Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, dijo que el oficialismo apuesta por desincentivar el trabajo de las ONG. El proyecto de Ley de Cooperación Internacional es inconstitucional, según el abogado.
Caracas. Si el parlamento oficialista aprueba el proyecto de la Ley de Cooperación Internacional (PLCI), afectaría a las organizaciones de derechos humanos y “en cadena” a los sectores más vulnerables del país, explicó Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB).
“Si se plantean procesos de ilegalización de las ONG y se reduce el espacio cívico, va a implicar que muchas organizaciones no puedan trabajar. El problema de eso es que terminan siendo afectadas iniciativas como comedores en zonas populares”, dijo el abogado a Crónica.Uno.
Para Trujillo, es preocupante que el gobierno de Nicolás Maduro pueda usar un texto legal como “herramienta caprichosa para la persecución de organizaciones”.
A su juicio, desincentiva el trabajo y la creación de nuevas organizaciones porque plantea un sistema de registro paralelo para el financiamiento de diversas asociaciones.
De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos la ley, que actualmente se debate en la Asamblea Nacional (AN), podría prohibir las operaciones de asociaciones que actuaran en contra del gobierno de Maduro si así lo considerara el sistema judicial.
Artículo 26 de la Ley de Cooperación Internacional:
Serán sometidas a evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva todas aquellas organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que realicen actividades de cooperación internacional en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela que, de manera directa o indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República.
El pasado miércoles 18 de mayo más de 500 organizaciones de la sociedad civil cuestionaron el proyecto de ley. Insisten en que el instrumento legal “cierra la cooperación internacional”.
Es ilegal y anticonstitucional
Las diversas organizaciones han advertido de la ilegalidad de este borrador, argumentando que busca restringir la libertad de asociación.
El análisis jurídico de la organización Acceso a la Justicia expuso que el PLCI “no establece condiciones para la cooperación internacional con organizaciones de la sociedad civil ni establece límites a la misma y, por el contrario, obliga al Estado a facilitarla”.
Alí Daniels, director del observatorio, expresó “pone en evidencia un patrón sistemático de cerco a las organizaciones al establecer requisitos de imposible cumplimiento”.
Esta ley obligaría a iglesias, universidades, asociaciones y todo tipo de instituciones a ingresar a un registro más para poder recibir financiamiento internacional.
Como antecedente en 2021, la AN intentó imponer las Providencias 001 y 002 que establecían que las organizaciones debían mantener todos sus registros al día.
“El detalle está en que todas las organizaciones que han intentado mantener sus registros al día en el registro público, les han dicho que hay una orden que de a todo lo que tenga que ver con las organizaciones civiles y las fundaciones se paralice. Ahí está la trampa”.
Aunque la implementación de estas providencias no han tenido efecto, Daniels considera que se esperarían las mismas consecuencias de aprobarse el PLCI: “El Estado pide cosas que él tiene, pero al mismo tiempo te las niega”, resumió.
Dar a conocer las ONG
En vista de las amenazas que enfrentan las ONG venezolanas, el CDH-UCAB ideó la campaña “365 días trabajando por tus derechos”, una iniciativa comunicacional que busca visibilizar el trabajo de dichas organizaciones en sectores populares.
La campaña distribuirá en comunidades de Caracas 40.000 almanaques con los datos de organizaciones defensoras de garantías fundamentales.
Además, se realizarán clases magistrales a lo largo del segundo semestre del año. En varias localidades de la capital ofrecerán información acerca de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución y en tratados internacionales.
Por otro lado, ofrecerán orientación respecto al trabajo de más de 200 organizaciones que defienden de los derechos civiles, políticos, económicos, y ambientales en Venezuela.
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