Venezuela maniobró para evitar que la crisis de alimentos y medicinas se debata en la ONU

Paraguay presentó un proyecto de comunicado, en el cual se instaba al Gobierno a solicitar ayuda para superar los problemas y se criticaban las detenciones, pero Cuba presentó otro para bloquearlo, donde denuncia intervencionismo.

Caracas. A poco más de un mes de que Venezuela deba someterse a su segundo Examen Periódico Universal (EPU) de DDHH en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Gobierno maniobró para bloquear la aprobación de un comunicado, donde se le instaba a solicitar ayuda internacional para “fortalecer el Estado de Derecho y garantizar a todos los venezolanos el pleno goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.

El documento, de cuatro puntos, fue presentado este jueves en Ginebra (Suiza) por el viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Oscar Cabello Sarubbi, durante una de las sesiones del Consejo y en él también se solicitaba “la pronta liberación de las personas detenidas por razones políticas”, al tiempo que se manifestaba preocupación por las informaciones sobre “la represión a las voces de la oposición y miembros de la sociedad civil venezolana, de las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y contra periodistas”.

Asimismo, se saludaba la disposición de la Santa Sede a facilitar un diálogo entre el Gobierno y la oposición y se llamaba a ambas partes a aceptarlo para así “resolver las necesidades urgentes del pueblo de Venezuela; para preservar la paz y la seguridad, para asegurar el pleno respeto de los Derechos Humanos, el debido proceso, la separación de poderes y la consolidación de una democracia representativa”.

El comunicado, el cual contaba, según Paraguay, con el respaldo de Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Costa Rica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, Irlanda, Israel, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo , Países Bajos, Paraguay, España, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos, fue respondido por otro elaborado por Cuba, en el que se calificaba al texto presentado por el país austral de “intervencionista” e “injerencista”.

Asimismo, se denunciaba que Washington estaba detrás de su redacción. Los diplomáticos caribeños dijeron que el texto a favor de Venezuela —en el cual se sostenía que los problemas de escasez son producto de la “guerra económica” que busca deponer al presidente Nicolás Maduro— tenía el aval de 88 países de la ONU, entre ellos Siria o Corea del Norte.

Aunque las autoridades venezolanas se dieron por servidas debido al amplio apoyo, lo cierto es que la situación del país se debatió en una sesión donde no estaba previsto que se hablara de la nación criolla.

Rumbo al EPU

Lo ocurrido este jueves pareciera ser el preludio del acalorado debate que se vivirá el próximo 1ª de noviembre, cuando Venezuela deberá someterse a su segundo EPU. En la última semana, la Embajada en el Consejo de Derechos Humanos ha organizado distintos eventos en el Palacio de las Naciones, sede la ONU en la ciudad helvética, para intentar posicionar sus argumentos entre los miembros de esa instancia.

Uno de ellos fue el foro “Democracia e independencia de poderes en Venezuela”, en el cual la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carmen Zuleta de Merchán, negó que el máximo juzgado sea un apéndice del Gobierno, pese a que en la práctica ha anulado a la Asamblea Nacional (AN) en manos de la oposición.

“Hay casos en los que no se le ha dado la razón al Presidente”, afirmó la funcionaria, según recogió Infobae. Sin embargo, no precisó cuáles son esos casos donde el mandatario no ha ganado.

Un estudio de la organización Un Estado de Derecho asegura que desde 2003 el Gobierno no pierde un juicio en el TSJ.

Con todo, no solo funcionarios venezolanos se han movido, pues organizaciones no gubernamentales también han hecho lo propio. Así, por ejemplo, la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, consiguió esta semana un derecho de palabra ante el Consejo en pleno, donde avaló la declaración que el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, hizo el 10 de agosto, al afirmar que en “Venezuela hay una crisis humanitaria”; y además agregó: “Los venezolanos esperamos el apoyo internacional que ayude a transitar esta emergencia política compleja que afecta todos los ámbitos de la vida humana. Hasta ahora, las ofertas de solidaridad no han sido aceptadas por nuestro Gobierno por considerarlo intervencionismo internacional en los asuntos internos. Pero en Venezuela no producimos los alimentos y medicamentos que necesitamos”.

Por último, la activista denunció la limitación al ejercicio de los derechos políticos impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante “la reinterpretación de leyes y normas sobrevenidas para la realización de un referendo revocatorio que están solicitando fuerzas políticas legales”; así como el aumento de acusaciones y detenciones contra militantes políticos y periodistas, “acciones que complican aún más la solución a la crisis política y el necesario proceso de diálogo que aún no muestra frutos, y para el cual pedimos apoyo del Consejo y de los países democráticos que lo conforman”.

Foto ACN