre la vida de su hijo. Katherine Aray, pareja de Kevin, con quien tiene 3 hijos, pide que sea trasladado a un hospital para que reciba el tratamiento adecuado. A Kevin Rojas le diagnosticaron un tipo de paludismo mixto (paludismo falciparum y paludismo vivax).

Varios de sus compañeros —dice Aray— me han comentado que se desmaya por varios minutos y al despertar no tiene noción de tiempo ni lugar.

Para los familiares de los 10 jóvenes recluidos en El Dorado, está latente el temor y la posibilidad de que todos se contagien con la enfermedad.

El Observatorio Venezolano de Prisiones ha señalado en un reciente informe que “no existe atención médica para 75 % de los reclusos en los 40 centros penitenciarios del país, que el personal médico no cumple su horario y algunos detenidos que tienen conocimientos de medicina fungen de enfermeros. A ello se le suma la fuerte escasez de medicamentos, al punto en que a todos los enfermos les suministran una pastilla conocida como ‘la Milagrosa’, de la que se desconoce su composición química.”

Algunos prefieren la muerte

Cuentan los familiares que son pocas las actividades que realizan los jóvenes recluidos en El Dorado. Además de leer y escribir, existe una cancha en donde pueden jugar de vez en cuando. El resto de los días esperan con ansias las visitas familiares que se convierten en un alivio para tanto encierro y olvido.

Apenas son 6 horas al día que tienen para “compartir” con sus familias. Se reúnen en un patio a conversar y comer juntos. En esos encuentros quincenales incluyen a Boris Quiñones y a Alex González, quienes después de 60 días de reclusión no han recibido la primera visita de un familiar directo. Sin embargo, las madres, esposas, abuelas o tías que ya han ido a la cárcel, se han convertido en el apoyo económico y moral de estos dos jóvenes.

Es dificil vivir en ese infierno, pero ellos se apoyan mutuamente. A veces tienen peleas de muchachos, pero es normal cuando el encierro los agobia y los desmoraliza, cuando el tiempo se les pasa sin hacer nada y solo se ven las caras, dice una de las madres.

Duante los largos días y noches que han permanecido en El Dorado, han aflorado muchos sentimientos. Algunos de angustia por la familia propia que han dejado en el desamparo, otros, como Alex González, permanecen retraídos y callados, otros muestran tristeza al creer que nadie los recuerda y otros que inclusive, han pensado en la muerte como una salida de aquel infierno.

Pero en medio de la deseperanza, la mayoría no deja de inquietarse por la situación del país y mantiene su espíritu de lucha.

Cada vez que puede llamarnos, siempre pregunta que cómo está la calle, que cómo está la lucha y me ha tocado decirle la verdad: que esa lucha de calle ya no existe, cuenta el hermano de José Saldivia, el profesor Abel Bandres.

Cada joven tiene derecho a 5 minutos de contacto telefónico con sus familiares cada 15 días y, si se “porta bien”, puede hacerlo semanal.

Ya están al tanto de la solicitud de sobreseimiento, que en la práctica y de acuerdo con los abogados defensores de Foro Penal capítulo Aragua, debería significar su liberación inmediata, a excepción de cinco de ellos.

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Como se recordará, la fiscal militar, Mayor (Av) Katiusca Ochoa Chacón, presentó el acto conclusivo en el que solicita el sobreseimiento a favor de 22 de los jóvenes y simultáneamente presentó una acusación a los otros 5.

La medida de sobreseimiento favorecería a Sergio Guevara, Enyer Matute, Yonaiker Grajirena, Richard Suarez, José González Marrero, Angelo Sangronis, Abraham Quiroz, Kevin Rojas, José Saldivia, Jesús Montilla, Fabio Cordero, Johan García, Lisandro Perdomo, Angel Garrido, César Pérez, Andrés Aguilar, Luis Córdova, Daniel Mota, Sarahi Corso, Estefany Altuve, Estefany Quintero y Dayana Martínez.

En cambio, la fiscal militar presentó una acusación contra los jóvenes Boris Quiñónez y Alex González, ambos recluidos en El Dorado, Kenny Colmenares y Mitchell Sosa, recluidos en la cárcel 26 de julio, en San Juan de los Morros y contra Brigitte Herrada, expresidenta del Consejo Estudiantil para la Educación Especial y a quien el tribunal le impuso arresto domiciliario.

Ahora, conocida la solicitud de sobreseimiento por parte de la fiscal militar y que en teoría el tribunal no debería desconocer, los abogados defensores presentarán durante la audiencia preliminar pautada para el 27 de septiembre, todos los descargos jurídicos para evitar que los 5 jóvenes acusados por la fiscal militar Ochoa Chacón vayan a un juicio.

Las cinco mujeres detenidas, Diana Valencia, Dayana Martinez, Estefany Quintero, Sarahi Corso, Estefany Altuve y Brigitte Herrada, severamente golpeadas durante el allanamiento e inclusive algunas de ellas, víctimas de intento de violación de acuerdo con la denuncia del abogado Martín Lopez, miembro de la comisión de Derechos Humanos de la MUD Aragua, se les impuso arresto domiciliario.

Las manosearon dentro de sus camisas, les abrieron los sostenes. No les quitaron la ropa, pero sí trataron de introducir objetos en sus zonas intimas, denunció en su momento Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano.

A los 27 jóvenes se les acusó de los delitos de instigación a la rebelión, destrucción de fortaleza y violación de zona de seguridad. Este último porque, según los alegatos de la fiscal militar, el Circulo Militar, centro hotelero, social y recreativo abierto a todo público y ubicado a escasos metros del Pedagógico de Maracay, es una fortaleza militar y zona de seguridad.

A diferencia de los demás, a Alex González se le imputó un cuarto delito: sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Si fueron arrestados dentro de la universidad, ¿Cómo se puede decir que estaban destruyendo una fortaleza o que violaron una zona de seguridad?, se preguntó el coordinador regional de Foro Penal, Dimas Rivas.

El pasado 2 de julio, en horas de la madrugada y luego de un permanente asedio policial y de grupos civiles armados, sujetos encapuchados y vestidos de negro, irrumpieron violentamente en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, núcleo Maracay. Allí, un grupo de jóvenes que se mantenía en resguardo dentro de las instalaciones, en el marco de las protestas que por varias semanas se escenificaron en la avenida Las Delicias de Maracay, fue golpeado, vejado y detenido. Luego se supo que los aprehensores eran funcionarios policiales. Los jóvenes fueron llevados a la comandancia general de la Policía de Aragua, en donde se instaló un tribunal militar que decidió encerrarlos en dos de las cárceles más peligrosas del país.

Fotos: Cortesía


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