Un tribunal de Lisboa determinó que las entidades demandantes (Bandes, Pdvsa, entre otras) fueron legalmente constituidas en Venezuela y son propiedad del Estado venezolano. De esta forma despejó la duda sobre su legitimidad que hizo que el Novo Banco se negara a transferir los fondos en 2019.

Caracas. La justicia de Portugal condenó a la entidad bancaria Novo Banco a reembolsar al gobierno de Venezuela los fondos de las cuentas del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y otras entidades, congelados desde 2019 como consecuencia de las dudas sobre la legitimidad de la presidencia de Nicolás Maduro.

El Tribunal Judicial del Distrito de Lisboa ordenó a Novo Banco, mediante una sentencia del 8 de agosto, el pago del saldo final a la fecha de cancelación y de los intereses de demora a los demandantes, quienes alegaban que el banco portugués anuló los contratos celebrados y no ejecutó las órdenes de transferencia de fondos solicitadas en 2019.

Sin embargo, el Novo Banco invocó hechos que justificaron ese incumplimiento “en particular la duda sobre la legitimidad de los representantes” de las entidades que dieron las instrucciones y sus deberes como entidad bancaria.

La sentencia justifica la decisión al determinar que, a excepción de Bandes Uruguay y Pdvsa Servicios, los demandantes representan a entidades constituidas legalmente en Venezuela y de propiedad total o mayoritariamente del Estado venezolano.

En total, Novo Banco mantiene retenido desde 2019 más de 1300 millones de euros, equivalentes a alrededor de $1500 millones, que reclama el gobierno de Maduro, distribuidos así:

  • 187,4 millones de euros en cuentas del Bandes.
  • 7,6 millones de euros en cuentas de Bandes Uruguay.
  • 392,2 millones de dólares y 135,7 millones de euros en cuentas de Pdvsa.
  • 44.589 dólares y 2257 euros en cuenta de Pdvsa Petróleo.
  • 448,7 millones de dólares y 43,4 millones de euros en cuentas de Petrocedeño.
  • 1,9 millones de euros en Pdvsa Servicios.
  • 121.918 dólares y 628.825 euros en cuentas de Petromonagas.
  • 154,8 millones de dólares y 16,9 millones de euros en cuentas de Petropiar.
  • 8,1 millones de dólares y 9,3 millones de euros en cuentas de Bariven.
El factor OFAC

A principios de 2019, Novo Banco se negó a ejecutar varias órdenes de transferencia bajo el alegato de la situación política en Venezuela y la aplicación de sanciones a entidades públicas venezolanas, como las órdenes ejecutivas emitidas por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, y el alcance de las licencias emitidas por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.

El 28 de enero de 2019, EE. UU. sancionó a Pdvsa como un mecanismo para intensificar la presión sobre el gobierno de Maduro. En esa ocasión se bloquearon alrededor de $7000 millones en activos de la empresa estatal y se transfirió su control al entonces reconocido gobierno interino de Juan Guaidó.

Posteriormente, Guaidó y la Asamblea Nacional electa en 2015 designaron una junta administradora ad hoc para Pdvsa, que desde entonces se ha encargado de maniobrar la protección de activos venezolanos en el exterior y responder a una serie de litigios que enfrenta por deudas y expropiaciones de los gobiernos de Hugo Chávez.

Los 1500 millones de dólares retenidos en el Novo Banco de Portugal son parte de una serie de activos y recursos congelados desde hace cuatro años debido a la crisis de legitimidad que surgió luego de la elección presidencial de 2018, que ganó Maduro en medio de cuestionamientos de la comunidad internacional.

El gobierno de Portugal fue uno de los más de 50 en todo el mundo que reconocieron a Guaidó como presidente encargado en 2019, al determinar que el ascenso de Maduro era inconstitucional, aunque en la práctica no llegó a tener control del territorio.

En varias oportunidades, el gobierno de Maduro alegó que las sanciones y el bloqueo de los recursos en el Novo Banco impedían dar respuesta a la emergencia humanitaria venezolana o la compra de vacunas contra la COVID-19. La oposición, por su parte, argumenta que la protección de activos busca impedir que los fondos sean utilizados para hechos de corrupción y que serán liberados cuando se concrete una transición democrática en el país.

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