Precios de algunos productos se estabilizan en dólares desde 2019 tras relajación de controles

Entre 2015 y 2018 la población se enfrentó a largas colas para acceder a productos básicos que estaban regulados y escaseaban. Desde 2019, justo cuando se relajaron los controles de precios, se evidencia estabilidad en el costo de algunos alimentos, por ejemplo, el kilo de pasta comestible se mantuvo alrededor de $2 en 2018, mientras que en 2019, 2020 y 2021 se consigue alrededor de $1.

Caracas. Hace menos de tres años adquirir productos esenciales como leche, papel higiénico o harina de maíz precocida significaba para los venezolanos un tormento. Era salir a la calle en busca de bienes de primera necesidad sin saber si se encontrarían, pues para acceder a ellos había que hacer largas colas en supermercados y abastos que vendían por el terminal de número de cédula o comprarlos a los revendedores por encima del precio marcado. La escasez de estos artículos tuvo picos en ese periodo donde arreciaban los controles de precios amparados en la Ley Orgánica de Precios Justos y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), creados en enero de 2014.

Cálculos elaborados por Crónica.Uno muestran cómo a partir de 2019, justo cuando los controles comenzaron a ser más laxos, los precios de algunos productos alimenticios empiezan a estabilizarse en dólares, tanto a la tasa oficial como paralela. Algo que no se evidencia en 2016, 2017 y 2018, donde los precios varían de manera exorbitante al ser calculados en bolívares o dólares. Pero no solo los precios de alimentos se han mantenido de alguna forma, la tasa del tipo de cambio también muestra cierta estabilidad desde entonces, lo que permite ver alguna similitud en los valores de los productos.

El año que muestra mayores distorsiones de precios es 2017, en ese momento un kilo de harina de maíz precocida costaba 28.500 bolívares, calculado en dólares a la tasa oficial su valor era de $8,52, mientras que al cambio paralelo llegaba a $0,27. Pero en ese momento imperaba el control de cambio y los productos se pagaban con bolívares, también a finales de 2017 el país entró en hiperinflación, lo que hizo que los precios de los bienes y servicios aumentaran rápidamente. Desde 2019 hasta lo que va de 2021 el kilo de una harina de maíz precocida se mantiene alrededor de un dólar, incluso cuando se calcula a la tasa oficial o paralela. 

El economista y profesor universitario Ronald Balza dice en conversación con Crónica.Uno que los controles de precios introdujeron varias distorsiones para los consumidores, por ejemplo, amplias brechas en los precios en el mercado oficial y negro, largas colas y posibilidad de estafa, pues al comprarle a los revendedores los productos podían estar deteriorados o mal conservados. “Se generaba una serie de otros problemas, además de la amenaza permanente para los comercios que los vendían”. 

En ese periodo abundaban las amenazas a la industria privada por parte de las autoridades. Por ejemplo, en diciembre de 2017 la Sundde fiscalizó supermercados y establecimientos independientes y les ordenó llevar los precios al valor que tenían el 15 de diciembre. La medida hizo que la gente saliera desesperada a pescar productos baratos. Muchos anaqueles ya lucían vacíos antes del anuncio. Incluso era habitual ver estantes enteros llenos con refrescos de un solo tipo para tapar la escasez. Ese mismo año el mandatario Nicolás Maduro ordenó a las industrias de alimentos y de artículos de higiene destinar 70 % de su producción a los Clap. 

Un año más tarde, en junio de 2018, el Gobierno anunció que llevaría a cabo el Plan 50 con el que aspiraba fijar los precios a una decena de productos. Gremios del sector de alimentos manifestaron que era “imposible” congelar los precios en hiperinflación. La medida se aplicó con retraso y los precios fijados eran cada vez más razonables a lo que exigían las industrias. Durante ese año el entonces vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami, amenazó con: “Empresa que no respete (los precios acordados) le caerá todo el peso de la ley”. 

El Aissami dijo en junio de 2018 que con el Plan 50 buscaban escuchar a los empresarios y los invitaba a “jugar limpio”. Además, indicó que “nadie justifica cómo en 24 horas cambian entre tres y cuatro veces los precios de los productos”. Pero fue justo en ese año cuando la nación experimentó el peor ciclo de la hiperinflación que se mantiene en el país desde finales de 2017. En 2018 la inflación llegó a 130.060 %, por encima de la del año anterior que se ubicó en 2873 % y los precios de bienes y servicios subían constantemente. 

