Residentes de la zona La Victoria, denunciaron que efectivos de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), están repitiendo los abusos cometidos durante los enfrentamientos de 2021 con la guerrilla colombiana, obligándolos a salir de sus fincas para saquearlas, comerse el ganado y vender sus cosechas. En total, son 16 familias las afectadas que han sido albergadas en la escuela de la localidad por la comunidad.
San Fernando. La población de La Victoria, situada entre la frontera de Apure y Colombia, aún se mantiene como foco de atención desde que el año pasado, se convirtiera en el centro de las noticias tras el enfrentamiento FANB-FARC que dejó como saldo 16 fallecidos.
El pasado 2 de abril, las FANB desalojaron a 16 familias de sus fincas en el sector Los Arenales, y tras cumplirse 20 días del suceso, sus habitantes responsabilizan a efectivos del Ejército Venezolano, de saquear las viviendas solas, comerse el ganado y vender sus cosechas.
Una convocatoria oficial a “la militancia política y social de la parroquia Urdaneta”, para participar en los actos conmemorativos del pasado 19 de abril, desató una serie de reacciones, en redes sociales, en contra de los presuntos atropellos militares.
Celebrar actos de democracia con bombos y platillos es irónico mientras que a menos de 10 kilómetros de la plaza, el propio Ejército Venezolano, desaloja campesinos de sus fundos sin ninguna orden firmada por un juez, se llevan hasta los martillos y quitan ganado sin entregar actas de retención, en serio, me parece un acto de lo más dantesco”, indicó uno de los residentes de la zona.
“A lo que deben ponerle el ojo, no le paran, que tristeza. Ellos no son parte de la solución, son parte del problema”. “Que broma que aquí no se cuenta con ninguna fundación de derechos humanos, defensoría, nada, donde puedan manifestar lo que está pasando”, fueron algunas de las expresiones comunitarias.
El pasado miércoles 20 de abril, un campesino del sector Los Arenales, denunció en una estación radial de Guasdualito, que el ejército usa el pretexto de las minas para negarles el acceso a sus fincas y saquearlas.
El hombre, que se identificó como vocero comunitario y pidió resguardo de su identidad por temor a represalias, aseveró que “para nadie es un secreto que ya eso (minas), fue desactivado”.
Aseguró, además, que, tras la desactivación de las minas, los productores ya habían retomado sus labores normales de campo, pero “de repente, de un día para otro, el ejército venezolano impide el paso hacia el sector Los Arenales para los finqueros”, dijo.
El vocero comunitario responsabilizó al comandante de la Zodi Apure, Leonardo Bello, de esta privación y cuestionó que mientras los uniformados impiden el acceso a los verdaderos dueños, estos disponen de la producción que tanto trabajo les ha costado.
Da dolor que tanto sacrificio de estos finqueros que tienen su ganado, sus chivos, sus marranos, para que estas personas (militares) vengan hoy en día, a comerse la producción del finquero. Se comen el ganado, los marranos”, narró.
Sostuvo, además, que, “aquí en el estado Apure se produce cacao, ¿Qué hacen ellos?, tumban el cacao y lo venden. Da tristeza que teniendo todo, venga este gobierno a sacar a las personas que no tenemos culpa de lo que está pasando aquí”.
“Se están robando los implementos de nuestras fincas, guadañas, motobombas, motosierras, plantas eléctricas y como nos mandan a salir, ellos entran a las casas y se llevan colchonetas, ropa, parten las puertas de las casas y se llevan todo”, contó.
El vocero aseguró que el alcalde del municipio Páez, José María Romero, está al tanto de la situación, pero no responde a sus planteamientos. Pidió auxilio a Nicolás Maduro y a sus ministros.
Le pedimos al presidente, al ministro de alimentación y de salud, que, por favor, se aboquen a esto también, porque tenemos personas que son de bajos recursos y como no nos dejan entrar a las fincas, no podemos ir a comprar medicamentos y no hay casi alimento”, dijo.
Colecta para ayudar a desalojados
Luego de tener lo necesario en sus fincas para autosustentarse, productores campesinos y sus familias, fueron albergados por la comunidad en la escuela de La Capilla, y ahora viven de la ayuda de sus vecinos.
Según un censo, realizado el pasado 19 de abril, por la brigada forestal de rescate Antonio José de Sucre, adscrita a Protección Civil, las 16 familias desalojadas comprenden a 64 personas, 36 de ellas adultas, una persona con discapacidad y 28 menores de edad.
El registro también reveló que “las personas se encuentran en condiciones precarias para dormir, comer y realizar su higiene personal”.
Los funcionarios de PC, realizaron una desinfección a la escuela y pidieron colaboración al comercio local y mediante un casa a casa, para suministrarle agua, comida y útiles de aseo personal a los desalojados.
Los brigadistas reportaron también, que una niña de 7 años, integrante de una de las familias desalojadas, sufrió una contusión en la columna producto de una estructura metálica de la escuela que se desprendió y le cayó encima.
La niña ameritó traslado al hospital San Lorenzo, de Arauquita, Colombia. Para su traslado los vecinos tuvieron que conseguir combustible para la ambulancia, indicó el reporte de la brigada forestal de rescate.
La FANB en La Victoria
A raíz del enfrentamiento entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Frente 10 Martín Villa disidente de las FARC-EP, fallecieron 16 militares, dos de ellos por minas antipersonas sembradas por el grupo irregular.
Al inicio de esa confrontación, en marzo de 2021, el alcalde José María Romero, reconoció, por primera vez, luego de que Venezuela, en 2013 fuese declarada territorio libre de minas antipersonas, que La Victoria, está sembrada de estos artefactos.
Los enfrentamientos entre las FANB y las FARC duraron tres meses. Este año, en la misma zona, se desarrolla la guerra de guerrillas FARC-ELN, que ha dejado dos campesinos muertos por explosiones de minas antipersonales. Según balance ofrecido en febrero pasado por el ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, ocho personas han muerto en la frontera de Apure a consecuencia de estas minas.
Desde el comienzo de la guerra de guerrillas, la FANB militarizó casi toda la frontera apureña, incluida La Victoria y, hasta la fecha, según el Ceofanb, ha desactivado más de 1900 trampas explosivas puestas por estos guerrilleros a los que llaman Tancol (terroristas, asesinos y narcotraficantes colombianos).
Domingo Hernández Lárez, comandante del Ceofanb, informó en su cuenta de Twitter que el pasado miércoles, 20 de abril, los militares que se encuentran en La Victoria desactivaron 12 trampas en el sector Santa Rosa y el jueves 21, tres de estos explosivos también fueron desactivados en el sector La Capilla.
Denuncias por atropellos
Las denuncias por presuntos atropellos de las FANB en la zona de La Victoria no son nuevas. El año pasado, residentes de la comunidad y sus inmediaciones, señalaron que efectivos militares los desalojaron arbitrariamente de sus casas, robaron su comida, dinero, pertenencias, destrozaron y quemaron sus viviendas.
Las fotos y videos de estos destrozos, recorrieron las redes sociales y medios de comunicación. El gobierno negó estos hechos y los atribuyó a los irregulares bajo instrucciones del gobierno colombiano en complicidad con el gobierno de Estados Unidos.
No obstante, organizaciones defensoras de Derechos Humanos como la Fundación El Amparo, Provea, y FundaRedes, tomaron las denuncias de los afectados y las elevaron ante la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU y otras instancias internacionales.
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