El menor, de 17 años, fue arrestado el pasado 13 de julio y llevado a los calabozos de la Policía del municipio Chacao. Su madre siente que no sirve de nada cuando va a tribunales a buscar información sobre el caso de su hijo. La falta de fiadores ha demorado el proceso del joven.
Han pasado cinco meses desde que culminaron las protestas en contra del presidente Nicolás Maduro. En todo este tiempo los jóvenes que resultaron heridos han afrontado largos procesos de recuperación y quienes perdieron a un ser querido esperan justicia. Crónica.Uno entrevistó a cuatro víctimas para conocer detalles de su situación actual.
Caracas. A las 4:00 p. m. llamaron a Yesenia —nombre ficticio por medidas de protección— y le avisaron que su hijo estaba detenido. No entendía qué pasaba, pues se suponía que este debía estar en la casa después del liceo mientras ella trabajaba. Pero el adolescente de 17 años había sido arrestado mientras protestaba en la plaza Altamira.
El jueves 13 de julio, después de clases, se sumó a un grupo de jóvenes que participaba en las manifestaciones convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en contra del presidente Nicolás Maduro —llevadas a cabo desde el 1° de abril hasta el 30 de julio, que culminaron con 129 fallecidos, según la fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega Díaz—. Lo llevaron hasta los calabozos de la Policía del municipio Chacao y ahí permanece aún, cinco meses después.
Hasta el sol de hoy, Yesenia no sabe qué hacía cuando lo detuvieron y tampoco ha querido preguntárselo, prefiere aprovechar los 10 minutos que tiene para visitarlo —cada ocho días— con abrazos u ocuparse de atender su salud. Pero de lo que sí está segura es que no era la primera vez que su hijo participaba en las acciones de calle.
Durante cinco meses, su hijo mayor ha dormido en una sábana puesta en el piso, en una celda con aproximadamente 80 hombres pero con espacio para 20. Se ha librado de enfermedades comunes entre la población penal como la escabiosis y amibiasis porque ella ha estado pendiente de él gracias a su profesión de enfermera.
En una semana el adolescente ha comido lo mismo: carne molida. Es lo más barato que consigue Yesenia, quien es madre soltera y además tiene a dos hijas más, de 14 y 15 años.
“Hay que llevarle las tres comidas y hay ciertas restricciones que hacen todo más difícil de conseguir con esta escasez. Casi siempre puedo llevarle carne y cuando cobro los cestaticket le llevo chuleta”, contó la mujer de 34 años.
Según datos del Foro Penal Venezolano, en julio se registraron 1414 detenidos durante las protestas. El día con más aprehensiones fue el 20 de ese mes, cuando la oposición llamó a un paro cívico de 24 horas.
Desde el 1° de abril hasta el 31 de octubre la ONG registró que aún permanecían tras las rejas 444 personas. La falta de cargo de los tribunales de verificación de fiadores o el no ser presentados formalmente ante un tribunal son dos de los motivos del retardo procesal penal.
[irp posts=”76255″ name=”Jesús Ibarra intenta recuperar habla y movilidad tras caer al Guaire por golpe de lacrimógena (I)”]En el caso del adolescente, espera conseguir cinco fiadores para salir de los calabozos. El pasado viernes 17 de noviembre quedó en libertad pero cinco días después regresó a prisión porque los requisitos no estaban completos.
“La abogada pública me llamó y me dijo que estaba en libertad. De la emoción me fui caminando desde mi trabajo y encontré a mi hijo esperándome. Lo vi y lo abracé, lloramos mucho. Pero cuando fuimos a tribunales lo volvieron a meter preso porque no teníamos los fiadores completos”, contó.
Inicialmente habían pedido siete fiadores y los bajaron a cinco. Pero el proceso es lento, pues de cada uno se debe presentar carta de trabajo, carta de residencia, RIF y carta de buena conducta. Luego hay que llevar esos documentos al Registro Civil y esperar alrededor de 15 días para que el tribunal culmine el proceso de verificación.
“Todo esto ha sido un proceso muy lento, cuando uno va a tribunales se encuentra con que no hay secretaria, otros días no hay motivos. Si preguntas, no hay respuestas, ahí pareciera que los derechos humanos no valen y que quienes tenemos a alguien detenido tampoco existimos”, dijo. |
Tampoco han podido conocer el expediente del estudiante y no sabe qué delitos le inculpan. De hecho, tuvo que pedir sus prestaciones laborales para poder pagar un abogado privado, con la esperanza de que acelere el caso de su hijo.
El Foro Penal sostuvo en su informe que hasta el 31 de octubre 444 personas permanecían detenidas (de las 5451 que arrestaron). Además hay 7040 personas que fueron investigadas y se encuentran con medidas cautelares sustitutivas de privación de libertad, como presentación periódica o arresto domiciliario.
No he recibido ayuda de nadie, estoy completamente sola, los políticos se olvidaron de nosotros. Siempre pienso que el mío está preso y no hicieron nada, pero todos los que murieron perdieron la lucha”.
Por encontrarse sola y sin asesoría judicial, Yesenia ha tenido que redoblar sus horas en el trabajo para brindar manutención a su hijo en prisión y pagarle el abogado privado. También tuvo que abandonar la licenciatura en Enfermería, que realizaba en el Instituto Universitario de Tecnología de Administración Industrial (Iuta).
Violación de los Derechos Humanos
El adolescente, quien estudia quinto año de bachillerato en un liceo en Palo Verde, se ha mantenido en prisión en condiciones no aptas. Comparte celda con casi 80 personas y duerme en el piso, según Yesenia.
Ha bajado de peso de manera considerable porque la comida que le lleva la comparte con los compañeros de prisión que no reciben. Como él, hay otros jóvenes detenidos durante las protestas en Altamira.
[irp posts=”70120″ name=”Escasez de alimentos golpea por partida doble a familiares de presos en calabozos”]El más reciente estudio de la ONG Una Ventana a la Libertad, que abarcó el monitoreo de 89 calabozos en 8 estados del país en el primer semestre de este año, reveló que 87 % no posee servicio de comedor, situación que afecta de forma directa el derecho a la alimentación y a la salud.
“Además de que están hacinados ahí hay chiripas, piojos, sarna, amibiasis, de todo; además hace mucho calor porque no hay ventilación. De las 8 mujeres que hay a 2 no les llevan comida y de los 80 hombres solo 20 reciben”, dijo.
Tareck William Saab, dijo en 2016 —cuando aún era defensor del Pueblo— que el hacinamiento en los centros de detención preventiva era “brutal”, con aproximadamente 33.000 detenidos en el país.
Una Ventana a la Libertad sostiene en sus informes de los calabozos que estos están concebidos para ser espacios que albergan de manera temporal, por máximo 48 horas, a los detenidos hasta que sean presentados ante los tribunales competentes que conocerán su caso y decidirán si debe ser trasladado hasta un recinto carcelario o si recibirá el beneficio de la libertad.
Fotos y videos: Luis Miguel Cáceres
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