En un informe presentado este viernes el Alto Comisionado de Naciones Unidades para los Derechos Humanos responsabiliza al Estado venezolano de una serie de irregularidades, en particular de los hechos relacionados con las protestas del 2017.

Caracas. La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Zeid Ra’ad Al Hussein, emitió este viernes un informe sobre Venezuela en el que se reflejan una serie de denuncias contra el Estado venezolano, al cual acusan de violar los derechos de ciudadanos, con casos de tortura y de ejecuciones extrajudiciales.

El texto, de más de 61 páginas, condena la “inacción” del Estado en una serie de irregularidades y hechos de violencia que abarcan casos como las OLP, las protestas de abril a julio del 2017 y el caso de Óscar Pérez en El Junquito. En total, son 10 los puntos abordados en el informe que relatan la situación de violencia e inseguridad legal en el país, además de la vulnerabilidad alimentaria de la población.

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  1. Un Estado que criminaliza la reunión pacífica: el informe señala que el Estado venezolano adoptó una tendencia de criminalizar la reunión y la protesta pacífica como mecanismo para evitar que se llevaran a cabo manifestaciones. Citando estimaciones de algunas ONG en Venezuela, el documento dice que “tras las protestas masivas de 2017, las autoridades estatales, en particular las fuerzas de seguridad, han continuado impidiendo el ejercicio pleno del derecho de reunión pacífica, sobre todo mediante el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias”. Como prueba de que se trata de algo intencional, citan legislatura como la normativa contra el Odio —aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente— como un mecanismo contra las reuniones y protestas.
  2. Familiares de muertos en protestas sin acceso a la justicia: la investigación realizada refleja que las autoridades no han “actuado con la debida diligencia” para realizar las investigaciones necesarias sobre los muertos de las protestas del 2017, lo que es una violación al derecho a la justicia de sus familiares. El documento de la oficina del Acnudh refleja que en entrevistas hechas a 19 familiares “declararon todos que habían perdido la confianza en el sistema de justicia” y que “no tenían expectativa” de que el Gobierno fuera a rendir cuentas sobre las muertes. Se refleja además que desde la llegada de Tarek William Saab —designado por la ANC el 5 de agosto de 2017 al Ministerio Público, se introdujo una política de revisión personal en caso de que se tratara de la acusación contra un uniformado por una muerte, algo que “introdujo preocupaciones sobre la pérdida de independencia de los fiscales”.
  3. Comisión de la verdad sin confianza de víctimas: otro punto que aborda el documento es la creación de la Comisión de la Verdad el pasado 8 de agosto del 2017 por parte de la ANC, la cual, dicen, abre serias dudas sobre el accionar de esta “institución” dada la cercanía a personas y funcionarios vinculados con el gobierno de Nicolás Maduro. “Todos los familiares manifestaron su desconfianza con respecto a la Comisión de la Verdad y su trabajo, y cuestionaron su independencia e imparcialidad debido a los vínculos de sus miembros con el Gobierno y el partido en el poder”, se lee en el documento que además cita al padre de Juan Pablo Pernalete quien cuestiona que Delcy Rodríguez, otrora presidenta de dicha comisión, aseguró públicamente que la muerte de su hijo no había sido responsabilidad de las fuerzas de seguridad.
  4. Las OLP como foco de ejecuciones extrajudiciales: otro punto que es cuestionado fuertemente es la creación de las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), las cuales, asegura, han promovido y permitido asesinatos a manos de funcionarios. Sobre estas operaciones destaca que están conformadas no solo por personal policial, sino también por efectivos militares y de inteligencia, lo cual dificulta que se garanticen los derechos de sospechosos y detenidos. “Una organización de la sociedad civil ha registrado al menos 5846 presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y 2016; en 134 casos las víctimas eran mujeres. La cifra anual total de ejecuciones aumentó de manera constante, pasando de 384 en 2012, a 2379 en 2016. En la denuncia presentada ante la fiscal de la CPI, la anterior fiscal general de Venezuela [Luisa Ortega Díaz] declaró que se habían llevado a cabo 1777 presuntas ejecuciones extrajudiciales en 2015, 4667 en 2016, y 1848 entre enero y junio de 2017”, refleja el informe.
