Para el constitucionalista, Juan Manuel Raffalli, las estructuras comunales pretenden eliminar el Estado federal y descentralizado establecido en la Constitución de 1999. Estos entes, controlados por el Ejecutivo, toman competencias y recursos que originalmente pertenecen a los municipios.

Caracas. El anuncio hecho por Nicolás Maduro de que la Asamblea Nacional, emanada de las cuestionadas elecciones del 6-D, va a legislar sobre el estado comunal para luego convocar a unas elecciones de un “parlamento comunal” levantó alertas en distintos sectores de la sociedad civil críticos del Gobierno, que consideran que el chavismo está por retomar un viejo objetivo que va contra la descentralización, la autonomía del poder municipal, la propiedad privada y, por tanto, de lo establecido en la Constitución.

Este lunes el abogado constitucionalista, Juan Manuel Raffalli, se sumó a quienes denuncian el peligro de estas estructuras, que el Gobierno intentó implementar desde 2007. En aquel año el chavismo recibió su primera derrota electoral, a escala nacional, con el referendo consultivo sobre la reforma de la Constitución planteado por el fallecido presidente Hugo Chávez.

A pesar de la derrota de los planteamientos en diciembre de ese año, el mandatario se negó a aceptar el rechazo que generó su propuesta. “El propio Chávez trató de eliminar esa estructura federal descentralizada y el esquema de poderes públicos previsto en la Constitución”, indicó el jurista en un encuentro organizado por el Foro Hatillano.

Raffalli recordó que el texto constitucional establece que Venezuela es un Estado federal y descentralizado con una división de competencias del poder ejecutivo nacional, regional y municipal. A pesar del rechazo mostrado al proyecto en 2007, Chávez insistió en desarrollar el llamado “estado comunal”. En 2010, pocos meses antes de terminar el mandato de los diputados y aprovechando que el chavismo tenía control del Parlamento —luego de la decisión de la oposición de no participar en los comicios de 2005—, las fuerzas del Gobierno aprobaron varias leyes para desarrollar esta visión territorial del poder.

Municipios debilitados

Raffalli señala que la “ley marco” de este nuevo intento fue la Ley Orgánica del Poder Popular. Esta normativa crea la figura del “autogobierno” a través de las estructuras del llamado estado comunal: consejos comunales, comunas (agrupación de consejos comunales), ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y “otros” que no se especifican.

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“Es un aparataje de organismos y entes que van competir y a discutirle el poder al municipio y no precisamente sobre la base de una interacción en positivo, sino de una relación de subordinación del municipio hacia los órganos o instancias de este poder comunal”, consideró el abogado.

El experto recordó que en la serie de leyes que desarrolló el Parlamento de 2010 hay una trasferencia de competencias y atribuciones de los estados y municipios a las organizaciones del llamado “poder popular”. En el artículo 64 de la Ley de la Comunas de ese año se establece lo siguiente:

Ley de las Comunas. Artículo 64.

“La República, los estados y municipios, de acuerdo con la ley que regula el proceso de transferencias y descentralización de competencias y atribuciones, transferirán a las comunas y a los sistemas de agregación que de éstas surjan, funciones de gestión, administración, control de servicios y ejecución de obras, atribuidos a aquéllos por la Constitución de la República, en pro de mejorar la eficiencia y los resultados en beneficio del colectivo”.

Este miércoles Maduro admitió la lentitud que ha habido en este traspaso de competencias desde 2010 y prometió acelerar el proceso. «No hemos avanzado con la calidad y velocidad necesaria y quiero que avancemos en la transferencia del poder económico y del servicio público al pueblo», señaló después de que el presidente de la comisión de Comunas de la AN del 6-D, Luis José Marcano, solicitara celeridad en el proceso.

La comisión permanente de la Comunas fue creada el pasado 28 de enero con la aprobación de la reforma del Reglamento de Interior y de Debates de la cámara, en la que el chavismo controla 92 % de las curules, pues el texto no contemplaba esta instancia.

El mandatario entregó los proyectos de ley del parlamento comunal y de las ciudades comunales al presidente del cuestionado Parlamento, Jorge Rodríguez. En el acto precisó que en el país existen 48.565 consejos comunales y 3265 comunas. Indicó que ha recibido 269 propuestas para construir ciudades comunales en el país, más de las 200 planteadas como meta por el bicentenario de la batalla de Carabobo que se cumplirá en junio de este año.

