Johanna y Dayana coinciden en la misma percepción: en La Dolorita no están respetando la cuarentena como es debido. Según relatan, es común ver a los vecinos poniendo mesas en las calles con juegos de azar, música alta y tomando bebidas alcohólicas. Como si estuvieran de fiesta, como si fueran vacaciones.
Caracas. 18 años sin agua, dos meses sin luz, una caja del Clap cada cinco semanas y 36 días de cuarentena. Afrontar el encierro en el sector La Dolorita, del municipio Sucre en el estado Miranda, significa sumarle un historial de dificultades que parecieran no tener solución.
Así transcurre la cuarentena de Johanna Carreño y su familia. En las calles de La Dolorita ya no hay tuberías, las quitaron por completo. El consejo comunal ha hecho reuniones tras reuniones para, supuestamente, instalar dos tubos que tienen en su local, y con esas promesas ya han pasado 18 años sin agua, recurso primordial para mantener la higiene necesaria y no infectarse de COVID-19.
“Tenemos una camioneta y vamos hacia la parte del terminal de La Dolorita a comprar el agua. En muchos lugares venden un pipote en 100.000 bolívares y muchos solo quieren el efectivo”, relató Johanna. Conseguir efectivo ya es casi imposible. Con la paralización del país como método de prevención del coronavirus también se incluyó el cierre de las oficinas bancarias y los pocos bolívares que entregaban por taquilla quedaron guardados.
En el caso de Dayana Venegas, habitante de la zona, para conseguir agua debe ir caminando hasta un pozo donde llenan los pipotes. Dos o tres porque son muy pesados. Muchas mujeres que van hasta allá son de la tercera edad o tienen alguna discapacidad.
Un estudio del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) realizado en diez ciudades del país reveló que solo el 16,7 % de los encuestados tienen acceso al agua potable por sus tuberías. Evidentemente la comunidad de La Dolorita no entra dentro de ese porcentaje, pero sí dentro del 93,8 % de los ciudadanos que aseguraron almacenar agua como única forma de contar con el recurso en sus viviendas ante la inconstancia o ausencia total del servicio.
Johanna y Dayana coinciden en la misma percepción: en La Dolorita no están respetando la cuarentena como es debido. Relatan que es común ver a los vecinos poniendo mesas en las calles con juegos de azar, música alta y tomando bebidas alcohólicas. Como si estuvieran de fiesta, como si fueran vacaciones.
Las personas aquí están como en otro mundo. No usan tapabocas. Aquí andan como si nada, juegan todos los días, toman unos con otros en el mismo vaso. Aquí la gente no está acatando la responsabilidad que tenemos todos”, aseguró Johanna.
En la zona donde vive Johanna no llega la policía. Es muy arriba. Los vecinos lo saben y se van para allá para no tener problemas. “Aquí juegan ludo o dominó hasta la 1:00 a. m. y con tantos grupos reunidos uno no sabe si alguno pueda estar infectado. Todos corremos el riesgo de enfermarnos”, agregó.
El Observatorio Vecinal registró en su último informe, con población de 1285 encuestados, que el 50 % consideró que se cumple el distanciamiento social parcialmente y el 67 % solo sale a comprar comida y medicinas.
En los últimos días se ha visto que mantener la cuarentena en los sectores populares de la Gran Caracas ha sido una tarea difícil de cumplir. Zonas de Catia y Petare siguen abarrotadas de gente pese a medidas de restricción de tránsito como pases de movilidad implementados por el gobierno de Maduro y el cierre de los comercios al mediodía.
Hasta el momento desconocen si hay algún infectado en La Dolorita. Los médicos de la Misión Barrio Adentro que visitan casa por casa para hacer los despistajes solo han ido dos veces: una por una niña que presentaba síntomas y otra por una familia que había llegado de Colombia. Ninguno fue confirmado.
Johanna comentó que en el segundo caso, solo preguntaban si alguien tenía síntomas y realizaban una encuesta, pero no les hicieron la prueba de detección de COVID-19. Igualmente, la atención de salud para este sector está limitado porque los centros móviles no están funcionando, los CDI solo abren para jornadas especiales y en la clínica popular les dicen qué día tienen que ir para que puedan encontrar un profesional que los atienda.
Otros servicios en decadencia son la luz y el gas. A Dayana le suelen quitar la electricidad todos los días en la mañana. Unas horas y después vuelve. Para Johana es más difícil: hace dos meses un sujeto disparó al aire y rompió precisamente el cable de los focos que le dan electricidad.
Con respecto al gas, tenían la suerte de que quincenalmente les llegaba el camión, pero esta semana les dijeron que habrá un día al mes que el camión llegará vacío, tendrán que marcar las bombonas con sus nombres para que se las lleven a los llenaderos y al otro día las volverán a traer, corriendo el riesgo de perder el cilindro.
Arroz, pasta, granos, harina y azúcar. Eso es lo único que trae la caja del CLAP que llega a La Dolorita y con lo que debería alimentarse una familia durante un mes. No obstante, el Observatorio Vecinal registró que solo a un 7 % le alcanza esa comida para 30 días frente a un 63 % que respondió que dura una semana en sus estantes.
Una luz al final del túnel
La ONG Cepaz tiene tres años trabajando en La Dolorita mediante un proyecto de empoderamiento de las mujeres en los sectores El Guamo y La Lira, con la realización de talleres de formación sobre los derechos humanos a través de una cultura de paz.
Esta labor se vio interrumpida en la cuarentena junto a otros programas de donaciones, un comedor y la entrega de merienda a niños de una escuela local. Sin embargo, el movimiento de “Mujeres sin límites”, que cuenta con aproximadamente 150 integrantes, se mantiene de pie estos días con talleres por videollamadas, llamadas en altavoz y videos sobre temas relacionados al COVID-19.
Coordinamos encuentros muy reducidos para ver cómo están viviendo ellas la situación de la pandemia. Intercambiamos las informaciones y contamos con cuatro lideresas que se encargan de visitar a las mujeres que conforman el grupo de Cepaz”, precisó Jany Joplin, abogada coordinadora del área de defensa de la ONG.
Además, también lograron una ayuda económica y pudieron canalizar la entrega de un dinero para que estas mujeres compraran alimentos. Durante esta semana realizarán una segunda fase y terminarían con esa actividad hasta conseguir más recursos.
“Cepaz es la única organización que nos ha ayudado”, aseguró Dayana, y destacó que los talleres han sido de gran importancia para la comunidad, especialmente en esta época que la formación de prevención contra el COVID-19 resulta indispensable.
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