En la edición del estudio que realiza Transparencia Internacional, correspondiente al año 2020, Venezuela obtuvo la tercera calificación más baja, al alcanzar 15 puntos, en una escala de 100, un punto menos en relación con el año anterior. La mayoría de los países evaluados no ha registrado ningún avance en la lucha contra la corrupción y más de dos tercios tienen puntuación por debajo de 50.
Caracas. La percepción de Venezuela como país corrupto aumenta, mientras continúa descendiendo su calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), al registrar en 2020, año marcado por la pandemia mundial de COVID-19, unos escasos 15 puntos en una escala de 100, según una medición que lleva Transparencia Internacional.
En la evaluación anterior, el país obtuvo una puntuación de 16. Desde 2012, Venezuela cae en las posiciones, y ha pasado del puesto 165 al 176, para ubicarse entre los cinco países con más bajo desempeño, y tener la tercera calificación más baja. Además, Venezuela es percibida como la nación más corrupta del continente americano.
La edición 2020 del IPC, difundida por Transparencia Internacional, clasifica a 180 países y territorios por sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, basándose en 13 evaluaciones y encuestas a expertos y empresarios. Utiliza una escala de cero (corrupción elevada) a cien (corrupción inexistente). Dinamarca y Nueva Zelanda encabezan este año el índice, con 88 puntos. Mientras, Siria, Somalia y Sudán del Sur están al final con 14, 12 y 12 puntos, respectivamente. Las otras dos peores calificaciones.
El IPC 2020 revela que la corrupción está socavando los sistemas sanitarios y contribuyendo al retroceso democrático en plena pandemia de COVID19.
“La COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y no la estamos superando”, dijo Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional. “Hasta donde alcanza la memoria, ningún año ha puesto a prueba a los gobiernos como el que ha pasado, y aquellos que tienen los niveles más altos de corrupción han demostrado menor capacidad para afrontar el reto. Pero incluso los países que ocupan los primeros puestos del índice tienen la obligación urgente de reconocer su papel en perpetuar la corrupción dentro y fuera de sus países”, añadió.
El informe apunta que la corrupción constituye una gravísima amenaza a la vida y al sustento de los ciudadanos, especialmente cuando se combina con una emergencia sanitaria, como es el caso de Venezuela.
Existe una correlación entre la ausencia de corrupción en el sector público de un país y un mayor gasto en sanidad. Por otra parte, la corrupción también es generalizada en la contratación de material sanitario. Los países con los índices más altos de corrupción también tienden a ser los más propensos a sufrir atropellos del Estado de Derecho y las instituciones democráticas durante la crisis de COVID-19, dice el informe.
Datos destacados
Desde 2012, el punto de comparación más temprano en la metodología actual del IPC, 26 países han mejorado significativamente sus índices, incluidos Ecuador (39), Grecia (50), Guyana (41), Myanmar (28) y Corea del Sur (61). Mientras otros 22 redujeron sus puntuaciones, entre ellos Bosnia y Herzegovina (35), Guatemala (25), Líbano (25), Malawi (30), Malta (53) y Polonia (56).
Cerca de la mitad de los países llevan casi una década estancados en la misma posición dentro del índice, lo que sugiere que los esfuerzos de sus gobiernos para llegar a las causas primarias de la corrupción se han paralizado. Más de dos tercios tienen una puntuación por debajo de 50.
Algunas recomendaciones de Transparencia Internacional
“El pasado año trajo consigo desafíos a la integridad incluso en los países con las máximas puntuaciones, lo que demuestra que ningún país está libre de corrupción”, dijo la organización. Para mitigarla y afrontar mejor las crisis del futuro, Transparencia Internacional recomienda a todos los gobiernos:
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- Reforzar las instituciones supervisoras de modo que los recursos lleguen a las personas que más los necesitan. Los organismos anticorrupción y las instituciones supervisoras necesitan contar con fondos, recursos e independencia suficientes para cumplir su cometido.
- Procesos de contratación abiertos y transparentes para combatir irregularidades, identificar conflictos de interés y garantizar precios justos.
- Defender la democracia y fomentar el espacio público a fin de crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan pedir cuentas a sus gobiernos.
- Publicar datos relevantes y garantizar el acceso a la información de manera accesible, puntual y fácil de entender.
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