El tribunal hemisférico, Corte IDH, no obstante, celebrará el próximo 26 de enero una videoconferencia para escuchar los alegatos relacionados con este caso de ajusticiamiento policial, ocurrido en 2003 en la ciudad de Punto Fijo (Falcón).
Caracas. La pandemia del COVID-19 no solo ha impactado la economía global, sino también la justicia internacional. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) decidió no celebrar la audiencia oral y pública en la que escucharía los alegatos relacionados con el caso del ajusticiamiento policial cometido en 2003 contra de Jimmy Guerrero, debido a que “la situación originada a causa del coronavirus (…) conlleva obstáculos notorios para llevar a cabo el acto” y “resulta incierto el momento en que dichos obstáculos, que constituyen razones de fuerza mayor, podrán ser subsanados”.
La decisión la adoptó la presidenta del tribunal hemisférico, la magistrada costarricense Elizabeth Odio Benito, en una resolución firmada en octubre pasado, en la cual no obstante acordó que el 26 de enero de 2021 celebrará una videoconferencia en la que los representantes de la víctima, el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su función de acusadora, podrán exponer sus puntos de vista.
La presidenta de la Corte parece haber tomado en consideración la opinión del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic) y del abogado Carlos Ayala Corao, quienes representan a la familia Guerrero; y los cuales sostuvieron que la audiencia es “un espacio en sí mismo reparador” para las presuntas víctimas, y que es la voluntad de estas poder “ser escuchadas por primera vez por un Tribunal independiente y autónomo”.
Sin embargo, los representantes de la familia Guerrero solicitaron al juzgado que les diera “tres meses” para preparar la infraestructura necesaria para poder celebrar el acto a distancia. La crisis de los servicios públicos, en particular las constantes y prolongadas fallas en el suministro de energía eléctrica y de conexión a Internet, dificultan la posibilidad de que los parientes de la víctima puedan exponer sus alegatos ante los magistrados.
Sin señales
Pese a que las autoridades han participado en este proceso e incluso en la fase que el mismo estuvo en la Comisión Interamericana reconocieron que han sido incapaces de castigar a los autores del ajusticiamiento de Jimmy Guerrero, con lo cual admitieron su “responsabilidad internacional”, ningún funcionario ha confirmado que participará en la videoconferencia.
Aunque en 2013 se materializó la denuncia, la Convención Americana de Derechos Humanos en 2012 y Venezuela dejó de estar bajo la jurisdicción de la Corte ese año, el juzgado con sede en San José (Costa Rica) aún puede conocer casos de presuntas violaciones a las garantías fundamentales ocurridas en el país mientras el mismo formó parte del tratado internacional y este es uno de ellos.
El ajusticiamiento de Jimmy Guerrero y de su tío, Ramón Molina, ocurrió el 29 de marzo de 2003 en la ciudad de Punto Fijo (Falcón). Las víctimas se detuvieron a comprar unas bebidas y en ese momento fueron interceptados por unos agentes de la Policía del estado Falcón, los cuales les dispararon en varias ocasiones. En los meses previos a ser asesinado Guerrero, quien era taxista y comerciante informal, denunció en al menos seis ocasiones ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo haber sido víctima de amenazas, hostigamientos y detenciones arbitrarias por parte de uniformados, pero dichos organismos no tomaron cartas en el asunto.
Este es el cuarto juicio internacional que Venezuela debe enfrentar por este tipo de crímenes y el segundo ocurrido en el estado Falcón. En 2012 la Corte ya declaró culpable al Estado por segar la vida a Néstor Uzcátegui, un joven de 21 años, que fue asesinado en la casa de su abuela el 1° de enero de 2001, por presuntos miembros de la Policía regional.
Las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una práctica habitual y recurrente por parte de los organismos de seguridad venezolanos y pese a que instancias como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han alzado su voz, las mismas continúan. Solo en los primeros seis meses de 2020, 1611 personas perdieron la vida en manos de quienes deberían protegerlos, es decir 9 personas por día, según datos de una investigación realizada por el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas Centro Gumilla y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
La mayoría de las víctimas son jóvenes en situación de pobreza, entre 18 y 30 años de edad.
Participa en la conversación