El asalto a tiros a una familia de origen sirio desató una manifestación en el pueblo, que terminó con la expulsión de los funcionarios. El gobernador Rangel Gómez, pese a la exigencia de los protestantes, no se presentó.
Ciudad Guayana. Los ánimos de los habitantes de Santa Elena de Uairén no amainaron el pasado martes, luego de que una familia de comerciantes sirios fuera tiroteada en un intento de asalto durante la mañana del lunes. Las primeras reacciones ocurrieron horas después del crimen —donde fueron heridos la madre y uno de los hijos, a pesar de informaciones que los daban por muertos— cuando los habitantes del pueblo fronterizo con Brasil y capital del municipio Gran Sabana, salieron a la calle para exigir justicia.
La convicción de los manifestantes es una: la banda de atracadores tiene vinculación con la Policía del Estado Bolívar (PEB). Por eso se dirigieron directamente a la comisaría y quemaron cauchos.
Eso, el lunes. El martes 6 de septiembre radicalizaron las medidas y lograron lo que perseguían: sacar a los policías del pueblo. Todo a punta de protestas y presión.
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El comandante de la PEB, Luis Gerónimo Guerra, aseguró que ninguno de los atracadores de la familia siria son funcionarios bajo su mando. Sin embargo, los ciudadanos no comparten esa idea y tras un cabildo abierto en la mañana, acordaron exigir la salida de los efectivos.
La medida se concretó en la tarde: los policías salieron en patrullas. Todos optaron por abandonar la comisaría. Todos recibieron, por igual, abucheos e insultos.
La seguridad en Santa Elena está ahora a cargo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En el cabildo se planteó la posibilidad de crear una policía municipal, comenzando con 200 personas, 100 de ellas, indígenas.
Otra demanda fue que el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, compareciera en la reunión. No lo hizo. En cambio, se refirió al tema en su programa de radio: “Vamos a llegar al fondo de las averiguaciones por lo acontecido en Santa Elena y por la falsa información que se generó”.
El Ministerio Público (MP) designó un fiscal nacional para investigar el caso. Mientras tanto, Amira Ahomseldin, herida en el robo, continúa hospitalizada en un centro asistencial de Boa Vista, Brasil.
Foto cortesía: Ángel Páez
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