Salazar Carreño, primo del exembajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez; y el empresario José Enrique Luongo, detenido el pasado sábado, están a la orden del tribunal sexto de control de Caracas, los acusan por los delitos de legitimación de capitales, asocación para delinquir y corrupción impropia.
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En un mensaje divulgado antes de su detención, el exministro de Petróleo dijo que Maduro le manifestó que no cayera en “guerra psicológica” ante los rumores que habían en su contra.
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El fiscal designado por la ANC acusa a los expresidentes de Pdvsa de peculado doloso, legitimación de capitales y daños a la industria petrolera.
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El texto aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, según los expertos, en realidad no puede considerarse una Ley pues esta instancia no tiene postestades para crear leyes y en la normtiva venezolana no existen las “leyes constituyentes”.
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El fiscal general designado por la ANC indicó que fueron detenidos 6 “altos rangos” de la industria por estar incursos en un “desfalco” a la nación.
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Para el abogado este texto castiga la libre expresión del pensamiento. Agrega que “pretende reprimir de manera sistemática, planificada y masiva las expresiones de oposición política”.
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