Según la Acnur, Venezuela constituyó la cuarta nacionalidad con más solicitudes durante 2017, con 111.600 registros. Perú, Brasil y Estados Unidos se presentan como las principales alternativas receptoras.

Caracas. Las constantes amenazas de muerte hicieron que Andreína Meneses (nombre ficticio por seguridad) cambiara su formación en leyes, en Venezuela, por productos de limpieza, en España. Una invasión a su casa por parte de grupos paramilitares en 2012, historia que se repitió en su trabajo durante 2017, la arrinconaron para que metiera 25 años de vida en un par de maletas.

La primera parada la hizo en Medellín, Colombia, en octubre de 2017. Sin embargo, con la inseguridad y las drogas que corrían por la zona, se sintió en Caracas de nuevo, por lo que prefirió cambiar de continente y pisó suelo español en marzo de 2018 con una opción desesperada de último minuto: el asilo.

De acuerdo con el informe “Tendencias Globales, Desplazamiento Forzado en 2017“, elaborado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), Venezuela constituyó la cuarta nacionalidad con más solicitudes de asilo durante 2017, con 111.600 registros. Meneses apenas representa una gota en un mar de 4639 venezolanos que también han tomado esta medida en España, entre enero y mayo de este año.

El refugio es una carta que también se considera entre los nacionales como alternativa a la crisis económica, social y política que campea en el país.

La página de la Acnur sostiene que los solicitantes de asilo son individuos que han buscado protección internacional y cuya petición de refugio no se ha determinado, independientemente de cuándo haya sido introducida.

En este mismo orden de ideas, Julio Henríquez, coordinador internacional de Foro Penal y director de Refugee Freedom Program, en Estados Unidos, explicó que un refugiado es aquella persona que huye de su país de origen porque tiene miedo de ser perseguido, ya sea por razones políticas, de raza o religión; mientras que el asilo es el proceso de reconocimiento para ser refugiado.

Durante 2017, Meneses fue docente de inglés en una academia de cocina en la UD 5 de Caricuao, que trabajaba con la Alcaldía Mayor Caracas, dirigida para ese entonces por el opositor Antonio Ledezma, preso en ese momento. Las amenazas de muerte de otro grupo paramilitar aparecieron. Alegaron que la parroquia era “zona chavista” y causaron destrozos en las instalaciones. Para la joven, los chantajes recibidos por quienes invadieron su casa eran suficientes y decidió dejar su trabajo. A los dos meses, la academia cerró por seguridad.

Cuando logramos que el grupo desalojara nuestra casa, tuve que cambiar mi rutina. Mudarme a vivir con mi mamá, dejar de ver a mi papá. Cuando ocurren luego las amenazas en mi trabajo, no lo soporté. Tengo fotos de ambos casos. Me asesoré con un abogado español y me explicó que mi caso no entra como asilo político, pero hay una figura dentro de la ley española que se llama ‘protección subsidiaria’, que aplica a personas que huyen porque temen por su vida, ya sea por un ente gubernamental o por algún otro y que el Estado no te brinde esa protección, comentó la muchacha desde Orense, el pueblo español donde reside.

La Acnur indica que, para los solicitantes de refugio, la situación puede ser tan “peligrosa e intolerable” que cruzan las fronteras nacionales en los países vecinos, para ser reconocidos internacionalmente como refugiados con acceso a la asistencia de los Estados, del Acnur y otras organizaciones pertinentes. Para ellos es demasiado peligroso volver a su lugar de origen y por tanto necesitan asilo en otro lugar.

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En el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece el derecho a buscar asilo y disfrutar de él. No obstante, tanto la Acnur como Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, aclaran que cada país tiene la potestad de conceder asilo a aquellas personas que cumplan con las exigencias, las cuales varían de un Estado a otro.

Que cada vez sean más lo venezolanos que soliciten esta acción deja ver para Henríquez la crisis humanitaria y de Derechos humanos por las que pasa la nación, lo que a su vez genera consecuencias internacionales por el alto flujo de solicitudes y procesos burocráticos.

En Latinoamérica, Perú registró 33.100 solicitudes de asilo en 2017; seguidas de las casi 30.000 presentadas en Estados Unidos. El podio lo completa Brasil, con 17.900. Mientras que el viejo continente lo lidera España, con 10.600.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la nación otorga el estatus de refugiado o asilado a personas que han sufrido persecución o que temen que se les persiga por razones de raza, religión, nacionalidad o por pertenecer a cierto grupo social u opinión política.

La solicitud de refugio solamente se hace fuera del territorio estadounidense, mientras que para el asilo se debe entrar en la definición de refugiado y estar en Estados Unidos, pues la admisión se pide en un puerto de entrada.

Por la alta demanda, el proceso se puede extender más de dos años, dependiendo del país donde se haga la solicitud. En el caso de Meneses, quien culminó su carrera de Derecho en Venezuela, solo ha recibido como respuesta que su situación ya tiene un expediente en Madrid, la capital española, al tiempo que retienen su pasaporte durante todo el trámite.

A nivel personal todavía no sé si fue una buena decisión, fue un poco desesperada. Pero no he querido devolverme a Venezuela y mucho menos a Colombia. Mi familia me ha apoyado, incluso con las pruebas. No había meditado esta decisión, la tomé como última opción. Soy abogada, en Venezuela era autónoma más el trabajo como docente de inglés y bartender. Aquí en España, limpio en un chalet y de vez en cuando cuido a unos niños, relató.

En marzo de este año, Acnur emitió una nota de orientación sobre el flujo de venezolano en la región latinoamericana. En ella, la organización pidió a las naciones receptoras que garantizaran a los nacionales la legalidad, accesibilidad a derechos básicos y la garantía de no retorno “en vista de la situación actual en Venezuela”.

Asimismo, pidió el acceso a procedimientos de asilo, a la par que hizo un llamado a los Estados “para que tomen las medidas necesarias para combatir el racismo, la discriminación y la xenofobia”.

La emigración tiene varias caras

La socióloga Ligia Bolívar sostuvo que en la actualidad se presenta un flujo migratorio mixto. Es decir, hay venezolanos que se van para pedir refugio o asilo, fundado en un miedo de persecución por parte del Gobierno, pero también hay una migración forzada, que es otro fenómeno que está protegido en el ámbito internacional. La migración forzada es algo que no planeaste, hace dos años no considerabas dejar tu país, pero ante el tema de inseguridad, economía, alimentación y de salud, te obligaron a irte, explicó.

No obstante, no se debe descartar que la emigración voluntaria ocurre, aquella motivada por estudios o trabajo, aunque se presenta en menor cantidad.

Sin importar las razones, el constante número de personas cruzando fronteras, ya sea a pie o por avión, implica que los países de acogida desarrollen mecanismos para manejar el flujo migratorio, pues para Bolívar “la situación se va a mantener, va a aumentar y va a durar”.

Por su parte, para Henríquez, de Foro Penal Internacional, esto genera narrativas de bienvenida a los venezolanos, pero también en casos puntuales se presenta la xenofobia.

El último caso es común en comunidades pequeñas, ya que la mayoría de las veces se ven superados en capacidad para atender a los emigrantes y sus sistemas de vivienda o salud pueden colapsar, detalló.

Bolívar agregó que la problemática no solo es masiva, sino también sanitaria ante la llegada de enfermedades como el sarampión, malaria, VIH, a los países receptores.

Foto referencial: Mike González



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