De acuerdo con Ángela Villafranca, responsable de gestión de los casos en la organización Cecodap, los allegados a los menores de edad que sufren alguna vulneración de sus derechos evitan denunciar para no quedar expuestos y evadir situaciones que comprometan su integridad.
Caracas. Las personas no consideran la denuncia como una herramienta de protección. Carlos Trapani, coordinador general de la organización Cecodap, expuso que el miedo, la desinformación, la desesperanza, la dificultad de acceso a organismos públicos, el mal trato y las experiencias negativas previas en instituciones estatales son algunos de los factores por los cuales no se denuncia.
Según el informe Somos Noticia, capítulo de vulneraciones de los derechos del niño, niña y adolescente, al menos 52,94 % de las víctimas desistieron de reportar casos en el sistema de protección; 46,87 % en el Ministerio Público y 9,08 % en otras dependencias del Estado.
Desconfianza y miedo
Ángela Villafranca, responsable de gestión de los casos en Cecodap, explicó que los allegados a los menores de edad que sufren alguna vulneración de sus derechos, evitan reportar para no quedar expuestos. Así, buscan evadir situaciones que comprometan su integridad.
Añadió que las denuncias no son formalizadas por desconfianza en las instituciones del gobierno. También por el miedo a recibir nuevos ataques de los victimarios. Otro de los motivos de la falta de insistencia en denuncias es la carencia de respuestas. Villafranca aseguró que las personas se cansan de ir a diferentes sitios y no ser atendidas, o desisten de la causa porque el caso avanza.
“A un vecino que escucha que a la niña de al lado el padre la está golpeando, casi que a diario, le da miedo hablar. Quizás porque el papá de la vecina es miembro de algún cuerpo de seguridad, y dice que estaría arriesgando su vida. Entonces, por eso no se mete”, contó Villafranca.
Derechos vulnerados
El informe revela que, entre abril de 2021 y marzo de 2022, Cecodap recibió en su servicio de atención jurídica a 673 personas, 260 beneficiarios más en comparación al 2020. Este aumento demuestra que aun los niños están expuestos a situaciones de violencia, inseguridad y abuso sexual.
Entre los tres tipos de vulneraciones más frecuentes está el derecho a la integridad personal física y psicológica. En estos se incluyen casos de abuso sexual, maltrato, violencia física, acoso escolar y castigo físico. Madres y padres, presuntamente, son los principales agresores.
La educación fue otro derecho vulnerado, de acuerdo con la investigación. La mayoría de los casos tenían relación con la discriminación respecto a los pagos en los colegios privados y el bajo nivel educativo. El derecho a la familia o instituciones familiares, que tiene que ver con el régimen de convivencia familiar, manutención y custodia, también fue otra vulneración.
Igualmente, se corroboró que los principales agresores fueron las madres y los padres, sin dejar de lado que las autoridades educativas y el propio Estado (alcaldías, registro civil, sistemas de protección, ministerios, defensa pública, revisiones en el CICPC) también se constituyen como agresores, pues sus actuaciones u omisiones incumplen lo que está establecido en el marco jurídico.
“El reto del sistema de protección es evitar la vulneración. El Estado debe hacer un esfuerzo para incrementar la prevención, promoción, difusión, y brindar mayor cultura civil a los padres y cuidadores”, indicó Trapani.
Interior del país
Por otro lado, el abogado alertó que los niños residentes en el interior del país tienen mayores riesgos de vulneración y déficit de programas y servicios. Detalló que la mayoría de los casos atendidos (84.69 %) provienen del Distrito Capital, Miranda, Aragua y La Guaira.
Los registros en el interior están por debajo de 5 %, no porque su afección sea menor, sino porque tienen mayor dificultad de acceso al apoyo y soporte jurídico.
Trapani hizo énfasis en que Cecodap quiere promover “una cultura de derecho y espacios de convivencia” para que cada niño pueda ejercer todos sus derechos de forma integral. Igualmente subrayó que tener derechos en la ley no basta. “Se necesitan los mecanismos, las políticas, los programas y servicios para hacerlos realmente efectivos”, concluyó.
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