TSJ juramentó a Nicolás Maduro para un nuevo mandato

“Me gradué”, dijo Maduro al recibir el acta que lo proclama “presidente constitucional de la República bolivariana de Venezuela para el período 2019-2025”. A su derecha lo acompañó Moreno y a su izquierda, Tibisay Lucena, presidenta del CNE. El Observatorio Electoral Venezolano aprovechó la fecha para traer a colación el rosario de irregularidades evidenciadas el 20-M.

Caracas. Con la asistencia de 5 presidentes del mundo (Nicaragua, Bolívia, Cuba, El Salvador y Osetia del Sur) y primeros ministros, vicepresidentes, embajadores o representantes de menor rango de países de África, Asia, Europa y el Caribe, Nicolás Maduro tomó juramento como “presidente constitucional de la República bolivariana de Venezuela para el período 2019-2025”.

No le acompañaron los representantes de los 27 países que integran la Unión Europea, ni de los 13 países que conforman el Grupo de Lima —a excepción de un representante de la embajada de México—, por considerar que el acto celebrado este jueves 10 de enero en Caracas es el resultado de una elección carente de garantías mínimas de participación, libertad y transparencia.

Tampoco estuvieron presentes los magistrados Cristian Zerpa (Sala Electoral) —que pidió asilo en Estados Unidos la semana pasada y denunció la inconstitucionalidad de este acto—, Danilo Mujica (Casación Social) y Marisela Godoy (Casación Civil).

En su discurso de apertura de la sesión solemne de juramentación, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el abogado Maikel Moreno, destacó que es “responsabilidad del TSJ garantizar el cumplimiento de la Constitución”, y que apegados al último aparte del artículo 231 que establece que si por un motivo sobrevenido, la juramentación del presidente no se puede realizar en la Asamblea Nacional, deberá realizarse en el TSJ.

“La juramentación debe realizarse en la Asamblea Nacional en un clima de mutuo reconocimiento y lealtad a la norma. Pero en este momento es imposible de ejecutar debido al desacato en que se encuentra la Asamblea Nacional. Ante esta circunstancia es necesaria una solución ajustada a lo establecido en la Constitución que permita el normal funcionamiento de las instituciones en espera de que los miembros de la Asamblea Nacional decidan corregir el desacato en el que continúan inmersos hasta este momento”, dijo Moreno.

Acotó que “resulta evidente que las circunstancias autoincapacitan (sic) a la AN para ejercer las funciones que le son encomendadas, entre ellas recibir el juramento del Presidente, lo que es suficiente para que se aplique lo establecido en el 231 y que decidió la sala constitucional en sentencia del 8 de enero”.

Graduado ¿de qué?

“Me gradué”. Esas fueron las primeras palabras de Nicolás Maduro luego de que Moreno le entregara el acta que contiene los detalles del acto y que lo acredita para ejercer el mandato. Minutos después, en la ciudad de Asunción, capital de Paraguay, el presidente de ese país anunciaba la ruptura de relaciones diplomáticas con Maduro por ser este nuevo período presidencial “el resultado de un proceso electoral ilegítimo”.

Luego en su discurso, el mandatario destacó que la juramentación de este jueves fue un acto de paz: “Aquí estoy. He cumplido la Constitución. Está certificado mi juramento y desde hoy asumo para un segundo período. Aquí estoy listo, de pie para democráticamente llevar las riendas de la patria para un destino superior. Hemos cumplido con la Constitución, la democracia y el pueblo”.

Arremetió contra Estados Unidos, Colombia y el Grupo de Lima y aseguró que todas las denuncias sobre la ilegalidad y la falta de legitimidad de su anterior y nuevo gobierno son “parte de una campaña persistente, diaria, permanente, de manipulación y mentiras sobre la revolución bolivariana, el comandante Chávez y ahora este presidente obrero”.

Justo cuando Maduro hacía un recuento de la campaña para el acto electoral del 20-M, el Consejo Permanente de la OEA, reunido en sesión extraordinaria en Washington, aprobaba una resolución que “no reconoce la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019”, con una votación de 19 votos a favor; 6 en contra, 8 abstenciones y 1 ausencia. Pero Maduro no hizo referencia a esa votación, en cambio recriminó a la Unión Europea “sus ataques contra Venezuela” y les exigió respeto.

“Somos una democracia de los humildes, del pueblo, de los trabajadores, no de los magnates que llegan al poder para hacer negocios y repartirse el poder que le pertenece al pueblo y yo soy un demócrata de verdad”, afirmó.

Propuso que los gobiernos de América Latina y el Caribe conformen un grupo para la “reunificación de América Latina y el Caribe” y encomendó al ALBA tomar iniciativas diplomáticas con ese objetivo, pues, a su juicio, la división política que se registra en la región —unos que apoyan a su gobierno y otros que lo rechazan—, es artificio del gobierno de Estados Unidos y no está relacionado con el desempeño democrático de Venezuela de los últimos años.

“Quiero un nuevo comienzo para la revolución, para cambiar todo lo que deba ser cambiado. Quiero que corrijamos muchos errores que hemos cometido. Estoy ostinado de la indolencia y el burocratismo que daña la vida del pueblo”, dijo.

OEV recuerda irregularidades

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) aprovechó la fecha para recordar que la juramentación de Maduro “se sostiene en una elección que ha sido puesta en duda, tanto a nivel nacional como a nivel internacional”.

En tal sentido, el OEV resumió los aspectos más relevantes que el pasado 20 de mayo llevaron a sus observadores a determinar que el proceso “transcurrió en abierta contradicción con las normas legales vigentes en Venezuela, establecidas para garantizar la celebración de comicios equitativos, transparentes y confiables” y que, en consecuencia, “permiten calificar como ilegal el nombramiento de Maduro”.

El OEV recordó que la elección del 20-M fue “convocada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), usurpando las funciones que constitucionalmente corresponden al CNE”.

Además, sostienen que la elección fue convocada de manera adelantada, con un “sesgo evidente” a favor de la candidatura oficial, y con apenas 80 días de antelación, y no con al menos 6 meses como tradicionalmente se ha hecho.

Cuestionan que “el Cronograma Electoral, publicado a destiempo, fue modificado en su totalidad una vez convocadas las elecciones (sin prestar atención a los lapsos y disposiciones legales)”.

También evidenciaron “restricción del pluralismo político y la oferta electoral con la anulación de los partidos de oposición más votados y la inhabilitación de potenciales candidatos”.

Constataron igualmente limitaciones “para la inscripción y actualización en el Registro Electoral de jóvenes con edad para sufragar y de venezolanos residentes en el exterior”.

Asimismo, sostienen que hubo “ventajismo de Estado con el uso indiscriminado de los recursos y medios públicos, especialmente con la instalación de los “Puntos rojos” en ocho de cada 10 centros de votación el día la elección”.

Y finalmente, el “uso del carnet de la Patria y la entrega de bonos como instrumentos de coacción y como evidencia de compra de votos con recursos del Estado”.

“Por otro lado, desde la óptica política, los resultados anunciados por el CNE mostraron un respaldo minoritario para la re-elección de Maduro: siete de cada 10 venezolanos con derecho a sufragar no votaron por él. En estas cuestionadas elecciones, se registró la más alta abstención para unos comicios presidenciales desde la época democrática (54 %). Como consecuencia, Nicolás Maduro no es sólo un Presidente ilegítimamente nombrado, sino con un apoyo político muy precario pese a las acciones ejercidas para coartar la libertad del voto”, dice el comunicado.