La “provocación» de Cabello que llegó a la AN: Impondrán por la fuerza las decisiones de Miraflores

Libertad de expresión

Los analistas Luis Salamanca y John Magdaleno perciben que se agudiza el conflicto y que las fuerzas radicales tratan de doblegar a la dirigencia de la oposición, doblegar a los manifestantes, con ataques a instituciones como el Poder Legislativo y la represión con la participación de grupos paramilitares.

Caracas. ¿El asalto a la Asamblea Nacional (AN) fue planificado? ¿Quiénes participaron? ¿Cuál es el mensaje del Gobierno a la oposición?

Para responder, es necesario repasar los hechos:

28 de julio. “Guarimba en la Asamblea” es una orden indirecta que salió del programa «Con el Mazo Dando».

Diosdado Cabello recibe en la emisión televisiva —como si se tratara de un héroe— al coronel Bladimir Lugo, jefe de seguridad del Parlamento, quien horas antes había insultado al presidente de ese aforo, Julio Borges.

“¿No sé qué pasaría en Venezuela, por ejemplo, si cada vez que los diputados de la derecha van pa’ la Asamblea Nacional a hacer su show, les montan una guarimba alrededor de la Asamblea? Una guarimba de nosotros, pa’que sepan cómo se monta una guarimba y que no salgan de ahí en tres días. ¿No sé qué pasaría? ¿De qué nos acusarían? ¿Verdad que provoca? El martes hay sesión en la Asamblea y decirles: ¡Aquí estoy yo! Nadie nos puede criticar porque ellos usan las guarimbas. Claro, no vamos a quemar a nadie, no vamos a golpear a nadie. ¿Verdad que provoca? De verdad, un campamento afuera. El día martes convocan sesión ellos: ¡aquí estoy yo si no me han visto! Pa’vé pues, pa’ve cómo es la cosa. Digo yo. No estoy diciendo que se haga, pero digo yo ¿verdad?”.

5 de julio. Los colectivos Resistencia, 3 de Octubre y el Frente de Círculos Bolivarianos toman las salidas del Palacio Federal y anuncian un “trancón” de 6 horas —“como hace la oposición”— que implicó las agresiones contra 8 diputados, 7 trabajadores legislativos y el secuestro, por 9 horas, de 350 personas, 108 periodistas y personal de medios de comunicación.

La pared del Parlamento quedó manchada de sangre este 5 de julio.

La cronología evidencia que el oficialismo no permitirá que la oposición siga en el Palacio Federal, sino bajo las condiciones de Miraflores, y que los colectivos tomen como propias las palabras de Cabello.  

Ese asalto a un poder legítimo, referencia democrática en cualquier país, llevó un mensaje claro: ‘Vamos a imponernos por la fuerza, al costo que sea, con muertos, con heridos’. Es la violencia contra la civilidad. La fuerza contra la República. Los militares frente a la democracia. Es el resultado del discurso de Maduro, según el cual, lo que no se consigan con los votos se hará con las armas”, advirtió el politólogo Luis Salamanca.

El presidente del Parlamento, Julio Borges, sostuvo que el episodio refleja lo que harían en caso de instalarse una Constituyente: la toma de los poderes públicos por la fuerza y el fin del sistema republicano.

El analista John Magdaleno calificó el hecho de «grave»:

Por segunda vez, entran civiles con armas, con cabillas, al Parlamento, lo que muestra un patrón de conducta sistemática de agresión. El mismo esquema se repite en varias ciudades del país, donde los colectivos o paramilitares entran a las casas, a urbanizaciones de quienes han protestado en casi 100 días contra el Gobierno. El Gobierno usa estos grupos para hacer lo que la Fuerza Armada se niega o no puede hacer por los costos que tiene para el Ejecutivo. El objetivo es claro: inhibir, atemorizar, instalar el terror y desmovilizar. Sin embargo, los resultados indican que no lo han logrado.

