Al menos 50 trabajadores de Ferrominera exigen la restitución a sus puestos de trabajo. Unos fueron despedidos injustificadamente, otros siguen bajo la figura de no requeridos, así como el caso de Rodney Álvarez, quien denuncia que aún no se le resarcen sus derechos, tras estar privado de libertad por 11 años.
Puerto Ordaz. Pese a que han acudido a las diferentes instancias regulares para cada uno de sus casos, el común denominador en la mayoría de las denuncias de carácter laboral en Venezuela es la falta de una respuesta satisfactoria al trabajador, la dilación del proceso o simplemente negativas a sus exigencias o solicitudes.
Es el caso de al menos 50 trabajadores de CVG Ferrominera Orinoco, de Ciudad Piar y Ciudad Guayana, que reclaman el reenganche o restitución a sus puestos de trabajo.
En ese grupo de trabajadores está Rodney Álvarez. En su caso, estuvo más de 11 años privado de libertad acusado de un homicidio en 2011, en el portón de Ferrominera. Durante esos años no pasó por un juicio justo, ya que las audiencias las difirieron en reiteradas oportunidades. Su liberación también se dio en condiciones irregulares al no notificar a familiares y abogados. Tras más de un año en libertad sigue sin lograr su reenganche a Ferrominera.
“Fui privado de libertad sin ningún tipo de pruebas. Me fueron a buscar hasta en un helicóptero al puesto de trabajo para secuestrarme, porque yo lo catalogo como un secuestro. Después de 11 años en las peores cárceles de Venezuela, después de salir en libertad plena, el Estado venezolano y la empresa CVG Ferrominera no han querido resarcir los daños que me ocasionaron, tanto a mí como a mi familia”, denunció.
Según relató Álvarez, hizo todas las diligencias. La empresa mandó su expediente a la Inspectoría del Trabajo, en la que alegaron que su solicitud de reenganche era tardía.
En todo este tiempo me he mantenido, por decirlo de una manera u otra, sumiso, tranquilo, esperando la buena voluntad de ellos después de haber cometido la barbarie que cometieron conmigo”, dice.
-¿Cómo sobrevives económicamente?
-Bueno, como decimos nosotros coloquialmente, matando tigritos. Y yo hablaba con un compañero y le decía: nosotros estamos por ahí matando un tigrito, de vez en cuando nos sale esto, nos sale lo otro, pero ya no quieren salir ni gaticos. Porque la situación en el país está tan fuerte que las personas no tienen para costearse ellos mismos sus necesidades básicas y mucho menos como para mandar a alguien a que le limpie el monte, a que le acomode una lámpara.
“Se nos violan los derechos y no hay un ente público que nos pueda asistir y nos pueda defender como ciudadanos, como personas, como seres humanos que somos”, agregó Álvarez.
Despidos sin constancias
Héctor Delgado es otro de los trabajadores de Ferrominera que exige su reincorporación. Fue separado de su cargo en 2018 por hacer reclamos laborales, según aseguró.
“Agotamos todas las instituciones del Estado, Fiscalía, Defensoría, Inspectoría, porque no hicieron los procedimientos como es debido para darnos una calificación de despido o para botarnos por algún motivo justificable, sino que eso fue despidos masivos palabreados prácticamente. ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros? La reincorporación. Que se revise realmente qué fue lo que pasó en ese momento con nosotros y llegar a un acuerdo. Estamos abiertos al diálogo”, afirmó Delgado.
De todas las instancias a las que han acudido, incluyendo en Caracas, ninguna dio respuesta satisfactoria.
Si bien unos están como no requeridos, una figura que se usó en pandemia para reducir el número de personal en planta, a otros los separaron de sus cargos. Sin embargo, denuncian que además de dejar de recibir su salario mensual y demás beneficios, la empresa no les entregó una constancia de despido.
Reenganche incumplido
Alberto Pérez, trabajador con 17 años de servicio como operario de producción en Ferrominera, también denunció despido injustificado desde hace cinco años.
Yo apelé a la providencia administrativa de la Inspectoría del Trabajo y nos fuimos al tribunal de primera instancia que en el 2021 me dio mi reenganche y el pago de salarios caído. Fui a la empresa y me tuvieron como tres meses en vente mañana, vente pasado, mientras ellos hacían otro procedimiento por el tribunal cuarto superior”, expuso.
En 2022 fue a la Fiscalía de Derechos Humanos, y aún espera por que la empresa cumpla el reenganche.
Solicitamos al fiscal Tarek William Saab que meta la lupa en la Inspectoría del Trabajo. Que la Inspectoría del Trabajo, tanto de Ciudad Bolívar como de Puerto Ordaz, se ha convertido en una inspectoría patronal que lo que hace es defender al patrón. Casos que lleve un trabajador allí nunca salen a nuestro favor. Todo es a favor de la empresa”, reiteró el ferrominero.
En otras industrias de Guayana, como Sidor, por ejemplo, existe esta misma denuncia.
De acuerdo con el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), durante agosto de 2023 hubo al menos 55 conflictos laborales. De 726 protestas, 26.79% fueron de trabajadores de las empresas básicas.
“El Estado, el mayor patrono del país, es también el principal violador de los derechos contractuales y laborales en Venezuela. El grueso de los reclamos del mes de agosto (91,07%) fueron hechos por trabajadores del sector público y los sindicatos acompañaron las manifestaciones de inconformidad en el 50% de los casos”, indicó Inaesin.
Bolívar fue el estado que registró el mayor porcentaje de quejas y conflictos laborales (36.36%), seguido del Distrito Capital con 25,45% y Lara con 9,09%.
Participa en la conversación