La falta de alimentos y medicinas que sufren los venezolanos alarmó en la ONU

Salud

Unos 14 países le reclamaron al Gobierno información sobre lo que está haciendo para resolver la situación y uno lo instó a aceptar la ayuda ofrecida por otros estados y organismos a fin de evitar efectos irreversibles en la población.

Ginebra/Suiza. Los esfuerzos del Gobierno por negar la gravedad de la escasez de alimentos y medicinas que padece Venezuela han caído en saco roto. Al menos esa es la sensación que dejó la primera sesión del II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU) a la que fue sometido el país esta mañana, pues 14 países le expresaron a la delegación encabezada por la canciller Delcy Rodríguez su preocupación por la información que manejaban y le solicitaron tomar medidas para resolverla.

Sin embargo, lo llamativo de lo ocurrido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue que no solo países desarrollados como Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia o Suecia manifestaron su alarma por la situación que obliga a millones de ciudadanos a hacer colas, de hasta ocho horas, para adquirir desde harina de maíz hasta papel de baño, sino que incluso aliados del gobierno de Nicolás Maduro, como Corea del Norte o Bangladesh, también lo hicieron, aunque de manera muy diplomática.

El representante del régimen de Pyongyang instó a sus pares venezolanos a que “impulsen la producción nacional de alimentos” por distintas vías, incluyendo los cultivos urbanos. A lo largo de la década de los 90, el país asiático sufrió una serie de hambrunas que, según reconocieron sus autoridades en 2001, dejaron unos 250.000 muertos.

La intervención de Corea del Norte echó por tierra la tesis de Rodríguez, en donde la evaluación de Venezuela sería una confrontación entre “fracasados [quienes apoyan el capitalismo] y militantes de la vida [por aquellos que impulsan modelos alternativos]”.

Más duro fue el representante de Suecia, quien expresó su preocupación porque el país pueda vivir una situación de “hambruna” e instó al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto, en especial para proteger a los niños de los efectos de la crisis, no sin antes advertir que las consecuencias sobre los más pequeños pueden “volverse irreversibles”.

Finalmente, Canadá pidió a las autoridades aceptar las ofertas de ayuda internacional para atender la situación y evitar que se agrave.

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Culpa de otros

Los funcionarios venezolanos, por su parte, reconocieron la existencia del desabastecimiento, pero como ya lo vienen haciendo dentro del país lo achacaron a “la guerra económica” que empresarios y opositores tienen en su contra, así como al “cerco económico” impuesto por “las potencias imperiales”.

“Durante este año se han registrado fallas puntuales y alternas en el suministro de algunos medicamentos, pero es por el cerco económico”, soltó la ministra de Salud, Luisana Melo, quien aseveró que su despacho “garantiza de forma totalmente gratuita 230 medicamentos de alto costo, beneficiando a 780.000 personas”.

Gremios farmacéuticos y médicos han asegurado que la escasez de medicinas supera 80 % y por ello en el transcurso del año se han registrado distintas manifestaciones de pacientes exigiendo que se les garantice su derecho a la salud.

La ministra de la Mujer, Blanca Eeckhout, añadió en el Consejo que en 2019 la pobreza extrema será erradicada.

Otro país

La inseguridad y la crisis carcelaria fueron otro de los asuntos más abordados en el EPU. Más de una veintena de países le solicitaron a las autoridades información sobre sus planes para resolver ambas situaciones.

El viceministro del Interior, Hanthony Rafael Coello, sorprendió a propios y extraños al afirmar que el número de muertes por culpa del hampa viene cayendo. “La tasa de homicidios en el período 2012 a 2015 ha experimentado una tendencia a la baja. Según el Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana, en 2012 estaba en 55 homicidios por cada 100.000 mientras que en 2015 se situó en 51 por cada 100.000 habitantes, siendo la mayoría ajustes de cuentas”.

Los datos aportados por el funcionario contrastan con los que en julio del año pasado ofreció la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a otra instancia de la ONU y donde reconoció que el índice de homicidios en 2014 cerró en 62 por cada 100.000 habitantes. Por su parte, en mayo de este año reveló que 4.696 venezolanos fueron asesinados en el primer trimestre de 2016, cifra que es 6,8 % superior a la del mismo período del año anterior, cuando se registraron 4.393 homicidios.

En la misma tónica se presentó la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien aseguró haber acabado con el hacinamiento carcelario. Esto a pesar de que en los calabozos policiales hay más de 30.000 detenidos, en palabras del defensor del Pueblo, Tarek William Saab.

Foto referencial: Cristian Hernández


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