Entre las 103 reclusas de la Comisaría de Vizcaíno, en Bolívar, hay 83 procesadas, y otras 20 condenadas que esperan por una evaluación psicosocial para continuar su condena en libertad.
Puerto Ordaz. Del plan de descongestionamiento carcelario que se comenzó en 2020, durante la pandemia de COVID-19, las reclusas de Vizcaíno fueron las más olvidadas. En este centro de coordinación policial, ubicado en Ciudad Guayana, hay actualmente 103 mujeres privadas de libertad.
“Hay muchas mujeres privadas de libertad que no las atienden en su proceso. Hay muchas con delitos menores que no le están dando el debido proceso. Nos suben a los tribunales y nada todavía. Queremos que nos escuchen, que la magistrada Mercedes Sánchez se aboque a nuestro problema”, dijo una de las reclusas de Vizcaíno.
Mencionó que son pocas las libertades o medidas cautelares otorgadas en esta comisaría. Asimismo, dijo que hay privadas de libertad de la tercera edad, unas incluso en graves condiciones de salud, y sin recibir una medida humanitaria.
Nos niegan el beneficio de medida humanitaria, se nos viola el derecho a la salud, también hay mujeres de la tercera edad. Estamos en el olvido otra vez”, reiteró la reclusa.
En julio de 2020, mediante un video difundido en redes sociales, 107 mujeres que estaban detenidas en esta comisaría exigieron celeridad en los procesos judiciales, luego de estar cuatro meses sin ser atendidas por los tribunales del estado.
Una de las internas señaló en el video que para entonces había aproximadamente 30 mujeres en fase de juicio, 70 en fase preliminar y siete imputadas. De las 70 internas en fase preliminar, algunos casos eran de cuatro y cinco años de espera por las audiencias.
Mesa técnica
Luis Manuel Guevara, representante del Observatorio Venezolano de Prisiones en Bolívar, explicó que el plan de descongestionamiento carcelario que se realizó desde la pandemia, está suspendido por ahora.
Ciertamente, las mujeres de Vizcaíno piden atención de los tribunales. Al momento de las audiencias preliminares o de juicio, lo que llaman la admisión de hechos les permita, si la pena no supera los cinco años, poder salir en libertad”, expuso.
Aclaró que hay una directriz que dice que si la persona admite los hechos, sale del tribunal de control o de juicio y pasa a un tribunal de ejecución.
Como la persona hizo su proceso como privado de libertad, continuaría como privado de libertad en la fase de ejecución, y ahí se pide un estudio, conocido por los presos como mesa técnica, una evaluación psicosocial que la realiza el Ministerio de Servicios Penitenciarios. Este estudio prácticamente no lo realizan en comisarías, a menos que hagan una excepción”, agregó.
Guevara detalló que de las 103 reclusas en Vizcaíno, 83 están procesadas y esperan por la audiencia preliminar o de juicio. Otras 30 están condenadas, a la espera de la evaluación psicosocial. Comentó del caso de una mujer de 65 años, y en grave condición de salud, quien no recibe aún una medida humanitaria.
El plan de descongestionamiento carcelario. llamado Plan de Revolución Judicial, se aplicó con el fin de que privados de libertad con delitos menores pudieran continuar su proceso en libertad. Ello con el objetivo de reducir el hacinamiento en las cárceles y comisarías. Sin embargo, los beneficios que se otorgaron no representaron un porcentaje significativo en el hacinamiento carcelario en Venezuela.
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