La directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, afirma que a un año de la incursión de la FANB en Apure no hay un balance positivo en términos de la defensa de la soberanía como tampoco de la protección de los derechos humanos. La experta en temas militares opina que pareciera que los grupos armados en conflicto están llegando a pactos para proteger el negocio del narcotráfico.
San Fernando. A la luz de los acontecimientos ocurridos en La Victoria, Apure, el año pasado y el conflicto que aún se mantiene en la frontera, todavía no hay claridad acerca de lo que está ocurriendo en Apure.
Las acciones del Estado venezolano frente a lo que debería hacer para contrarrestar esta situación tampoco arrojan luz y generan confusión. Pese al inusual despliegue militar en la frontera los irregulares lucen confiados mientras que los lugareños se sienten atemorizados y perseguidos.
Para Rocío San Miguel, especialista en temas militares y presidenta de ONG Control Ciudadano, “el balance a un año de la incursión de la FANB en Apure no es positivo en términos de soberanía e integridad territorial, tampoco en términos de la protección de los derechos de los habitantes de frontera y de la transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado sobre lo que está ocurriendo realmente en Apure”.
La abogada y activista de derechos humanos considera que tomar un año entero para seguir hablando de la presencia de grupos armados al margen de la ley en el estado Apure, un territorio prácticamente copado de minas antipersonas y explosivos, sin poder garantizar el derecho a la vida, ni de los derechos humanos de los habitantes, demuestra el fracaso en el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
San Miguel también analiza que, “el objetivo de las operaciones de la FANB en Apure es confuso, por decir lo menos, a un año de haberse iniciado y tiene como eje central las indefiniciones del enemigo a combatir, que son las guerrillas colombianas, que la FANB, por instrucciones de Maduro, denomina Tancol”.
Para sustentar sus observaciones, ejemplifica con el giro que la FANB ha dado, este año, en su actuación en la frontera en el marco de la guerra de guerrillas, con respecto al año pasado con el enfrentamiento de La Victoria.
Los combates en el Alto Apure, actualmente, han desaparecido. No existen, solo tenemos un recuento diario, del comandante del Ceofanb, desde hace aproximadamente dos meses, que da cuenta del desmantelamiento de explosivos y de instalaciones utilizadas por los Tancol”, comenta.
La activista añade: “Pareciera que los grupos armados en conflicto en Apure están llegando a pactos de no agresión en la zona del Alto Apure para proteger el negocio del narcotráfico, pues esta zona es un paso histórico de tráfico de drogas. El pragmatismo de los carteles parece obligar a acuerdos en favor del negocio, que el alto perfil de un conflicto en la frontera socava”.
Conflicto entre el ser y el deber ser del Estado
Debido al conflicto de La Victoria, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dgcim, ha practicado alrededor de 300 detenciones en todo el estado Apure, de las que se tiene conocimiento.
Estas aprehensiones que han sido denunciadas por las familias apureñas afectadas como “detenciones arbitrarias”, están en consonancia con esas acciones poco claras de la FANB, sostiene la defensora de derechos humanos.
La hermana de William José Hernández, uno de los detenidos en agosto de 2021, en La Macanilla, municipio Pedro Camejo, Apure, una semana después de la aprehensión, no había visto a su hermano, ni sabía dónde estaba detenido. Describió a la prensa local, cómo fue su captura.
Mientras narraba, aguardaba la audiencia de presentación frente al Palacio de Justicia de San Fernando de la cual se enteró, informalmente, tras recorrer varios centros de reclusión por varios días.
“Estaba en su residencia allá en La Macanilla, sentado afuera en el porche, agarraron a varios, más o menos como a 11 personas, es lo que se dice allá. Desconocemos la causa, en qué lo están implicando. Mi hermano tiene una reputación intachable. Es un hombre trabajador, honesto, de verdad no sé cuáles son los cargos que se le están imputando”.
Prosiguió: “Yo voy a denunciar la violación de los derechos humanos, por todos lados, porque nos están violando nuestros derechos como ciudadanos. Estábamos esperando, porque supuestamente lo iban a traer. Desconocemos si realmente está allá (adentro del tribunal), como no lo hemos visto, no podemos decir con certeza que está ahí”, expresó la hermana de Hernández.
La presentación fue aplazada y la mujer tampoco pudo ver a su hermano ese día. Por estas detenciones no hay explicaciones a los familiares de los presos, tampoco se permite defensa privada ni acceso a los expedientes.
La falta de correspondencia entre estas operaciones que ocasionan incertidumbre a la población y las funciones constitucionales de la institución militar, también ha debilitado a la FANB por dentro, lo cual empeora la condición de vulnerabilidad de los ciudadanos, asevera la presidenta de Control Ciudadano.
Sobre las operaciones de la FANB en Apure no solo hay hermetismo de cara a la sociedad, sino también en el propio seno de la FANB. ´La frontera es un espacio donde pasan muchas cosas en las que no es bueno preguntar´, es la mentalidad de los efectivos militares. Cualquiera que pregunte mucho puede perder la carrera”, afirma.
San Miguel explica por qué: “Sobre la doctrina de empleo de la FANB hay serios cuestionamientos. Esto incluye, por supuesto, las operaciones en la frontera. El Concepto Estratégico Militar está orientado por necesidades ideológicas y no el control militar operacional de forma efectiva, en resguardo de la integridad territorial del Estado”, reafirma.
Restitución de relaciones con Colombia
Para la especialista la única salida al problema que causó el conflicto de La Victoria, hace un año y que lo sigue causando, actualmente, es la restitución de relaciones entre Venezuela y Colombia.
“Lo que pasa en la frontera venezolana, tiene un impacto en la frontera colombiana. Las guerrillas que operan de uno y otro lado tienen carácter binacional, de manera que sin coordinación de esfuerzos de seguridad entre Venezuela y Colombia no habrá avances sostenibles. Lo irregular en la frontera se alimenta de la falta de relaciones entre Venezuela y Colombia”.
La defensa de los derechos humanos de la población fronteriza también será cada vez más difícil y quedará cada vez más aislada y desamparada si no se restituye la hermandad binacional, advierte la abogada.
“La situación de los derechos humanos lamentablemente es grave a partir de cada incursión u operativo que realizan los cuerpos de seguridad del estado y la FANB, en el territorio nacional, esto adquiere una dimensión aún más problemática, respecto de las regiones fronterizas, de difícil acceso, donde el manto de los abusos e impunidad es mayor”.
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