Maduro también anunció que todos los recursos transferidos a los consejos comunales serán en petros. Argumentó que de esa forma los protege de la depreciación del bolívar. Aprobó recursos para la creación de 1000 bancos de las comunas en todo el país, que deben articularse con un banco nacional de las comunas.

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«Estoy entregando, a través del sistema petro, 26.283 petros para los bancos comunales y 29.663 para proyectos productivo del área textil. Esto significa 2 billones 660.000 millones de bolívares para los 1000 bancos comunales y 3 billones 2000 millones de bolívares en petros para proyectos productivos», señaló.

Recursos de las regiones

Además de esto La Ley de la Comunas, en el numeral 8 de su artículo 36, indica que el llamado “consejo de planificación comunal” podrá “estudiar y proponer al Parlamento Comunal la aprobación de los proyectos presentados por las comunidades y organizaciones sociales a ser financiados con recursos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial”. Este fondo está destinado a dar recursos a los estados y los municipios, con lo que las estructuras comunales también arrebatan recursos originalmente destinados a las regiones.

“Lo que hay es una mengua de la actividad de los municipios para organizar la vida en el territorio correspondiente, viéndose obligados a desprenderse de una cantidad de funciones que al ser transmutadas, al entregarse directamente a estos vehículo comunales, que se eligen de una manera no democrática sino por vía incluso directas, va a haber problemas con la asignación de recursos, la determinación de prioridades, con el tema de la administración con la contraloría y con la visión de cuál debe ser, dentro del municipio, el esquema de responsabilidades para que los ciudadanos vivan mejor”, alertó Raffalli.

Esta opinión ha sido compartida por otros especialistas consultados por Crónica.Uno. El experto en políticas públicas locales, Miguel González Marregot, coincidió en señalar que el objetivo es restar competencias y recursos a los entes descentralizados. “La idea era reforzar justamente el centralismo y el control sobre las entidades federales y sobre los gobiernos municipales, lograr un estado unitario en vez de uno descentralizado, con la gravedad de que la administración de ese estado unitario está en manos de una posición política totalitaria”.

Estructura clientelar

A diferencia de las alcaldías y gobernaciones, el diseño de las estructuras comunales está totalmente controlado por el Gobierno, pues es el propio Ministerio de la Comunas el que aprueba la conformación de estos entes. También se establece una especie de exclusión ideológica en la Ley de Comunas cuando se define al estado comunal como una forma de organización político social “con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno y sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista”.

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El abogado señaló que esto es un intento de imponer un modelo de sociedad sobre otro, lo que va contra la pluralidad. Un modelo de sociedad que además fue rechazado en 2007.

“Esto no es el Estado democrático social, de derecho y de justicia, que está previsto sobre una división de los poderes públicos, establecido en la Constitución sobre la base del federalismo y la descentralización. Esto es otro estado en donde, a partir de la comuna, se crea un modelo socialista y en lugar de tener el municipio la preponderancia, junto a las organizaciones de vecinos y esa estructura a escala parroquial, esto cambia totalmente sobre la base de una ideología única y una visión socialista y sobre la base de una propiedad social”.

La Ley de Comunas también señala que estas estructuras deben seguir lo lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que es elaborado por la presidencia de la República. Actualmente, este documento se denomina “El Plan de la Patria (2019-2025): Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación de Venezuela”.

Esta apelación constante al sistema socialista, sin embargo, parece chocar con los nuevos proyectos de flexibilización de la economía que adelanta Maduro en los últimos meses. Por eso Raffalli considera que el estado comunal derivará en estructuras “clientelares” que responden directamente al jefe del Ejecutivo, más que a una concepción ideológica. Esto en detrimento de la descentralización y los principios constitucionales.

“Mientras más impopular sean los supuestos líderes de una supuesta revolución que nunca fue, más riesgo pudiera haber de que echen mano a esta estructura que no va a implicar plena libertad de elección para los ciudadanos, sino el control clientelar de las estructuras comunales”, argumentó el constitucionalista.

Foto: Prensa PSUV


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