Exasesora de Pdvsa cuestiona a la Procuraduría por ocultar informes sobre arbitrajes

La también exmagistrada y suegra del exministro Ramírez, Hildegard Rondón de Sansó, señaló que las demandas en el sector minero son más onerosas que las petroleras.

Caracas. La exasesora legal de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y exmagistrada, Hildergad Rondón de Sansó, objetó a la Procuraduría General de la República por ocultar información acerca de las arbitrajes internacionales.

En el foro “Presente y Futuro de la Industria Petrolera” que organizó la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, señaló que “es muy difícil que la Procuraduría y los bufetes informen de los casos que están pendientes ante organismos arbitrales, pero indudablemente se trata de muchos. Hay pendientes entre 10 y 15 casos en el sector petrolero, la suma de esas demandas es enorme”.

Y agregó que “la situación en minería es mayor, las cantidades son más onerosas que en el área petrolera”.

Las firmas económicas han estimado que por las nacionalizaciones en diferentes áreas, la República debe cancelar más de 10 millardos de dólares.

Rondón de Sansó al salir del foro no quiso responder preguntas para aclarar los puntos señalados acerca de las demandas. La exasesora es suegra del exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, quien ha sido acusado por la Fiscalía de desfalco con la manipulación de los precios del crudo, entre otras irregularidades.

Durante la presentación —que se centró más en explicar el tema de los arbitrajes— solamente hizo mención al caso de Exxon Mobil, que introdujo una demanda en 2008, y dijo que esa petrolera se comportó como una “caperucita holandesa”, dado que sus inversiones se registraron como una empresa holandesa.

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En el evento, el abogado Juan Cristóbal Carmona destacó que las normativas creadas por Pdvsa para la conformación de la Empresa Nacional Aurífera incumplen con la Constitución.

En 2013 la petrolera conformó la empresa y meses después decidió que en dicha compañía el Banco Central de Venezuela tendría participación, con lo cual se saldaba parte de la deuda que tenía la industria con el ente emisor. Pero dicha transferencia no se debía haber realizado.

Aunque con el tiempo —destacó el jurista— las autoridades hicieron ajustes legales para permitir dichos traspasos, hubo incumplimientos a la Carta Magna.

Foto: Francisco Bruzco


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