Los meses siguientes el Gobierno dejó de hablar del Plan 50 y de controles de precios. A pesar de que la Sundde no ha parado las fiscalizaciones en los comercios, las autoridades comenzaron a mostrar un tono más conciliador con la empresa privada desde 2019 y aplicaron ciertos cambios en su política económica que se tradujeron en una relajación de los controles. Algunos economistas consideran que el cambio se debe al colapso de la industria petrolera y, por ende, la disminución de las arcas del Estado, lo que los ha obligado a ser más pragmáticos. 

El economista Alejandro Grisanti considera que a pesar de que empiezan a aplicarse algunas leyes de mercado, lo que ve “es una estabilidad de la miseria”, que no se transformará en crecimiento económico. “Es necesario volver a traer las libertades económicas a las que tienen derecho los venezolanos para intercambiar bienes y servicios de manera sana. Es necesario desmantelar de manera legal todos estos controles de precio y de cambio, que no permiten invertir y tener ciclos sanos de crecimiento. Hoy pareciera que es así, porque el Gobierno se hace la vista gorda de los controles de precio y de cambio, pero hace falta la parte legal para generar la confianza; el Gobierno lo hace por necesidad pero no por convicción”, dijo en un foro organizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas el 23 de junio. 

Los precios de los alimentos no son los únicos que se han ido ajustando a valores más estándar. En junio de 2020 el Gobierno elevó el precio de la gasolina a $0,50 y dejó otro de venta subsidiada en Bs. 5000. Las tarifas de aseo, servicios de telecomunicaciones y electricidad también comenzaron a liberarse. El presidente de Inter, Eduardo Stigol, dijo este mes en una nota de prensa que desde que se comenzó la sinceración progresiva de las tarifas con Conatel todas las compañías de telecomunicaciones están invirtiendo en sus redes para optimizar el servicio de Internet, televisión por suscripción, satelital y telefonía.

Para Balza, la formación de precios en Venezuela está atada en buena parte al contexto. Explica que hay condiciones adversas para producir en el país que influyen en el costo de bienes y servicios. Por ejemplo, las fallas de los servicios públicos, transporte, inseguridad en los campos o la escasez de combustibles, que inciden en que los bienes puedan costar por encima de cualquier otro mercado. Cita por ejemplo, que los precios en dólares no se mantienen estables en todos los productos. “¿Por qué algunas empresas producen a precios que suben incluso en dólares?, allí son diferencias específicas de cada una, por ejemplo, dónde importan la materia prima, por qué vía la procesan, eso explica los costos de las empresas. ¿Qué ha pasado con la demanda?, a medida que los bienes van subiendo menos personas lo compran”, dice el economista. 

Otro artículo como el vino, que no entra en la categoría de bienes esenciales, también se estabiliza y muestra las marcadas diferencias de precios que se mantuvieron entre 2016 y 2018. Por ejemplo, en 2016 costaba $14,25 calculado a la tasa oficial y llegaba a $3 si se mide por el dólar paralelo. En 2017 se ubicó en $59,79 a la tasa oficial y en $1,77 a la tasa paralela. A partir de 2018 muestra precios más estables alrededor de $3 y $4. Actualmente, en cualquier supermercado o licorería una botella de vino puede costar desde cuatro dólares, un precio estándar en otros mercados.

En este momento donde los anaqueles se ven abastecidos y hasta es posible conseguir diferentes marcas de un mismo producto. Balza se interpela sobre la demanda. Si bien hay más flexibilidad en cuanto a la Ley de Precios Justos también las autoridades han llevado a cabo una política de importaciones de bienes terminados con la exoneración de impuestos, lo que ha servido para que marcas foráneas llenen los estantes de los supermercados. El especialista indica que en Venezuela los costos de los productos podrían ser más elevados por las dificultades para producir. “Uno podría incluso ver que aunque el precio en dólares no suba, podría ser más bajo si hubiese un contexto menos difícil”, apunta

Pero las compañías también deben lidiar con la inflación y el rezago en el tipo de cambio. Un informe reciente de Aristimuño Herrera & Asociados señala que la dinámica inflacionaria ha distorsionado los precios relativos de la economía. “Si bien en los últimos años progresivamente hemos visto un equilibrio en algunos precios de bienes en dólares en Venezuela, principalmente en el sector alimentos y de electrodomésticos, por las menores presiones parafiscales de importación, aún vemos mucha confusión en el concepto de dolarización de precios, con la cobertura al 100 % sobre la inflación”.

