Sin defensa privada y condiciones paupérrimas de detención, así dice la activista de DD. HH. Angélica Ángel que es la situación de los 32 privados de libertad en Mérida, tras las protestas postelectorales de los días 29 y 30 de julio.
Mérida. A 32 ascendió el número de detenidos en Mérida, luego de las protestas postelectorales de los días 29 y 30 de julio, según la última actualización de la ONG Foro Penal de este 8 de agosto.
Angélica Ángel, activista de derechos humanos DD. HH., ha hecho seguimiento de forma independiente a estas detenciones en el estado e indicó a Crónica.Uno, las complicaciones que viven las familias de los privados de libertad.
“Han pasado días muy complicados, algunos tienen miedo, otros tienen esperanza y la verdad no es justo todo el trabajo que pasan tanto los detenidos como sus familias”, dijo Ángel.
La activista sostiene que la mayoría residen en el sector La Milagrosa, una zona popular del municipio Libertador de Mérida.
Casi todas las familias de los detenidos son de escasos recursos y la verdad, los vi pasándola tan mal que decidí sumarme y ayudarlos. Recolecté varios mercados a quienes quisieran donar y se los llevé”, comentó.
Ángel reiteró que a los detenidos los mantienen en condiciones deplorables y les dan trato inhumano. Los familiares solo los han podido ver dos veces desde sus detenciones en la sede de la Guardia Nacional Bolivariana en el sector La Mata de Mérida.
“Tampoco les han dejado ingresar comida a las personas privadas de libertad en el centro de detención. Solo los familiares lograron esto dos veces, de resto, se quedan con las viandas en las manos, eso es muy triste”, dijo.
El pasado 5 de agosto, trasladaron a 10 adolescentes desde la sede de la GNB en La Mata hasta el Idenna en la avenida Urdaneta. Según un post en X del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, estos fueron forzados a arrodillarse para ser cubiertos por los efectivos de seguridad.
Al igual que en otros estados del país, el Observatorio de Derechos Humanos, ODH-ULA, y el Foro Penal no pueden ejercer como sus defensores privados. Los tribunales solo admiten la defensa pública.
Orden de Estado
La activista comentó que desde el pasado 29 de julio no se ha permitido al ODH-ULA ni al Foro Penal, ser la defensa privada de los detenidos, ni siquiera han podido entrar a las audiencias preliminares desarrolladas vía telemática.
El Estado les asignó abogados a los detenidos y les ordenaron renunciar a los abogados que venían siguiendo el caso y pertenecían a estas dos organizaciones”, explicó.
Angélica Ángel conversó con uno de los familiares de un detenido y contó que pasar por esta situación es una montaña rusa de emociones.
Es muy estresante porque este familiar me comenta que cada vez que va al centro de detención le dicen en tono burlesco o muy intimidante los funcionarios a ellos ‘¿Pero usted sabe quién es su hijo? ¿Sí es él?’ como queriendo sembrar dudas y confusión”, comentó.
Familiares que se desempeñan como trabajadores públicos también son señalados como terroristas. Ángel manifestó que el miedo se mantiene entre los parientes de los detenidos.
“Después de recolectar los mercados para los familiares de los privados de libertad y llevarlos al sector de La Milagrosa, hubo un caso en que no pude entrar ni siquiera a la casa porque es trabajador público y lo acusaron de vendepatria y terrorista, le quitaron la bolsa del Clap”, señaló.
Abuso de autoridad
La activista Angélica Ángel comentó sobre el caso de una joven que se la había llevado el Dgcim el pasado 3 de agosto, cuando iba camino a su casa luego de la concentración en la avenida Las Américas.
“Estos mismos funcionarios llamaron desde el teléfono de la detenida cuando la capturaron y al fondo ella decía: ‘quiten la denuncia para que me liberen’. No supimos más y al rato me enteré de que la liberaron por terceras personas, sufrió abuso sexual mientras estuvo detenida. Al principio su hermana me escribió, estábamos en contacto, pero en este momento no me contestan”, explicó.
Ángel refirió que el proceso de detenciones en Mérida está lleno de irregularidades y que busca sembrar terror.
Refirió que las audiencias son extremadamente cerradas y no se permite el paso a nadie para que no se filtre información y tampoco se sepa sobre el estatus judicial de los detenidos.
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