Para Luisa Ortega Díaz, el caso de los 38 jóvenes detenidos en Margarita por participar en las protestas y cuya liberación no se hizo efectiva, pese a que su despacho decidió no imputarlos, es una de las situaciones “anómalas” que se deben revisar.
Caracas. Tras afirmar que “la política no debe conducirnos a la guerra”, pues esta es “el ejercicio del diálogo y de la negociación”, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, exigió este martes al chavismo y a la oposición “bajar el tono de la confrontación” y retomar el diálogo.
“Todos deben bajar el tono de la confrontación y elevar las discusiones de nivel. Deben dejar de utilizar descalificaciones, deshumanizaciones del otro por solo pensar distinto. Discursos racistas, xenófobos y descalificaciones no nos van a llevar a ningún lado”, afirmó la jefa del Ministerio Público (MP), luego de informar que durante las tres semanas de protestas que han sacudido al país, 26 personas han muerto, 437 han resultado lesionadas y 1289 han sido detenidas, de las cuales hasta ahora 65 han sido enviadas a prisión provisional mientras se les investiga.
Para evitar que la situación degenere en hechos de violencia más graves e incluso en una guerra fratricida, Ortega Díaz llamó a la dirigencia política a sentarse nuevamente en una misma mesa a dialogar, pero eso sí, con unas condiciones distintas al proceso que se desarrolló el año pasado.
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“Requerimos volver al diálogo, con interlocutores válidos y con poder de decisión, para construir una agenda de acuerdos que permitan salidas democráticas e institucionales que resguarden al Estado de Derecho”, afirmó, al tiempo que agregó: “Nadie desea para nuestro país, y menos la que les habla, un escenario de confrontación bélica, una guerra civil y mucho menos una injerencia extranjera (…) la paz no se decreta, se construye con actuaciones, con ejemplos y con el predicar con el ejemplo (…) Debemos dejar de vernos como enemigos, urge curar a nuestra sociedad para que podamos brindar un mejor futuro a nuestros hijos”.
Este pronunciamiento de la fiscal generó mucha expectativa, pues es el segundo que se produce tras que el hizo el 31 de marzo, cuando afirmó que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional (AN) habían supuesto una “ruptura del orden constitucional”.
Mensajes a García
Ortega Díaz aprovechó su intervención, en la cual no aceptó preguntas a ningún periodista, para enviar algunos mensajes. Así, por ejemplo, al referirse al caso de los disturbios y saqueos ocurridos el pasado día 20 en El Valle, afirmó: “Cualquier hecho que atente contra la paz y tranquilidad del pueblo va a ser investigado por el Ministerio Público. Lo va investigar el Ministerio Público que es el que tiene la titularidad de la acción penal”.
Estas palabras fueron interpretadas como un mensaje al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Procuraduría General de la República, organismos que en los últimos meses han asumido algunas de sus tareas, tales como citar a dirigentes opositores en el marco de supuestas investigaciones.
El caso de los 38 jóvenes que fueron detenidos en Margarita por protestar y cuya liberación su despacho pidió, pero no le fue concedida por los jueces, le sirvió para cuestionar la actuación tanto del Poder Judicial como de los organismos de seguridad.
“En este caso nos encontramos con una situación anómala, por cuanto el Cicpc [Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas] fue quien trasladó a los aprehendidos, pero no conoce de la circunstancia que produjo tal actuación, porque los detuvo la Guardia Nacional y se los entregó (…) el Cicpc solamente transcribió la identidad de los aprehendidos [en el acta policial], pero no narró las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron aprehendidas las personas. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál era la conducta que desarrolló la persona para aprehenderla? (…) entonces es difícil para el Fiscal investigar, determinar cuál es el delito que cometió una persona si no se lo describe en el acta policial (…) Esto impide imputar delitos por carencia de la más mínima información”, explicó.
Por último, le salió al paso a quienes desde el oficialismo le han pedido actuar contra los cierres de vías y recordó que eso no es asunto suyo. “El orden público corresponde a otros organismos, cuando hay situaciones de calle, obstáculos en la vía, corresponde a los órganos de seguridad ciudadana actuar y no al Ministerio Público”.
Fotos: referencial / Francisco Bruzco
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