El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó que no se conocen avances de las investigaciones que anunció el Ministerio Público, la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente, tras la intervención del Centro de Detención Preventiva donde asesinaron a 39 privados de libertad el pasado 16 de agosto.

Según el informe del OVP hubo privados de libertad que recibieron más de 10 impactos de bala.

Caracas. Lo llamé a las 6:00 a. m. y me dijo que estaba bien. Pero a las 6:40 a. m. me mandó un mensaje que nunca olvidaré, me dijo que estaba casi muerto y me pidió que me cuidara. Luego lo volví a llamar pero no me atendió más.

Luego de más de 10 horas de enfrentamiento en el Centro de Detención Preventiva del estado Amazonas (Cdja), Josefina Payema quería saber de su hijo Gabriel Muñoz. Ya tenía la boleta de excarcelación, pero tres días antes —el 16 de agosto— las fuerzas de seguridad del Estado irrumpieron en el recinto y asesinaron a 39 privados de libertad, entre ellos al joven de 32 años.

La noche del 15 de agosto uniformados iniciaron la toma del calabozo y se generó un intercambio de disparos con la población reclusa hasta la mañana del 16 de agosto; vecinos de la población aledaña de San Enrique relataron que parecía una película de guerra por las constantes detonaciones y explosiones. Posteriormente, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció que sería clausurado —por mandato presidencial— y el traslado del resto de la población.

Tres meses después de esa masacre no hay funcionarios detenidos ni responsables del ajusticiamiento y tortura de los privados de libertad que se encontraban en el único centro de Puerto Ayacucho, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

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Durante la presentación de la investigación detallaron que tampoco se tiene conocimiento del avance de las investigaciones que anunció el Ministerio Público (MP), la Asamblea Nacional (AN) y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), bajo una comisión encabezada por la exministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. Ni se sabe si la Defensoría del Pueblo adelanta averiguaciones.

Gabriel Muñoz recibió tres tiros en la espalda y dos en la pierna. Su familia confirmó que había muerto luego de más de cinco horas tratando de saber de él, pues las autoridades se negaban a dar información oficial. Además agredieron a mujeres y muchas fueron detenidas mientras exigían saber de su ser querido.

Veíamos que pasaban y pasaban ambulancias a toda velocidad y los funcionarios nos decían que esos no eran ellos sino los militares heridos, pero era mentira, sí eran los muertos, contó Fabiola Muñoz, hermana de la víctima.

Marino Alvarado, defensor de los derechos humanos y quien llevó a cabo la investigación del OVP, aseguró que casi todos los privados de libertad fueron ejecutados y que los funcionarios no agotaron los mecanismos de persuasión antes de disparar. Tampoco se llamó a un fiscal de Derechos Fundamentales o al MP para que sirviera de intermediario con los reclusos.

Con completa responsabilidad aseguramos que en Amazonas hubo una masacre y fue planificada para castigar a condenados y procesados. Murieron quienes tenían orden judicial de libertad, quienes estaban detenidos por bachaqueros y por otros delitos menores.

Solo tres privados de libertad fallecieron en medio del combate, porque los reclusos estaban armados y respondieron, y cinco funcionarios resultaron heridos. Dentro del penal había 10 mujeres y tres niños —de 6 y 4 años— quienes por más de 10 horas fueron testigos de las 20 granadas que detonaron, los morteros y los disparos desde un helicóptero.

Hubo personas que estaban heridas y fueron arrojadas desde la azotea para que murieran. El pran 1 le dijo al comandante que dirigía la operación que no se iban a rendir en la noche pero sí en la mañana y aún a las 7:00 a. m. se oían detonaciones, también dijo que había mujeres y niños adentro y no se hizo el esfuerzo para que salieran, dijo el abogado.

La noche en que fue intervenido el centro de detención preventiva actuaron funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el grupo de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC), adscrito al Ministerio para el Servicio Penitenciario y el Comando Nacional Antisecuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Hasta el momento no hay detenidos.

Investigación del OVP destacó que privados de libertad que estaban heridos y fueron arrojados desde una platabanda

Gabriel estuvo detenido durante 45 días, acusado de robo. Dejó huérfanos a tres hijos de 12, 9 años y seis meses. Su madre y hermana exigen justicia. Él era inocente y era lo único que teníamos nosotras en la casa, ahora nos quedamos solas, dijo su hermana.

Lo de mi hijo no se va a quedar así, ahí había inocentes y culpables, pero no eran animales. Más nunca recuperaré a mi hijo, pero me duele y esto que hicieron no tiene perdón de Dios. El Gobierno hace lo que quiere, quieren dejar esto así, soltó su madre, quien aseguró que viajó por primera vez a Caracas y lo hizo por Gabriel.

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Amenazas a víctimas de la masacre

Humberto Prado, director del OVP, comentó que los familiares de las víctimas han recibido amenazas y además son perseguidos, al igual que los reclusos que fueron trasladados hasta el Internado Judicial de Apure.

Responsabilizo al Estado por la integridad física de ellos. Después de tres meses no les han dado respuestas. Exigimos una investigación inmediata.

Según el informe del OVP, el 16 de agosto cuando se ejecutó la operación había en el calabozo 100 detenidos, pues aunque en lista estaban 103 los restantes se encontraban en el hospital por una reyerta anterior. El gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, acusó de los asesinatos al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mientras que el ministro Néstor Reverol señaló que la inacción de Guarulla había convertido el calabozo en un caos.

Prado recordó que en Amazonas solo había un centro de detención preventiva y custodiado por la policía estatal, que estaba intervenida desde enero de 2017. Exigió al Gobierno cumplir con los mandatos dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del retén de Catia.

El Estado tiene la obligación de entrenar y capacitar a los cuerpos de seguridad, además de ajustar a los estándares internacionales los centros de reclusión, soltó.

Miembros del OVP y defensores de los derechos humanos exigieron al Gobierno que informe de las investigaciones

De acuerdo con la investigación, el Cdjda estaba “en el limbo” desde 2016 pues no tenía control institucional ni del Ministerio de Relaciones Interiores ni del Ministerio para Asuntos Penitenciarios. Tampoco la Gobernación del estado Amazonas ejercía poder en el centro.

 MASACRES EN IMPUNIDAD 

Retén de Catia

Vista Hermosa

Uribana

Puente Ayala

Santa Ana

El Rodeo

(Fuente OVP)

Fotos: Luis Miguel Cáceres



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