El procurador especial aseguró que la divulgación de sus declaraciones favorece a los tenedores del Bono PDVSA 2020 porque expone las debilidades institucionales de la procuraduría. Delcy Rodríguez anunció que solicitará que le anulen el título de abogado. Juan Guaidó y el gobierno interino respaldaron su gestión. El funcionario dijo que había renunciado el 28 de mayo y que la renuncia se hará efectiva el 30 de junio.
Caracas. El procurador especial, José Ignacio Hernández, solicitó al presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, Elías Matta (UNT), una investigación para determinar quién y cómo se filtró el audio de una supuesta interpelación privada que le hizo ese órgano y que fue divulgada ayer por la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.
“He enviado comunicación al diputado Elías Matta, solicitando una investigación sobre cómo se filtró el audio de la reunión de la Comisión de Energía, usado a conveniencia del régimen. Agradezco todo el apoyo del diputado Matta”, escribió este viernes en sus redes sociales.
En el audio difundido por Rodríguez, Hernández respondía a preguntas de varios diputados de la Comisión de Energía respecto a las actividades de la Procuraduría Especial, la estrategia de defensa de la empresa Citgo, la falta de presupuesto y personal con la que cumple sus tareas y a otros aspectos relativos al trabajo de su oficina.
“Es muy grave que esto se haya filtrado. Esa información debilita la defensa de Venezuela y favorece a los bonistas. Esa era una interpelación confidencial y yo lo dije. Yo estoy obligado por el artículo 187-3 de la Constitución a responder las preguntas, pero la AN es responsable de velar por la confidencialidad del audio. Es deplorable que la debilidad institucional de la Procuraduría se exponga de esa manera para beneficiar a los acreedores del Bono 2020”, dijo Hernández en una entrevista al canal digital TVVenezuela.
La renuncia
Tras los señalamientos de Delcy Rodríguez, el procurador divulgó en sus redes sociales una carta de renuncia al cargo con fecha 28 de mayo, que según dijo presentó hace un mes al presidente Guaidó. Aclaró que la dimisión se haría efectiva el 30 de junio y que pasaría a cumplir otras funciones dentro del gobierno encargado, en calidad de asesor.
Ya en septiembre de 2019 el funcionario había hecho públicas las dificultades presupuestarias que enfrentaba para cumplir sus asignaciones, pues al constituirse su oficina encontró 60 litigios activos en varios países del mundo contra Venezuela por más de 15.000 millones de dólares.
Posteriormente, el 29 de enero de 2020, el procurador José Ignacio Hernández puso el cargo a la orden de Guaidó, en medio de una fuerte diferencia interna entre los partidos de la oposición por el aumento del Fondo de Litigio autorizado por la AN para el funcionamiento de la Procuraduría.
El Fondo de los desacuerdos
Para atender la denuncia de Hernández respecto a la falta de presupuesto de la Procuraduría Especial, el primero de octubre de 2019 la AN autorizó a la junta ad hoc de Pdvsa a disponer de 2 millones de dólares depositados en cuentas en Estados Unidos “para el pago de la defensa judicial y extra judicial de sus activos”.
El 19 de noviembre, la plenaria informó que de aquel monto, Pdvsa podría destinar 1,5 millones de dólares para el “pago de honorarios profesionales y gastos”, conforme a las solicitudes de la Procuraduría. En el mismo acuerdo parlamentario se creo el Fondo Especial de Litigio con “recursos disponibles en cuentas bancarias en el extranjero a favor de la República, el Banco Central de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa) y los demás entes descentralizados del Poder Nacional”.
En la sesión del 28 de enero de 2020, la plenaria aprobó –sin debate y sin unanimidad– una ampliación de este Fondo de Litigio hasta 20 millones de dólares. La bancada de Primero Justicia solicitó diferir el debate para “desarrollar mejor el proyecto, las funciones de la comisión y las funciones de control previo y posterior”, y evitar incurrir en prácticas poco transparentes. Pero la petición no tuvo acogida.
Al día siguiente, el procurador puso el cargo a la orden. Sin embargo, no le aceptaron la renuncia y continuó al frente de la Procuraduría Especial.
