Los diputados Armando Armas (VP-Anzoátegui) y Williams Dávila (AD-Mérida) entregaron a la comunidad internacional sendos informes que reflejan la gravedad de la acción del Estado contra los representantes del pueblo.

Caracas. Detenciones ilegales, privación ilegítima de la libertad, agresiones físicas, asaltos al Palacio Federal, lesiones graves, amedrentamiento a sus equipos de trabajo y familiares, anulación de sus pasaportes e impedimentos para abordar vuelos nacionales fueron los pasos que progresivamente dio el Estado venezolano para rebanar la inmunidad parlamentaria, hasta que finalmente optó por el despojo de facto de la inmunidad consagrada en la Constitución.

Los diputados Williams Dávila (AD-Mérida) y Armando Armas (VP-Anzoátegui) presentaron, cada uno por separado, sendos informes sobre las diversas modalidades de persecución contra los integrantes del bloque parlamentario opositor, desarrolladas por el gobierno de Nicolás Maduro y sus seguidores a lo largo del año que está por terminar.

Dávila hizo una presentación de su data el 17 de noviembre, durante la tercera ronda de audiencias públicas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Mientras Armas preparó un reporte denominado “Parlamento en Resistencia”, que expuso el 28 de noviembre ante el foro “Parlamentarios para la Acción Global” realizado en Milán, Italia, y que reúne a más de 1300 representantes de 140 congresos y asambleas legislativas del mundo.

Ambos coinciden en acusar al gobierno de Nicolás Maduro de haber desarrollado y perfeccionado una política de Estado para el exterminio del Poder Legislativo y con ello, el desconocimiento de más de 13 millones de electores que votaron por sus integrantes en diciembre de 2015.

Los encarcelan

Diputado Armando Armas denunció persecución contra diputados en Milan, Italia

Dávila afirmó que de todas las agresiones perpetradas contra los diputados de la oposición desde el 5 de enero de 2016, al menos 67 fueron protagonizadas por la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana.

En su reporte, hace un recuento de las detenciones ilegales y privaciones ilegítimas de la libertad, comenzando con el encarcelamiento de Renzo Prieto en mayo de 2014 y que luego de haber resultado electo como diputado suplente por el estado Táchira debió ser dejado en libertad, pero que sigue encarcelado y en consecuencia no ha podido asumir su cargo.

Armas y Dávila destacan el caso del diputado suplente por Miranda, Gilber Caro, apresado en enero de este año y sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, aislamiento, privación de acceso a su defensa y a sus familiares, retardo procesal y presentación ante jueces militares. Todo sin contar el hecho de

Delsa Solórzano (UNT-Miranda), Daniel Antequera (Causa R-Lara) y Janet Fermín (VP-Nueva Esparta) fueron retenidos momentáneamente y amenazados por funcionarios de la GNB entre abril y mayo. Solórzano se encontraba en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Fermín cuando participaba en una protesta pacífica en Margarita y Antequera en una protesta en Barquisimeto.

Los casos más escandalosos de transgresión de la inmunidad perpetrada este año son los del primer vicepresidente Freddy Guevara (VP-Miranda) y Germán Ferrer (PSUV-Lara). Ambos fueron despojados de su inmunidad parlamentaria por una acción coordinada entre la ANC y el TSJ, sin que se cumpliera el procedimiento constitucional establecido. Guevara se refugió en la embajada chilena y Ferrer huyó del país.

“La persecución contra los diputados de la Asamblea Nacional integrantes de la fracción opositora al régimen totalitario de Nicolás Maduro, al estar dirigidos  a privar los derechos fundamentales de los mismos por pertenecer a un grupo político opositor, son considerados como delitos de persecución que el Estatuto de Roma tipifica como crímenes de lesa humanidad”, advierte Armas en su informe.

Los hieren, acosan y amenazan

Diputado Williams Dávila en la 3era ronda de audiencias de la OEA sobre Venezuela

Si bien Dávila contabiliza 10 agresiones contra diputados entre 2016 y 2017 en su informe, Armas registra 174 ataques: “90 actos violentos contra la integridad física de diputados de la oposición (de los cuales 67 han sido perpetrados por funcionarios de la GNB y PNB y 23 por grupos paramilitares y afectos a Maduro); 40 ataques institucionales y 44 amenazas”, dice el informe Parlamento en Resistencia.

Ambos diputados hacen hincapié en la gravedad e implicaciones de los sucesivos asaltos armados de los que ha sido objeto el Palacio Federal, comenzando desde el ataque protagonizado por funcionarios de la alcaldía de Libertador y el Concejo Metropolitano el 23 de octubre de 2016. Ese asalto, que dejó daños materiales de consideración y personas lesionadas, fue reivindicado sin aspavientos por seguidores del presidente Nicolás Maduro. Sus perpetradores respondían a las directrices del entonces alcalde Jorge Rodríguez.

Dávila recoge la denuncia realizada el 27/01/17 por los diputados Hernán Alemán y Rafael Veloz quienes afirmaron que ese día “grupos armados rodearon la locación” donde se llevó a cabo una sesión extramuros de la Asamblea Nacional en Petare. El 02/05/17 “grupos de choque del régimen intentaron ingresar a la fuerza al Palacio Federal Legislativo”, dice el informe. Arrojaron fuegos artificiales contra los diputados que ese día debatirían sobre las muertes causadas por la represión de los órganos de seguridad”.

