Luisa Ortega Díaz emitió un comunicado donde pidió a los dirigentes políticos que “la ponderación y sindéresis” estén presentes en todas sus decisiones; y a encausar sus demandas a través de las vías institucionales.
Caracas. Hablar, razonar y negociar. Esto es lo que deben hacer todos los policías y militares que este miércoles 19 de abril estarán en las calles velando por la seguridad de las marchas convocadas por el chavismo y la oposición; y solo en caso de que bienes o sus vidas, o las de otros, estén en riesgo podrán reprimir a los manifestantes.
Así se los recordó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien en un comunicado difundido esta mañana; tras recordarle a los organismos de seguridad del Estado que “deben garantizar el ejercicio al derecho a manifestar de manera pacífica, bajo estricto apego a los Derechos Humanos”; señaló que “los mecanismos de negociación deben agotarse antes del uso de la fuerza pública”.
Tras recordar que su despacho “está a la orden” de la ciudadanía y los actores políticos y sociales para recibir denuncias por “uso excesivo de la fuerza” y también de las autoridades para “establecer la responsabilidad penal de cualquier particular que cometa delitos durante las manifestaciones”, Ortega Díaz hizo un llamado a la reflexión.
“Me dirijo al país en mi condición de Fiscal General para exhortar a que los dirigentes políticos tomen decisiones con ponderación y sindéresis ante la compleja situación económica, política y social que atraviesa Venezuela. En este sentido, llamo a encausar nuestras demandas a través de las vías institucionales”, afirmó.
El pronunciamiento de Ortega Díaz fue saludado desde el movimiento de Derechos Humanos, donde lo calificaron de importante en la actual coyuntura.
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“Las normas que están establecidas en la Ley de Policía Nacional y en las normas sobre el control de manifestaciones han sido violadas flagrantemente por los funcionarios en estos días, no solo porque no han negociado sino porque han utilizado las bombas lacrimógenas con un sentido letal. Hemos visto cómo han disparado a quemarropa bombas a manifestantes y eso solo busca causar heridas”, afirmó el excoordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, quien agregó: “También hemos visto como al momento de detener a personas las han maltratado. Con todo ello se viola el artículo 68 de la Constitución”.
En las movilizaciones registradas en los últimos días se ha visto como uniformados, sin mediar palabra, han comenzado a disparar perdigones y bombas lacrimógenas contra marchistas. Al menos tres de los seis fallecidos durante estas movilizaciones son responsabilidad directa de funcionarios policiales que han hecho uso de armas de fuego en manifestaciones, según las propias cifras del Ministerio Público, el cual ha informado de la detención de tres marchantes —dos en Carabobo y uno en Miranda.
Por su parte, el diputado opositor José Manuel Olivares informó en días recientes que durante las protestas registradas desde principios de mes, unas 200 personas han resultado heridas por la acción de los cuerpos policiales. Uno de los casos más evidentes es el del periodista Román Camacho, quien aseguró que un efectivo de la Guardia Nacional le disparó una bomba lacrimógena, la cual le golpeó la pierna, fracturándosela, mientras cubría la refriega en la que concluyó la movilización del pasado 10 de abril.
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