Ataques sistemáticos

Los sucesos generaron un rechazo mundial, al punto que obligaron al presidente Nicolás Maduro a condenar, prometer una investigación y que los secuestrados salieran a partir de la 6:03 del recinto legislativo, bajo la custodia de la Guardia Nacional, y con una estela de cohetes, piedras, botellas o cualquier objeto contundentes, lanzados por los colectivos.

Magdaleno sostuvo que la gente reconoce como responsable de la violencia al Gobierno, porque busca intimidar y bajar la presión en las calles. La asociación gobierno-paramilitares es inevitable. Buscan frenar las movilizaciones, aunque sin éxito. ¿Están esos grupos fuera del control o dirigidos por figuras de la coalición oficialista? Si bien a veces se les sale del control, en los últimos tres meses ha quedado en evidencia que no hay respeto a la institucionalidad por los colectivos, lo que es grave y parte de un patrón.

Salamanca observa que se pasa a una nueva fase del conflicto político, en el cual se agreden a diputados, a ciudadanos y a manifestantes con permiso de la FANB. Una parte de los militares encubre la violación de Derechos Humanos al reprimir marchas pacíficas o cerrar vías o calles, como pasa en Libertador (Caracas) y Barquisimeto (Lara), porque desde Miraflores desean imponer una solución política de facto, impuesta, que favorece solo al oficialismo. El Gobierno se mantiene así por una FANB que, por omisión directa o indirecta, sigue a directrices del alto mando militar, identificado con los factores del oficialismo.

El experto distingue, sin embargo, entre lo que hace el alto mando y los cuadros medios de la Fuerza Armada. El primero apoya a Maduro, mientras en los cuarteles surgen “hechos inconexos”, dijo Salamanca, que revelan que algo pasa en las filas castrenses y que un desenlace pasa por la fractura de ese sector y la posición que adopten frente a la sociedad.

“Por un lado, se oye de la existencia de un movimiento [Movimiento Bolivariano de Liberación], de un agente del Cicpc que toma un helicóptero, de militares que huyen a Colombia, de otros que son detenidos; y, por el otro, vemos a Maduro custodiado con francotiradores en un acto militar o en cadenas grabadas que no lo expongan.  Son elementos no entendibles pero que visualizan una situación compleja», sostuvo el analista.

Y añadió: «Dentro de la FANB juegan por un actor, en este caso el Gobierno, y en el otro, sus miembros atraviesan un conflicto civil que los llevará a tomar partido. En este momento, le es imposible convertirse en árbitros porque su responsabilidad de la crisis es total: tienen ministerios, gobernaciones y optan por enjuiciar a la sociedad civil como si hubieran dado un golpe y, en menos de 48 horas, deben aplicar una ley marcial para enjuiciar a opositores al golpe. Avanzan a civismo suma cero. Los militares no pueden ser los árbitros, porque un golpe es un peligro ante una sociedad dividida y debido a los enfrentamientos solapados, no abiertos, entre los factores del oficialismo.

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Magdaleno cita como ejemplo del rol de la Fuerza Armada o de una parte de militares, la actitud del coronel Lugo cuando encapuchados golpearon a los diputados Armando Armas y Américo de Grazia:

Solo observaba. No actuó. ¿Cómo entraron esas personas al Parlamento? ¿Por qué no hubo una respuesta contundente? Hubo una asociación de grupos paramilitares con fuerzas del Estado. El general Alberto Müller Rojas escribió en los 90 un artículo que ilustra lo que pasa ahora. Dijo que en los momentos difíciles la capacidad de las instituciones del Estado, del alto gobierno, está influenciada por el aparato político-militar para resguardar el orden público. La actuación del Sebin, la GNB y la PNB es propia de gobiernos autoritarios que encaran el malestar social con represión, con violencia. Impera la lógica policial y militar. El espacio lúdico, del debate, es mínimo”.  

La posibilidad de un nuevo asalto al Parlamento sigue en agenda, pues está prevista la designación de 34 magistrados del Poder Judicial, del Consejo Nacional Electoral y la convocatoria de una consulta popular que es calificada de «inconstitucional» por Miraflores.

Fotos: Cristian Hernández | Francisco Bruzco


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