El 27/06/17 diputados de la oposición encendieron alarmas por el ingreso de cajas del CNE al Palacio Federal. La GNB forcejeó con diputadas que solicitaban conocer el contenido de las cajas. En paralelo, un grupo de oficialistas bloqueó los accesos del Palacio Federal obligando la suspensión de la sesión e impidiendo la salida del personal parlamentario y de prensa durante 6 horas.

El 05/07/17 una horda de violentos asaltó el Palacio Federal Legislativo al término  de la sesión especial con motivo del Día de la Independencia. Al menos 8 diputados y 9 trabajadores parlamentarios fueron heridos con distinta gravedad; por más de 6 horas se impidió el ingreso y salida de personas, incluyendo funcionarios diplomáticos y periodistas.

Respecto a este aparte, Armas señala: “Los asaltos al Parlamento coinciden con el tipo penal de persecución política establecido en el Literal H del artículo 7 del Estatuto de Roma, y los daños personales y materiales causados pueden ser tipificados como homicidio frustrado, violencia contra funcionario público, daños genéricos, daños agravados, lesiones graves a personas. Además de violentar convenios y tratados internacionales debido a la retención por la fuerza de a embajadores y diplomáticos”.

Empleados y familia no se salvan

La persecución contra la oposición no se limita a las figuras más conocidas de la opinión pública sino que afecta a sus equipos de trabajo y sus familiares. En su reporte, Dávila cuenta 5 actuaciones contra personal de apoyo de los diputados en 2017. Además, Crónica.Uno registra 8 amenazas contra sus familiares.

El 15 de febrero, uno de los escoltas de Freddy Guevara fue detenido por la PNB; el 19 de ese mismo mes, el asistente de Ángel Álvarez resultó herido de bala cuando sujetos armados del Gobierno, desde una moto, lo interceptaron en la avenida Piar de Valencia, Carabobo; el 10 de mayo, el asistente de Freddy Guevara, Sergio Contreras, fue detenido por la PNB durante una protesta; el 24 de julio, el chofer y el fotógrafo de María Beatriz Martínez fueron retenidos en el comando de la GNB de la zona 31 de Guanare, Portuguesa; y el 30 de julio, el conductor de Freddy Guevara fue detenido arbitrariamente cuando circulaba por Caracas.

Por otro lado, el 17 de abril José M. Olivares denunció que sujetos armados ingresaron a la residencia donde viven sus padres en Vargas; el 22 de abril Tomas Guanipa publicó fotos de camionetas de la DGCIM frente a su casa: “Intentan amedrentar a mi familia”, dijo. El 23 de abril, Dinorah Figuera denunció que 2 tanquetas de la GNB se apostaron frente a su casa intimidando a su familia. El 15 de mayo, Gaby Arellano afirmó que personas pro oficialistas intentaron ingresar violentamente a su vivienda familiar en Michelena, Táchira. El 30 de julio, la esposa e hijas de Simón Calzadilla fueron detenidas en el estado Aragua, por la GNB. Y el 14 y 15 de octubre, Antonio Barreto denunció que funcionarios del Sebin apuntaron con armas largas a su hija y a su hijo respectivamente, cuando se encontraban en Anzoátegui.

No pueden viajar dentro ni fuera

Desde octubre de 2016, el entonces subsecretario de la Asamblea Nacional, hoy secretario encargado, José Luis Cartaya, tiene prohibición de salida del país, por el írrito juicio electoral abierto por un tribunal penal en contra de la recolección de firmas del referendo revocatorio. Cartaya es secretario de la Mesa de la Unidad.

Pero además, este año, 8 diputados de la Unidad han sido víctimas de esta práctica. El primero fue Luis Florido a quien le anularon el documento el 27 de enero. Florido preside la comisión de Política Exterior y desde entonces tuvo que salir del país por vía terrestre para cumplir sus funciones. Actualmente, participa en las negociaciones en Dominicana, por lo que se deduce que su documento le fue restituido.

Luego fueron víctimas de ese mecanismo los integrantes del Parlasur, Williams Dávila (febrero) y Eudoro González (marzo). En julio le tocó el turno a Américo De Grazia, presidente de la comisión que investiga la corrupción y daño ambiental en el Arco Minero; Jorge Millán que investiga la situación administrativa y operativa de Pdvsa; y Carlos Berrizbeitia, presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, que nombró a 33 nuevos magistrados del TSJ.

En mayo, Dávila y los diputados Franklin Duarte y Ezequiel Pérez denunciaron que distintas aerolíneas nacionales les impidieron abordar los vuelos para dirigirse a Caracas o a sus regiones.

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Violan Estatuto de Roma

En su informe, Dávila afirma que “el Poder Ejecutivo ha incurrido en el más claro desconocimiento de la Asamblea Nacional como órgano esencial del Poder Legislativo y en el desconocimiento de los derechos y garantías básicos que amparan la inmunidad o fuero parlamentario”.

Armas destaca que en el caso de las detenciones de diputados bien pueden calificarse como arbitrarias según el derecho internacional “no solo por haber desconocido la inmunidad parlamentaria sino porque se llevaron a cabo violando los derechos humanos inherentes a todo proceso penal reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales”.

El parlamentario anzoatiguense también destaca la obstrucción administrativa aplicada desde el Ejecutivo a la Asamblea. Afirma que en luego de asumir la nómina de la AN desde 2016, para septiembre de 2017 la deuda del gobierno de Maduro con los trabajadores ascendía a 7,4 millones de dólares.

“El Poder Ejecutivo en modo alguno puede asumir la gestión de recursos humanos del Parlamento, pues suprime su autonomía administrativa y viola el artículo 91 de la Constitución además de tratados y convenios relativos a la protección del salario”, dice Armas.

Fotos: Maru Morales P.



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