Defensores de DD. HH. detectan un patrón de torturas en el Sebin

Para los defensores de derechos humanos, la muerte del concejal reproduce un patrón de asedio delineado por el maltrato tanto psicológico como físico al que se someten los presos de conciencia.

Caracas. Con todo un panorama por esclarecer, la muerte del concejal Fernando Albán, cuya integridad estaba en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, inscribe un capítulo sin precedentes en la historia de los presos políticos del país, signada por la intimidación, el hostigamiento y la tortura.

Albán es el tercer preso por razones políticas en morir bajo la custodia del Sebin durante el gobierno de Nicolás Maduro. El anuncio prematuro de un supuesto suicidio, que dejó versiones diferentes entre el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, solo oscurece el panorama y enciende las alarmas.

Para los defensores de derechos humanos, la muerte del edil reproduce un patrón de asedio delineado por el maltrato tanto psicológico como físico al que se someten los presos de conciencia. Una investigación realizada este año por Provea revela que de los 135 casos de personas secuestradas por el Estado desde 2013, cuando Maduro arribó al poder, solo en el primer semestre de este año 85 sufrieron desapariciones forzadas.

Entre las tácticas ejecutadas por la policía del Estado para someter a sus víctimas destacan el aislamiento prolongado, las amenazas de muerte y las golpizas. Liliana Ortega, directora ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), denuncia el trato misógino y homofóbico contra algunos detenidos. Incluso, algunos presos son asfixiados con bombas lacrimógenas dentro de sus celdas, pero la mayoría de los casos, enfatiza Ortega, no son investigados. “No se inician investigaciones por presunta tortura y se toma siempre la versión policial”.

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La coyuntura inviste de urgencia un problema que se ha recrudecido desde 2014, cuando se incrementaron los presos políticos en el país. Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, hace hincapié en las desapariciones forzadas, el modo como procede el Estado en la mayoría de los casos. El portavoz de Provea asegura que, en promedio, las víctimas desaparecen durante 11 días, sin ser presentadas ante un tribunal en las 48 horas siguientes a su detención, como lo establece el debido proceso.

La lectura de Provea en torno a la actuación del Estado es punzante. La organización califica de “terrorismo de Estado” la táctica que usa la policía política de Nicolás Maduro para encarcelar a quienes disienten de su gobierno. Provea no es el único con esa apreciación en el terreno de los derechos humanos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha reconocido, en su más reciente informe, la tortura como una práctica recurrente del Estado.

Foto: Luis Morillo

Saldo de tortura

La primera víctima en perder la vida en manos del Sebin fue Rodolfo Pedro González Martínez, también conocido como “El Aviador”, quien fue hallado muerto en su celda en El Helicoide, a pocos días de cumplir un año detenido, el 13 de marzo de 2015. Se trata de un excapitán de la Aviación Civil, detenido en abril de 2014 por participar en las protestas políticas y acusado por presunta tenencia de explosivos y tráfico de armas.

El segundo en la lista de fallecidos fue Carlos Andrés García, un concejal del municipio Páez de Apure, detenido el 17 de diciembre de 2016 y acusado de instigación pública a delinquir, daño violento, incendio en grado de participación y hurto. El concejal sufría de hipertensión y su cuadro se complicó en los calabozos del servicio de inteligencia en Guasdualito, donde -señala la versión oficial- sufrió un ACV.

Desde 2014 hemos registrado un ascenso de los casos de tortura y tratos crueles contra personas privadas de libertad por razones políticas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta y en las sedes del Sebin en Plaza Venezuela y en El Helicoide”, denuncia Inti Rodríguez, defensor de derechos humanos en Provea. Agrega que los patrones van desde abusos físicos, que incluyen golpizas, hasta empleo de electricidad y abusos sexuales.

En torno al maltrato psicológico, asegura que pasa por las amenazas de muerte y tratos degradantes que pretenden destruir la dignidad humana. Rodríguez cita el caso de Juan Requesens, quien fue maltratado vilmente por los funcionarios del Estado, y de otros opositores a quienes se les ha prohibido contactos con sus familiares, abogados y se les ha violado el debido proceso.

“Muchas veces son víctimas de abusos sexuales. Y son torturados con corriente para que confiesen; además, les dan otros tipos de tratos crueles, dirigidos a destruir la identidad y la dignidad de las personas”, señala.

También existe una forma sutil de hostigamiento, que Inti Rodríguez califica de “tortura blanca”. Es la incertidumbre a la que son sometidos los presos por razones políticas al no ser presentados ni trasladados a las audiencias. Un panorama que se hace cada vez más profuso en una atmósfera dominada por la violación flagrante de los derechos humanos. “Una vez que la persona es detenida se le debe comunicar las razones por las que ocurre el arresto, se le debe brindar derecho a los abogados y sus familiares deben conocer las condiciones en las que se encuentra detenida. Pero nada de ello corre”, denuncia Inti.

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Entre las 85 víctimas de desaparición forzada que han sido reportadas este año por Provea, se cuentan 28 casos de militares procesados, cuyos paraderos fueron informados cinco días después de su detención.

Omar Lares, padre de Juan Pedro Lares, bien sabe de ello. El joven, que permaneció detenido durante nueve meses sin ser imputado por algún delito, fue objeto de tortura y maltrato. A decir verdad, las organizaciones consideran que cuando una persona es privada de libertad por razones políticas hay una alta probabilidad de que sea sometida a torturas y tratos inhumanos o degradantes.

“La desaparición forzada es cuando los agentes estatales detienen a los ciudadanos y lo niegan o se rehúsan a decir dónde se encuentran. Es un delito de derecho internacional y es susceptible de ser investigada en la Corte Penal Internacional”, señala Uzcátegui. El caso más emblemático de todos es el de Alcedo Mora, el dirigente político de PRV, que fue desaparecido el 27 de febrero de 2015, un caso que se ha prolongado en el tiempo.

Aun cuando el escándalo de los presos políticos no ha revertido el drama de la tortura para quienes permanecen en cautiverio, sí ha dejado sanciones directas contra el director del Sebin, Gustavo González López, quien es uno de los funcionarios con más sanciones internacionales. La primera sanción en su contra fue emitida en 2015, cuando Estados Unidos congeló sus bienes en esa nación y le prohibió la entrada al país. Desde entonces, Gustavo González López suma siete sanciones. En enero, la Unión Europea lo amonestó por socavar la democracia y promover el juicio de civiles en tribunales militares, además de respaldar públicamente acciones contra la oposición.

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