En 2020 Aristimuño Herrera & Asociados calcula que el poder de compra en dólares disminuyó un 40 %, porque la inflación fue 2959 %, contra la variación de tipo de cambio paralelo en 1733 %. “Esto crea un desfase de los precios en dólares”, asegura la firma.

A pesar de las distorsiones que provoca la inflación los precios de algunos productos se mantienen estables incluso desde 2018. El kilo de pasta comestible se mantuvo alrededor de dos dólares en 2018, mientras que en 2019, 2020 y 2021 se consigue alrededor de $1. A diferencia de 2016 y 2017, cuando llegó a costar $3,93 y $23,28, respectivamente, calculados a la tasa oficial. El tipo de cambio oficial entonces también mantenía una tasa controlada. Entre 2016 y 2017 operaron varios esquemas cambiarios, uno de ellos el sistema Dipro, que regía las operaciones de importación hechas a un tipo de cambio subsidiado de 10 bolívares por dólar, allí entraban las compras de alimentos y medicinas.

Luego entró el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom) con subastas semanales, que a pesar de prometer compraventa de divisas a una tasa fluctuante esta resultó muy por debajo del mercado paralelo. En 2017 el dólar oficial cerró en 3345 bolívares, mientras que el paralelo lo hizo en Bs. 112.800. En enero de 2018 el Gobierno eliminó la tasa Dipro y meses más tarde desmontó el control de cambio, lo que permitió la circulación de monedas extranjeras. Actualmente, la mayoría de los precios de bienes y servicios están marcados en dólares y alrededor de 70 % de las transacciones se hacen con esa moneda.  

“Que no haya esa diferencia tan marcada entre el tipo de cambio oficial y paralelo hace que haya menos oportunidades de corrupción en la distribución de las divisas. En el boom petrolero, hubo mucha distorsión; esa corrupción pudo facilitar la fuga de divisas limitando la inversión. Pero una cosa es que se muevan juntos y otra es la velocidad a la que se mueven, eso no basta para lograr estabilidad cambiaria, porque el bolívar pierde valor”, explica Balza sobre la situación actual de Venezuela, donde tanto la tasa oficial como paralela se mantienen casi al mismo ritmo desde 2018.

Los anaqueles llenos también interpelan otra realidad que se profundiza desde 2017: la desigualdad y el empobrecimiento de la población. Que haya mayor oferta de productos esenciales no necesariamente significa que hay más demanda. 

El economista Ronald Balza explica que es difícil saberlo porque el Instituto Nacional de Estadística dejó de publicar cifras sobre el consumo. “Al ver que un precio no sube puede deberse a varias cosas, no solo a que cayó la oferta o que la oferta aumentó más que la demanda. Que no haya controles en estos momentos ayuda a ver por qué no hay esas diferencias tan marcadas de precios entre un local formal y la calle, esas distorsiones no las vemos ahorita, yo puedo presumir más que cayó el consumo más que la oferta, pero no tengo cómo probarlo, aunque la Encovi muestra el empobrecimiento de la población, que no haya escasez no significa que haya alimentación en las casas”, dice.

El “pragmatismo” del Gobierno también se tambalea algunas veces, por ejemplo, en abril de 2020 las autoridades anunciaron la ocupación del consorcio Coposa por 180 días y la venta supervisada de las empresas Alimentos Polar, Plumrose y el Matadero Industrial de Turmero. La situación revivió el temor de que regresara la escasez de productos esenciales. El primer fin de semana luego de los anuncios algunos supermercados tenían colas y la gente rechazaba que se volviera a las ventas por número de cédula y las colas. Pero a los pocos días la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) exigió al Gobierno revertir las medidas y otros gremios empresariales también reaccionaron en contra. A las semanas el Gobierno dejó de publicar la lista de precios de 27 artículos.

El mismo Mandatario Nicolás Maduro dijo esta semana en una entrevista con un medio internacional que “han tenido que tragar grueso, poner la cabeza fría y desarrollar un conjunto de políticas que permitan que las fuerzas productivas del país tomen curso”, pero que algunas medidas son temporales y que el modelo económico está bien definido “en el proyecto nacional Simón Bolívar y en el Plan de la Patria 2025”.

Para Balza, Venezuela no puede estar en el mejor escenario porque no hay posibilidad de acceder a crédito, no hay presupuesto nacional y la banca se encogió. “No estamos en el mejor momento para nada, estamos con un problema menos que es no tener el control de precios y de cambio, pero seguimos con los demás, aquí aún no se puede planificar el futuro”.


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