En febrero del año en curso, el equipo de Crónica.Uno realizó un recorrido por todo el camposanto y constató el estado de abandono en el que se encuentra el lugar.
Caracas. Este miércoles, tres miembros de la fundación Fundahumanos entregaron en la Fiscalía General de la República un documento donde denuncian que casi la mitad de las tumbas que hay en el Cementerio General del Sur han sido profanadas. En la carta también detallan que “en diferentes calles del camposanto observamos cualquier cantidad de ataúdes tirados en las calles de ese lugar, los antisociales entran a cualquier hora y profanan las tumbas para vender los huesos y cráneos”.
El texto indica que el mantenimiento y la falta de vigilancia son las dos razones por las cuales se responsabiliza al Acalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, y al abogado Julián Alcalá, representante legal de Cementerios y Servicios Funerarios Municipales Libertador C.A, empresa que administra los camposantos que se encuentran en esta jurisdicción.
“La inseguridad dentro del camposanto es cada día peor. Como no hay vigilancia esa soledad se presta para las actividades mágico-religiosas que hace esa gente que se denominan ‘paleros’, y todo lo hacen bajo la mirada complaciente de la administración del cementerio”, aseveró José Gregorio Ochoa, uno de los miembros de Fundahumanos.
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En la Gaceta Oficial Nº 40.358 de fecha 18 de febrero de 2014, citada en la carta, se explica que: los municipios están en la obligación de mantener, preservar y conservar en buen estado los cementerios públicos y municipales, prestando vigilancia adecuada las veinticuatro horas del día en sus instalaciones. Igual obligación corresponde al municipio en relación a las obras de arte, monumentos, panteones y mausoleos considerados como patrimonio histórico o cultural por la autoridad competente en esa materia. El incumplimiento de esta disposición acarrea responsabilidad civil y administrativa.
“El presupuesto que le dan a la administración de la que está a cargo el abogado Julián Alcalá, es de Bs. 107.000.000 al año, tenemos información de que al menos eso fue lo que le dieron en el 2015. Tanto dinero y no lo invierten en el mantenimiento del camposanto”, sostuvo Ochoa.
José Gregorio, junto con otros integrantes de Fundahumanos, exigió que se asigne lo más pronto posible a un fiscal para comenzar la investigación. “Queremos que se cumpla la ley. Desde el Ministerio Público quedaron en citarnos a declarar, pero no nos dieron fecha”, enfatizó.
Fotos: Cheché Díaz y Charlie Barrera
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