Retardo procesal empeora el hacinamiento en calabozos policiales de Anzoátegui

Para conseguir una boleta de traslado para una audiencia en los tribunales hay que “bajarse de la mula o ayudarse con un amigo”, denuncian familiares de detenidos. Las celdas tienen capacidad para 144 detenidos y actualmente albergan más de seis veces esa cantidad.

Barcelona. La detención de su hijo, hace poco más de un mes, por parte de funcionarios de la Policía Municipal de Sotillo (Polisotillo), se ha convertido en un calvario psicológico y judicial para Pedro Parucho.

Parucho, quien pidió al equipo de Crónica.Uno que omitiera su nombre real, explicó que a su primogénito lo detuvo el cuerpo policial en un procedimiento realizado en el Paseo Colón de Puerto La Cruz, presuntamente portando un facsímil de pistola 9 mm y bajo el cargo de robo a la autoridad.

A raíz de ese suceso, el hijo de Parucho pasó a engrosar la lista de las 899 personas que se encuentran detenidas en los calabozos de las policías municipales de la zona norte de Anzoátegui, según una investigación realizada por el equipo de la ONG Una Ventana a la Libertad, encabezado por Giovanna Pellicani y coordinado por Carlos Nieto Palma.

La ONG denuncia que el hacinamiento en estos centros de detención, que deberían ser transitorios, es crítico. Las cuatro sedes de la policía municipal (Bolívar, Sotillo, Urbaneja y Guanta) tienen capacidad para un total de 144 prisioneros y la ocupación de esas pequeñas celdas sobre las que, según la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, su despacho no tiene competencia, están más de seis veces por encima de esa cantidad.

Nieto Palma afirma que hay retardo procesal en 70 % de los casos, lo que hace que los internos no puedan ser trasladados, porque los internados judiciales no pueden recibirlos si el Ministerio de Servicios Penitenciarios (MSP) no los autoriza.

Ese retardo procesal lo viven Parucho y su hijo. El denunciante contó a Crónica.Uno, las penurias que ha pasado para intentar que asista a una audiencia preliminar en el Palacio de Justicia de Barcelona.

El sistema de “bajarse de la mula o conseguir un amigo” es, según indica, el que impera en los pasillos del edificio ubicado en la avenida 5 de Julio de la capital anzoatiguense.

“Conseguir que expidan una boleta de traslado desde los calabozos de Polisotillo hasta los tribunales es un calvario. Aquí implantaron un sistema llamado Jury, que en principio era una prueba y se quedó permanente. Ese sistema no está interconectado a nada y nunca funciona, entonces para conseguir la boleta de traslado tienes que pagar o valerte de un amigo que te mueva el proceso. A mi hijo deberían presentarlo el próximo 27 de marzo y si eso no ocurre se debe esperar 45 días o lo que ellos dispongan para una nueva audiencia”, dice.

Tiempo, dinero y estrés psicológico son parte de lo que Parucho asegura que ha tenido que “invertir” desde que su hijo fue detenido. “Pedí vacaciones y ya me toca regresar al trabajo y no sé si lo haré porque esto es un corre-corre todos los días”.

Cifras inquietantes

El caso de Parucho es similar a otros 57.000 que, según Nieto Palma, se registran en los centros de detención transitorios del país.

Para el cuidado de la población que está recluida, las policías municipales y de investigación deben emplear 30% de su fuerza, lo que se traduce en menos agentes de protección para los ciudadanos en la calle.

Nosotros tenemos una cifra alarmante de 110.000 encarcelados en todo el país, entre los internados judiciales y cárceles transitorias. Hace 30 años las cárceles no eran buenas, pero nunca habíamos tenido una cifra de detenidos de tal magnitud. En Anzoátegui hay cerca de 10.000 privados de libertad, lo que lo convierte en el cuarto estado con más detenidos”, indicó Nieto Palma.

La ONG aboga por un cambio radical en el sistema penitenciario, en el cual, en pleno siglo XXI, las muertes por enfermedades como tuberculosis, VIH, entre otras, van a la par con los decesos por enfrentamientos entre internos.

“Sabemos que en Puente Ayala han muerto cinco reclusos por tuberculosis en lo que va de año, una de las principales enfermedades que afecta las cárceles. El año pasado murieron más de 100 por esa causa en todo el país. Las condiciones son terribles, los presos no le duelen a nadie. Hay soluciones pero deben darse con acuerdos e interés de los involucrados”, dijo Pellicani.

El reciente informe emitido por la alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también se refirió a la crisis del sistema carcelario venezolano. Nieto Palma sostuvo que la comisión que se encuentra de visita en el país ya conocía el problema y vino solamente a corroborar los informes que manejan desde hace siete años.