  5. Sin seguridad para las cárceles: con respecto a los centros penitenciarios, el informe destaca el hecho ocurrido en Amazonas el pasado 16 de agosto de 2017, cuando 39 reclusos del Centro de Detención Judicial de ese estado fueron asesinados por efectivos en un intento de toma del penal por parte de organismos de seguridad. El texto cuestiona que, más allá del armamento que tenían los reclusos, los cuerpos policiales emplearan armas de alto calibre como AR-15 y AK-47. Además critica que los uniformados emplearan armas de fuego “sin haber agotado antes otros métodos menos letales y no habían permitido que los presos se rindieran”.
  6. Caso Óscar Pérez como posible ejecución: otro hecho muy significativo que es analizado por el informe es el del caso de Óscar Pérez, exfuncionario del Cicpc que fue asesinado durante un enfrentamiento con cuerpos de seguridad del Estado el pasado 16 de enero del 2018. La información recopilada por la oficina del Acnudh asegura que aunque inicialmente se adelantaron conversaciones para lograr una rendición, una orden del Ceofanb hizo que se empleara fuerza letal contra Pérez y quienes lo acompañaban. Además se cuestiona que no se iniciara una investigación sobre los hechos de ese día y que la casa en la que se registró el enfrentamiento fuese destruida, lo que evitó que se “conservaran elementos de prueba fundamentales”, acto que la ONU calificó como una “violación de los procedimientos forenses establecidos y la cadena de custodia”.
  7. Detenciones arbitrarias como mecanismo de intimidación: el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también denuncia que como política de Estado se empleen detenciones arbitrarias como mecanismo de intimidación para ciudadanos opositores. Se indica que entre los detenidos usualmente se encuentran activistas políticos, sociales, estudiantes, trabajadores de medios de comunicación y efectivos de las fuerzas armadas, quienes además de ser detenidos son aislados y cuyos casos presentan una serie de irregularidades y violaciones al debido proceso. “El Acnudh encontró violaciones a las garantías del debido proceso en cada uno de los 100 casos documentados para la preparación de este informe, lo que confirma el patrón señalado en el informe de 2017 (…) En varios casos documentados por el Acnudh, los detenidos permanecieron incomunicados durante semanas o incluso meses, en ocasiones como una forma de castigo”, refleja el informe.
  8. Formalizadas las denuncias de torturas: con respecto a las acusaciones de torturas por parte de personas detenidas, el Acnudh dice que ha recibido “relatos creíbles” por parte de presos. “Para la preparación de este informe, el Acnudh documentó más de 90 casos de personas privadas de su libertad que habían sido sometidas a una o más formas de malos tratos o tortura. Los casos más graves generalmente ocurrieron en las instalaciones del Sebin, de la Dgcim y de las fuerzas armadas en todo el país”, se lee en el documento. Entre las torturas señaladas se hablaría de golpizas, aplicación de electricidad, violación y otros tipos de violencia sexual, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ejecución y privación del agua.
  9.  Ataques contra la dirigencia opositora:en otro de los puntos tocados por el informe, se acusa directamente al Estado de promover ataques contra dirigentes de los partidos de la oposición, sin distinguir entre funcionarios electos o dirigentes sociales. Se señala que estos son acusados de cargos como terrorismo o traición a la patria para justificar ataques perpetrados por entes del Gobierno, fuerzas de seguridad y civiles a favor de Nicolás Maduro, es decir, colectivos.
  10.  Sin respetar la libertad de expresión: finalmente, en torno a los hechos de violencia, el Acnudh señaló en su informe una serie de ataques a la libertad de expresión y de información en el país. Citando a la ONG Espacio Público, la ONU recoge que en 2017 se registraron 1002 violaciones cometidas, “la mayor cifra anual de las que la ONG ha registrado en los últimos 16 años”, se lee.

Foto: Archivo | Francisco Bruzco @bruzco1



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