Luisa Ortega Díaz acusa a los jueces de ser débiles por consentir que el Sebin no libere a las personas cuya excarcelación ha ordenado y que el Ministerio del Servicio Penitenciario traslade a los presos sin sus autorizaciones.
Caracas. Un “Estado de amenaza permanente”. Eso es lo que es hoy Venezuela, según la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien sustentó su afirmación en las denuncias de discriminación que su despacho ha recibido sobre los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
“La gente no quiere que la extorsionen con las bolsas Clap porque nosotros tenemos denuncias en el Ministerio Público de personas que las obligan a firmar para determinados eventos y si no lo hacen, no van a recibir las bolsas Clap, los amenazan con quitarles el carnet de la Patria, los servicios de las misiones o los beneficios que hayan obtenido del Estado, beneficios que fueron otorgados y conquistados por el presidente [Hugo] Chávez. Tenemos un conjunto de denuncias preocupantes y yo como mujer me preocupo porque eso es como una esclavitud (…) someter a las personas a que si no hacen tal y cual acción, te voy a castigar, una amenaza, un Estado de amenaza permanente”, afirmó en una entrevista televisiva la funcionaria.
Pese a que no precisó el número de casos que su despacho investiga, Ortega Díaz hizo un llamado a la reinstitucionalización y recomposición del Estado.
“El Estado lo que necesita es que haya orden. La gente lo que quiere es que haya orden, seguridad, decencia. La gente está cansada de esas cosas anormales que no permiten que el Estado funcione y avance”, dijo la jefa del Ministerio Público, quien responsabilizó de esta situación al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al cual acusó de fomentar la impunidad al ponerle obstáculos para procesar a uniformados, como los generales Antonio Benavides y Gustavo González López, excomandante de la Guardia Nacional y director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), respectivamente; señalados de violar los Derechos Humanos durante la actual ola de protestas.
Dardos a la justicia
Ortega Díaz cuestionó el rol del Poder Judicial, pero no por pretender procesarla a ella por denunciar irregularidades en las designaciones de los magistrados del TSJ hechas en diciembre de 2015, sino por tolerar determinadas irregularidades, como que el diputado regional Wilmer Azuaje o los 14 agentes de la Policía de Chacao señalados de participar en el asesinato del periodista Ricardo Durán, sigan presos en el Sebin, pese a que hay órdenes judiciales para excarcelarlos.
“La justicia en este país se ha venido manejando por caprichos. Hay un capricho de una persona que ha ordenado que ellos sigan privados de libertad, aún cuando hay boletas de excarcelación, eso es incomprensible (…) ¿Quién ordenó mantenernos privados de libertad? ¿Quién es el que está violando las leyes?”, soltó, al tiempo que indicó que desde su despacho pudieron hablar telefónicamente con Azuaje y este les aseguró que seguía preso, aunque la semana pasada la Sala Plena del máximo juzgado ordenó darle casa por cárcel.
Minutos antes, al ser consultada sobre el plan de emergencia judicial que el presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno, la fiscal general fustigó la labor de los jueces, de quienes dijo les “ha faltado valor” para hacer respetar sus decisiones y posición. En particular se refirió al hecho de que el Ministerio del Servicio Penitenciario traslade presos sin su permiso.
[irp posts=”61998″ name=”Experto afirma que el polígrafo puede ayudar en investigaciones penales pero no en políticas”]Asimismo, hizo votos porque esta iniciativa, la cual dijo desconocer, permita superar el retardo procesal. “Hay un alto porcentaje de audiencias que no se celebran por hechos imputables fundamentalmente a los tribunales y al Ministerio del Servicio Penitenciario, porque a los privados de libertad no los trasladan [para las audiencias]”, dijo.
Fuentes judiciales reconocieron que entre enero y junio, de cada 10 actos fijados por los jueces apenas tres se realizaron, siendo la principal causa la ausencia del juez o errores en las notificaciones por parte de los alguaciles; mientras que la segunda fue el no traslado por parte del despacho —que hasta hace solo unas semanas dirigió Iris Varela— de los imputados que están detenidos preventivamente.
En 2016, de las 35.514 audiencias de juicio diferidas, 13.655 fueron por culpa del Ministerio del Servicio Penitenciario (38,45 %) y 11.378 (32,04 %) debido a fallas del Poder Judicial, según datos del TSJ.
Por el caso del joven Gianny Scovino, Ortega Díaz dijo que se encuentra delicado de salud y reiteró que los agentes que lo golpearon brutalmente no están detenidos.
“No, no están privados de libertad. Cuando una persona comete un delito y es privada de libertad la autoridad aprehensora tiene que ponerlo inmediatamente a la orden del Ministerio Público para que este lo presente al tribunal. Esto no ha ocurrido, entonces presumimos que no están privados de libertad porque no han sido puestos a la orden del Ministerio Público”, expresó, al tiempo que indicó que tampoco había recibido información sobre las ocho órdenes de captura que solicitaron por este caso.
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