Personas con discapacidad motora pasan las de Caín por falta de atención del Estado

Deben lidiar con la falta de agua potable, los que pueden desplazarse en sus sillas de ruedas cargan los botellones en las piernas. Fluctuaciones eléctricas han dañado sus electrodomésticos de entretenimiento. El beneficio del Clap lo reciben cada mes y medio. No cuentan con centros de salud que les brinden atención para terapias, ya muchos empiezan a sentir los embates de las escaras por falta de movilidad.

Valencia. De acuerdo con las estadísticas que lleva la Fundación Ruedas de la Felicidad Venezuela (FRFV) capítulo Carabobo, en la entidad hay unas 150.000 personas con discapacidad motora. De esa cifra, 85 % puede laborar, sin embargo, en tiempos de cuarentena por COVID-19 muchos trabajan sin las medidas de prevención.

César Heredia, coordinador regional de la FRFV, sostiene que las personas con discapacidad motora están en riesgo por ser una comunidad vulnerable. Deben desplazarse en sillas de ruedas maniobradas por ellos mismos que pasan por calles repletas de desechos y tienen que lidiar también con las constantes fallas de agua potable.

Daniel Vargas tiene 34 años de edad, desde hace cinco es parapléjico luego de que en el barrio que reside al sur de Valencia se presentara un intercambio de disparos entre bandas delictivas y él quedara en la línea de fuego cuando intentaba buscar a sus tres hijos para resguardarlos. De ser un hombre activo que trabajaba como mototaxista fue confinado a una cama. La crisis económica lo arropó y no pudo costear su tratamiento, por lo que tuvo que vender todos sus enseres.

En su vivienda solo queda una cocina a gas pero desde hace tres meses su madre no puede cocinar en ella porque no les ha llegado la bombona. Apenas tienen improvisada una cocina eléctrica, es una hornilla que descansa sobre dos bloques y es alimentada de electricidad por un cable. Tiene un televisor que por las fluctuaciones eléctricas ya presenta fallas, solo lo enciende dos horas durante la noche para que sus hijos se distraigan.

Daniel dijo a Crónica.Uno que no recibe el servicio de agua potable por los grifos. Su madre tiene que caminar 10 cuadras diariamente para llenar algunos tobos. En ese lugar nadie guarda el metro de distancia y muchos van sin tapabocas. “Mis hijos se lavan las manos, tratamos de tener todo limpio, lo hacemos con agua para prevenir el coronavirus”.

Con la falta de transporte por la falla de combustible que se presenta en la entidad desde el 12 de marzo ha mermado el servicio de transporte público, no han podido ir al Centro Diagnóstico Integral de Trapichito para ver si han llegado medicamentos. En el hogar de Daniel viven cinco personas, no tienen ingresos económicos, pues su madre se dedica a atenderlo diariamente. Hasta hace un año tenían una bodega en la vivienda. El beneficio del Clap lo reciben cada mes y medio.

Vendíamos teticas de café, azúcar, sal, aceite y pan. Con la falta de dinero en efectivo se nos fue enfriando la mercancía. Aquí no hay buen Internet y muchos no tienen teléfonos inteligentes, por eso no me funcionó cobrar en pago móvil”, relató.

Yorman Moreno improvisó hace un año y medio un criadero de gallinas ponedoras, diariamente lo abastecen de 60 huevos, que él vende a los vecinos del sector Trapichito al sur de Valencia. Desde el 16 de marzo que se decretó la cuarentena social para prevenir la propagación del COVID-19 en Venezuela, este hombre que lleva ocho años con discapacidad motora, luego de recibir un disparo cuando lo despojaron de sus pertenencias, asegura que la crisis económica se ha acentuado.

A Yorman se le hace cuesta arriba continuar con el mantenimiento de sus gallinas, el saco de alimento para  “ponedoras” cuesta alrededor de 80 dólares. El espacio donde tiene dispuestas sus aves es justo en el frente de su casa, les tiene sistema de bebedero y de alimentación.

Yo vendía el cartón de huevos en 450.000 bolívares. Ahora con esa subida del dólar no sé en cuánto voy a poder vender y si me lo van a comprar”, manifestó.

Yorman puede maniobrar su silla de ruedas, la falta de agua potable lo obliga a recorrer más de medio kilómetro para abastecerse del líquido. Hace la cola y lleva el botellón en las piernas. Comparte travesía con otras tres personas con discapacidad motora que residen cerca de su vivienda. Hace todas estas labores en plena recuperación de una escara que se le formó en la parte baja de la espalda. No pierde el entusiasmo y la energía. “Si yo pude hacer este proyecto y estoy en silla de ruedas, todos pueden buscar soluciones “.

Algunos pacientes con discapacidad motora deben usar bolsa de colostomía, que cuesta unos 20 dólares y les funciona por al menos cinco días. El kit de sondas urinarias y bolsas de recolección tienen un costo de 15 dólares y les dura unos 15 días. Muchos no tienen los insumos para costearlo.

16,7 % cuentan con agua potable

Mediante una encuesta aplicada por el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos en 10 ciudades de Venezuela, que incluyó a Valencia, capital del estado Carabobo, reflejó que 16,7 % de los encuestados reciben el servicio de agua potable de manera continua en sus hogares, aun cuando 91,8 % del total de la muestra señaló tener acceso a tuberías, según datos obtenidos en 2019.

César Heredia, presidente FRFV, recalcó que el servicio de agua potable es vital para que las personas con discapacidad motora bajen los riesgos de la exposición de contagio del COVID-19. Hasta la fecha no se han registrado casos positivos en el estado Carabobo.

Además hizo un llamado al Estado venezolano para que garantice la integración para las personas con discapacidad y se habiliten los centros de salud para apoyar en las terapias pues es una población que corre alto riesgo de contraer infecciones urinarias y desarrollar escaras. En las instituciones públicas no hay insumos para atenderlos.

También resaltó que se debe velar por el derecho a la alimentación proporcionada por el Estado para que las personas con discapacidad que no salen a trabajar tengan alimentos.

La Red Mundial contra las Crisis Alimentaria ubica a Venezuela como el país con la cuarta crisis mundial de alimentación durante 2019. El informe señala que esto podría empeorar, al igual que en el resto del mundo, como consecuencia de la pandemia por COVID-19.