La gestión
Pese a todo, el procurador Hernández, que por cierto es el único de los integrantes del gobierno interino que ha presentado un informe de gestión anual, aprovechó su carta de renuncia difundida ayer para recalcar los que considera como los logros de su gestión los siguientes puntos:
- Estabilización de todos los litigios en contra de la república y sus entes descentralizados.
- Definición de la estrategia de defensa procesal de todos los litigios.
- Suspensión de los casos de mayor riesgo, difiriendo de esa manera lo que en enero de 2019 era una situación de riesgo inminente contra los activos de Venezuela.
- La oficina lideró el proceso de definición de la estrategia de renegociación de la deuda pública “heredada de Chávez y Maduro” desde la comisión presidencial creada para tal fin.
- Trabajo coordinado con las juntas ad hoc de Pdvsa y el BCV para la defensa de los activos y reclamaciones incoadas en su contra.
- Diseño del plan que permitió al gobierno interino tomar control de Citgo, rescatando su autonomía.
- Coordinación de la estrategia legal que permitió diferir la licencia que hubiese permitido a los tenedores de los Bonos Pdvsa 2020 tomar control de Citgo, y coordinó la demanda de nulidad de esos bonos, entre otros.
Gobierno interino lo respalda
A través de un comunicado el gobierno interino respondió que los ataques contra Hernández y la Procuraduría Especial responden al éxito en la defensa de los bienes de Venezuela en el extranjero. “Hoy Citgo sigue siendo de los venezolanos. Los bonistas que persiguen cobrar deudas ilegales, consecuencia de la nefasta gestión de activos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, no han podido acceder al control de estas propiedades porque se lo hemos impedido”, dice un comunicado publicado ayer.
El texto ratifica que Hernández cumplirá funciones hasta el 30 de junio y luego pasará a otras tareas: “Lo atacan en estos momentos para enlodar su gestión antes de su salida del cargo y simular una supuesta salida problemática, que no existe ni existirá, dado que el Gobierno legítimo está inmensamente agradecido por la labor del Procurador”.
Por su parte, Juan Guaidó expresó en su cuenta Twitter que Hernández “retó a la dictadura” con “valentía y razón jurídica” para proteger a Venezuela y por ello le ratificó su respaldo. También el presidente de la junta ad hoc de Pdvsa, Luis Pacheco, reconoció la gestión del procurador y aseguró que “ha prestado un inmenso servicio a Venezuela”.
El embajador del gobierno interino en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, expresó: “Los ataques de la Sra. Delcy contra el Procurador José Ignacio Hernández son precisamente por labor efectiva de él y el equipo de la Procuraduría para defender y recuperar los activos de la nación”.
Un procurador perseguido
Desde su designación como procurador especial, el 27 de febrero de 2019, Hernández ha sido por una parte, reconocido como representante legítimo de los intereses de Venezuela en el exterior por varios Estados, entre ellos Estados Unidos; y por la otra parte, objeto de ataques e intentos de descrédito desde la administración de Nicolás Maduro.
Este jueves, Rodríguez dijo que solicitarían al TSJ una acción que permita retirarle el título de abogado venezolano por confabularse con el director del Banco Mundial, David Malpass, para perjudicar a Venezuela.
Pero a los pocos meses de su nombramiento, el oficialismo denunció que el abogado nombrado para defender los intereses de Venezuela frente a Crystallex tenía conflicto de intereses, porque entre 2018 había sido contratado como abogado experto para dar su opinión sobre el caso y en ella favorecía la posición de la transnacional.
En julio de 2019, el Ministerio Público que dirige Tarek William Saab (nombrado a dedo por la constituyente), inició una investigación penal en su contra por supuestamente actuar para favorecer intereses extranjeros contra Citgo. Más recientemente, el primero de junio el Sebin allanó la casa de sus padres en Caracas.
Fue en la sesión ordinaria del pasado 28 de mayo, cuando la plenaria de la AN acordó la declaratoria de responsabilidad política de la administración de Maduro en la situación de debilidad jurídica que se encuentra Citgo. El diputado Elías Matta hizo un recuento del caso Crystallex en el que defiende las acciones de la Procuraduría.
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